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Cinco diputados de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) confirmaron su rechazo al proyecto que aumentaría la antigüedad máxima de los autobuses de 15 a 18 años, iniciativa impulsada por el Gobierno.
Se trata de la subjefa de la bancada, Kattia Cambronero; el jefe de fracción, Eliécer Feinzaig, y los legisladores Jorge Dengo, Johanna Obando y Luis Diego Vargas. Señalan que el plan va en detrimento de los usuarios y no es coherente con la ideología de su partido.
El único que apoya el plan de ley es Gilberto Campos, quien argumenta que la iniciativa beneficiará a pequeños autobuseros de rutas rurales.
Antes del PLP, solo los diputados del Frente Amplio se habían opuesto en bloque al proyecto de ley. En tanto, un grupo de autobuseros alega que entrará en paro técnico en este mes enero si no se aprueba el plan.
De acuerdo con datos del Consejo de Transporte Público (CTP), 113 empresas debían renovar casi 350 unidades antes del 1.° de enero del 2023 porque así lo establece la legislación vigente. No obstante, al menos 20 compañías tienen vehículos cuya vida útil venció desde hace un año.
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El expediente legislativo 22.530, presentado por el exdiputado Erwen Masís, en junio del 2021, buscaba ampliar por cinco años la vida útil de los autobuses, bajo el argumento de que se requería una protección para las empresas autobuseras por los efectos de la pandemia de covid-19.
Luego de múltiples discusiones en el Congreso, la ampliación se daría por tres años, de los 15 actuales hasta los 18, pero a pesar de que la protección supuestamente es para pequeños empresarios, también beneficiaría a compañías de mayor tamaño.
‘Fatal para los usuarios’
La principal crítica de los cinco diputados del PLP es que el plan va en detrimento de los usuarios por un servicio que ya es bastante malo, tal como lo planteó la subjefa del PLP, Kattia Cambronero.
“Desde el inicio estoy en contra. Lo hemos discutido en la fracción y hay posiciones divididas. Creo que no es a partir de disminuir la calidad de vida de los usuarios como se logra combatir los costos para los autobuseros”, dijo la congresista.
Ella alegó que se puede tomar en cuenta otros temas, como el cálculo de las tarifas, unidades de costo menor y de mejores condiciones, pero la iniciativa “es fatal para los usuarios, lo dije en la fracción desde octubre”.
Cambronero cuestionó que la iniciativa se planteó desde hace casi dos años y no es posible que no se hayan buscado alternativas.
“Nadie puede defender la calidad del transporte público en Costa Rica, porque es tan malo. Tuvieron tiempo suficiente para haber buscado otras alternativas, sobre todo el Consejo de Transporte Público (CTP), que nunca hace nada”, dijo la subjefa.
Al igual que Cambronero, Jorge Dengo refirió que su posición fue explícita en el seno del PLP desde meses atrás. “El modelo tarifario que tienen los buses les da muchas ventajas para que, a través de tarifas, tengan una ganancia suficiente para el buen mantenimiento de sus unidades”, dijo.
Añadió que es entendible plantear una ayuda a compañías pequeñas que no tienen facilidades para cambiar unidades, sobre todo cuando dan servicio en zonas rurales, pero dijo que así no está planteado el proyecto actualmente, pues ayuda a compañías más grandes.
“Desde un punto de vista ideológico, liberal, eso no me hace sentido. Esas compañías tienen que competir en el mercado y que este determine quién entra y quién sale. No es oportuno estar ayudándole a compañías grandes”, dijo.
En el caso de Johana Obando, la legisladora detalló que su oposición es por el incumplimiento de las empresas a la ley 7600, de accesibilidad para personas con discapacidad y para ello ha tenido reuniones con voceros de este sector, que se oponen a la iniciativa.
“Cuando supe del proyecto, al principio, no estaba de acuerdo y lo ratifiqué después de reunirme con Nicole Mesén (activista por los derechos de las personas con discapacidad)”, dijo Obando.
Eliécer Feinzaig manifestó que el proyecto es inconviente, tal como está planteado, aunque afirmó que resulta necesario determinar cómo se ayuda a las comunidades que se han quedado sin servicio de autobús, pero no a expensas de la calidad del servicio. Enfatizó que, tal como está la iniciativa, la votaría en contra.
Luis Diego Vargas informó, a través de su encargado de prensa, que se puede buscar una opción de menos años que permita un equilibrio financiero, a los pequeños autobuseros.
El plan se tramita en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
