EscucharDiputados de cinco partidos políticos plantearon un texto sustitutivo que autorizaría la colocación $6.000 millones en eurobonos en el mercado exterior, en los próximos cuatro años, sujetos a que el Gobierno cumpla las metas fiscales pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La nueva redacción avalaría la colocación de $1.500 millones durante el primer año. Los restantes $4.500 millones se dividirían en tres tractos anuales.
El Gobierno podría proceder con cada colocación siempre que la Contraloría General verifique que alcanzó las metas de reducción de deuda pública y pago de intereses en relación con el producto interno bruto (PIB) del año anterior, así como aumento del superávit primario. Para ello, los legisladores introdujeron el cumplimiento de indicadores fiscales entre el 2022 y 2026.
La nueva propuesta, consensuada con el Gobierno, la impulsan los diputados María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP); Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR); Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Waldo Agüero, de la bancada oficialista.
Sin embargo, se opusieron las bancadas del PLN, que aboga por autorizar solo una emisión de $1.500 millones, y del Frente Amplio (FA). Kattia Rivera, jefa de Liberación, calificó de “sumamente laxo” el nuevo texto en cuanto a condiciones y metas.
El nuevo texto pide al Gobierno terminar el 2022 con una deuda pública del 70% con relación al PIB. En junio pasado, este indicador se ubicó en un 65,8% de la producción, según informó Hacienda.
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Además, el plan propone alcanzar un superávit primario del 1% de la producción. A mediados de año, este balance era del 1,3%. El superávit primario es la diferencia entre los ingresos y gastos del Gobierno, sin incluir el pago de intereses.
Sofía Guillén, por su parte, criticó que se vinculen los eurobonos al cumplimiento de metas negociadas con el organismo internacional que, de por sí, el Poder Ejecutivo debe de cumplir. Además, lamentó que no se hayan incluido metas sobre el fraude fiscal.
La diputada socialcristiana María Marta Carballo sostuvo que los topes establecidos para el 2022 son reales, dado que el país está fiscalmente “muy comprometido y viene saliendo de una crisis”. “Si se observa, en los años siguientes las metas deben ir progresando”, explicó.
Para el 2023, la deuda pública deberá bajar al 68,2% de la producción y, para el 2026, al 63,55%.
En cuanto al superávit primario, este debe subir del 1,15% del PIB en el 2023 al 2,45% en el 2026.
Y el pago de los intereses de la deuda pública debe bajar del 5,1% de la producción al 4,3% en el mismo periodo.
El Gobierno tendría, incluso, un rango de tolerancia de 0,025 puntos porcentuales, hacia arriba o hacia abajo, para dar por cumplidas las metas, según el nuevo texto.
Además de la verificación de la CGR, los diputados de la comisión de Hacendarios deberán analizar un informe que les debe remitir Hacienda, para luego notificar al plenario, a más tardar en 30 días hábiles, sobre el cumplimiento o incumplimiento del Gobierno.
Este procedimiento se deberá realizar previo a la colocación de cada $1.500 millones.
El diputado Campos justificó que, este texto, se construyó con insumos puestos sobre la mesa desde el inicio de la discusión de eurobonos, meses atrás. Detalló que al plantear metas de superávit primario, se habla del desempeño tributario (ingresos), contención del gasto, estrategia de endeudamiento y control de evasión fiscal.
“Es impreciso señalar que se eliminó (de la redacción) la lucha contra el fraude fiscal haciendo parecer que nosotros estamos contra la lucha del fraude fiscal, cuando el Partido Liberal Progresista está completamente a favor”, expuso.
La discusión sobre el nuevo texto quedó abierta en la comisión de Económicos. Antes, el foro rechazó dos propuestas que autorizaban solo una misión de $1.500 millones en eurobonos. Una fue presentada por el PLP y el PLN; y la segunda solo por el PLN.
