EscucharLa Defensoría de los Habitantes expresó este martes preocupación por el límite presupuestario impuesto por el gobierno a cinco ministerios clave, para el 2025, porque recibirán menos dinero del que percibieron en el 2019, año previo a la pandemia.
Según un análisis hecho por la Defensoría, las siguientes restricciones amenazan con violentar derechos humanos de la población que requiere servicios públicos:
-El Ministerio de Educación Pública (MEP) recibirá un 5% menos que en el 2019.
-El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) deberá trabajar con un 18% menos
-El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) tendrá un 55% menos
-El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) percibirá una disminución del 61%
-El Ministerio de Salud tendrá que prestar sus servicios con un 73% menos
Según denunció la Defensoría, estos fuertes recortes violentan lo establecido por la Sala Constitucional mediante la resolución 19511-2018, en el que se estudió la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
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En esa sentencia, los magistrados expusieron que la ley 9635 contempló, en su artículo 23, que el presupuesto debe garantizar “el efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden financiar y el principio de progresividad de los derechos humanos”.
A esto se suma que el artículo 24 estableció que la asignación presupuestaria no puede ser inferior al presupuesto que estaba vigente en el momento de aprobación de la ley, es decir, el de 2019. Por tanto, la Defensoría advirtió de que asignar límites inferiores a los del 2019 violenta tanto la ley como el fallo de la Sala IV.
Incluso, el órgano defensor consideró que el gobierno tiene la potestad de asignar el mismo monto del 2019, aunque esto signifique una pérdida de valor real por la depreciación de la moneda.
“Pese a lo anterior, la Defensoría ha detectado que al menos cinco ministerios, que tienen a cargo políticas prioritarias, estarían viendo reducida la asignación presupuestaria. Estos son los primeros resultados del trabajo para determinar cuáles son las principales afectaciones a los derechos humanos fundamentales, investigación que se inició con un análisis el Presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública para el año 2025″, explicó el órgano defensor.
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La Defensoría recordó que la Sala Constitucional ha intervenido anteriormente en casos concretos, en los que se violentan los límites establecidos por la ley y la Carta Magna.
Tal fue el caso del giro de dinero al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para costear programas sociales como las Becas Avancemos y la Red de Cuido.
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“Es igualmente factible evaluar la constitucionalidad de un presupuesto, cuando se evidencia el vaciamiento de algún derecho fundamental o la imposibilidad de cumplir la misión constitucional, posibilidad que se analiza en el tema educación”, insistió el órgano defensor.
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