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Luego de un debate de menos de dos horas, 52 diputados aprobaron de forma unánime un informe legislativo que responsabiliza a la exjerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Guiselle Cruz, y la ex viceministra Melania Brenes por la aplicación de un polémico cuestionario de las pruebas FARO que solicitó datos sensibles a escolares.
Dicha investigación, realizada por los anteriores diputados de la Comisión sobre el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, se centró en el formulario de Factores Asociados al que se sometió, por varias horas, a 70.000 estudiantes de quinto grado que debieron responder 600 preguntas, varias de ellas sobre información socioeconómica de sus hogares.
El informe de 120 páginas aprobado este miércoles recomienda al plenario del Congreso enviar una copia fiel del expediente al Ministerio Público, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab). De hecho, ya la Fiscalía abrió en noviembre pasado una investigación, luego de recibir cuatro denuncias.
También solicita a la Contraloría General de la República investigar las “presuntas irregularidades de los funcionarios públicos involucrados” en la contratación y aplicación de las pruebas, así como eventuales sanciones, tales como destituciones o inhabilitaciones.
En el caso de la PEP, el informe solicita determinar si las actuaciones de los funcionarios responsables de las pruebas para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) constituyen faltas a la ética o violaciones al deber de probidad, así como remitir recomendaciones pertinentes desde lo administrativo y lo penal.
A la Prodhab se le solicita indagar, desde la Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, si hubo un incumplimiento de la normativa sobre protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, así como revisar las medidas para evitar que se repitan los errores del polémico caso.
Entre los principales responsables por la aplicación indebida de ese cuestionario, los diputados concluyeron que son Cruz, Brenes y Pablo Mena, entonces director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) del MEP, así como de Florlenis Chéves y los funcionarios de Diagnóstico de Factores Asociados y Logística del Departamento de Evaluación Académica y Certificación (DEAC).
A criterio de la comisión investigadora, la elaboración del cuestionario de factores asociados no tuvo un proceso de asesoría legal ni psicológica, para determinar si había faltas a la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, ni si implicaba “amenazas psicológicas” a los estudiantes.
Adicionalmente, los congresistas reprocharon que las autoridades del MEP alegaran desconocimiento o eludieran responsabilidades. “Es fácil distinguir que, con intención dolosa, por negligencia o incumplimiento de deberes, la formulación de esos cuestionarios fue inconstitucional y su aplicación contraria a nuestra legislación vigente y poco ética”, señala el informe.
Las pruebas FARO, implementadas por la anterior administración de Carlos Alvarado y que se aplicaron por primera vez en el 2021 a escolares y colegiales, fueron eliminadas por el actual gobierno.
