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Los diputados aprobaron, este miércoles, el informe de una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa que solicita al Ministerio Público apurar las pesquisas judiciales sobre las compras irregulares de mascarillas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El informe, elaborado por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, urge a la Fiscalía determinar principalmente las responsabilidades penales del exgerente de Logística de la Caja, Luis Fernando Porras, quien renunció en octubre del año pasado, tras permanecer suspendido un año con goce de salario.
La investigación política también pide a la Contraloría General de la República abrir procedimientos administrativos por la compra de mascarillas, guantes, batas y otros dispositivos a proveedores inexpertos, junto con el pago de $1,3 millones a una empresa por tapabocas inservibles.
La petición de los diputados anteriores, avalada por 53 parlamentarios actuales en el plenario, es que se valore la inhabilitación de los funcionarios públicos involucrados en las irregularidades.
Además, el documento plantea que se precise si las actuaciones de los funcionarios representan delitos contra la hacienda pública.
Para Eliécer Feinzaig, jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), las recomendaciones son “tímidas” y consideró que se tenía que haber determinado la responsabilidad política de la “porquería que hicieron en la CCSS aprovechándose de la pandemia”.
Feinzaig enfatizó que el entonces presidente de la CCSS, Román Macaya, no es mencionado dentro de las recomendaciones sobre responsabilidades por esas compras irregulares.
El informe legislativo señala que Porras, como gerente de Logística de la Caja, omitió lineamientos de control interno y los manuales de puestos para colocar a su asesor, Hans Vindas, y a otra funcionaria, Sherry Alfaro, al frente de las compras de emergencia por la pandemia de covid-19.
Los congresistas también determinaron que se afectó la seguridad social al suprimir el pago de garantías de cumplimiento de parte de los proveedores de los dispositivos médicos.
El expediente legislativo también solicita aceerar los procesos judiciales contra Hans Vindas y Juan José Acuña, funcionario de la Gerencia Financiera de la Caja que gestionó el pago por adelantado de $1,3 millones a la empresa MR Comunicaciones Políticas.
A esta compañía, propiedad de la periodista Miren Martínez, se le compraron 570.000 respiradores de filtrantes KN-95 que no cumplían con las especificaciones técnicas, por ser de uso no médico y que se embodegaron sin utilizarse.
El documento aprobado pide incluir en las investigaciones judiciales a oferentes como David Landergreen Castro, Rebeca Fernández Cordero y Miren Martínes Ruiz, quienes recibieron contratos por varios millones de dólares durante la pandemia.
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