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Una cuarta parte del dinero que el Gobierno gasta anualmente en pensiones se queda en manos de un reducido grupo de jubilados, quienes reciben, al menos, ¢2 millones netos cada mes.
Un total de 5.425 pensionados consume ¢200.000 millones de los casi ¢762.000 millones que el país destina anualmente en pagar las jubilaciones de los regímenes de Gobierno, que en su mayoría son pagadas con dinero de impuestos.
Esta cantidad de personas representa apenas el 9% de los 60.900 pensionados de los regímenes cargados al Presupuesto Nacional, los cuales fueron cerrados en 1992 debido a que eran insostenibles por las ventajas que ofrecían en edad de pensión y monto de jubilación.
A esa conclusión llegó un análisis de La Nación luego de sacar un gasto promedio anual de las planillas de noviembre de 2019 y de abril y julio del 2020, incluidas en el Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (Sicere).
Este medio estimó el costo anual de las pensiones incluyendo 12 pagos mensuales y al aguinaldo; además, se restó el impuesto solidario que se lees cobra a las pensiones superiores a los ¢2.296.000.
De esos 5.425 pensionados, 66 reciben una remuneración que supera los ¢5 millones.
Otros 1.614 cobraron entre ¢3 millones y ¢5 millones, mientras que los restantes 3.745 recibieron de ¢2 millones a ¢3 millones.
Todas esas jubilaciones superan los ¢1,7 millones, la pensión más alta del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, al que pertenece la mayoría de cotizantes del país.
Segundo grupo
Existe un segundo grupo, mucho más grande, donde está un 27% de los pensionados con cargo al Presupuesto Nacional, que son quienes reciben una jubilación de entre ¢1 y ¢3 millones.
Ahí se ubican 16.637 pensionistas e, incluso, 2.309 de ellos también gozan de un ingreso mensual neto por encima del tope máximo de los ¢1,7 millones del IVM.
Contando el primer y el segundo grupo, un total de 7.735 personas tienen una pensión superior a la máxima fijada por la CCSS. En términos relativos, se traduce en el 13% del total de jubilados por regímenes extintos, como los del Magisterio, Exdiputados y Hacienda, por citar algunos de un total de 14.
La otra cara
La gran mayoría de los jubilados, el 64%, tiene una pensión inferior a un ¢1 millón y de ese porcentaje, la mitad recibe menos de ¢500.000. En este tercer grupo se ubican los restantes 38.838 jubilados, quienes se llevan uno de cada tres colones gastado por el Gobierno para este rubro.
La pensión media en los regímenes de Gobierno ronda los ¢768.000, mientras que la pensión mínima en el IVM ronda los ¢137.000, casi seis veces menos.
Estas jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional, en términos generales, son catalogadas como de lujo porque el dinero percibido por sus beneficiarios supera, por mucho, el aporte que ellos hicieron a lo largo de su vida laboral.
Y si bien se cerraron en 1992 por ser deficitarios, el Estado debió asumir el pago, debido a que miles de personas ya habían adquirido el derecho de recibirlas.
Algunas personas se pensionaron a los 50 años, con el 100% del promedio de los últimos mejores 24 salarios.
En cambio, en el IVM, la gente se acoge al retiro a los 65 años, con el 60% del promedio de los salarios de los últimos 20 años, o sea, los últimos 240 sueldos.
Múltiples reformas
Estas disparidades entre regímenes han motivado reformas legales que buscan alcanzar una equidad. Actualmente, se discute un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para congelar las pensiones de Gobierno superiores a los ¢462.000 mensuales durante la crisis fiscal.
Según una estimación de este diario, esa medida generaría un ahorro promedio de al menos ¢84.000 millones anuales a lo largo de 10 años —equivale a un 0,23% del producto interno bruto (PIB)— si la inflación promedio fuese del 2%.
De las 60.900 pensiones que paga el Gobierno, casi 43.900 superan ese umbral y se verían congeladas de avanzar la iniciativa en el Congreso.
LEA MÁS: Proyecto para congelar pensiones de Gobierno ahorraría más de ¢84.000 millones anuales
En el plenario legislativo también hay una propuesta que pretende cerrar los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional y trasladar al IVM a los funcionarios públicos que aún podrían pensionarse con alguno de esos sistemas de pensiones.
Ese traslado le ahorraría al Gobierno más de ¢115.000 millones en nueve años, según un cálculo actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).
Sumado a eso, en julio del año pasado entró a regir el impuesto solidario a las pensiones de lujo superiores a los ¢2.296.000, que se mencionó al principio de este artículo.
Esa medida se ejecutó tanto para los pensionistas que costea el Poder Ejecutivo, a través de la DNP del Ministerio de Trabajo, como para los de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.
La aplicación de ese tributo solo a la planilla de 60.900 pensionados del Estado, significa un ahorro de ¢25.000 millones anuales, de acuerdo con un cálculo de este medio, pues había jubilados con remuneraciones mensuales de hasta ¢15,3 millones.
