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Hasta hoy, 60 de los actuales 81 alcaldes aspiran a reelegirse en las elecciones municipales del próximo 2 de febrero del 2020.
De ese grupo, 36 competirán bajo la bandera del Partido Liberación Nacional (PLN), 12 por la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuatro por la del Partido Acción Ciudadana (PAC) y dos por la del Partido Nueva Generación (PNG).
La lista la completan un aspirante con la divisa del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), otro por la del Frente Amplio, tres más por partidos cantonales y uno más por una coalición local.
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Entre los interesados, figuran cinco alcaldes que pretenden un quinto periodo consecutivo desde el 2002, año en que se realizaron las primeras elecciones municipales.
Ellos son los liberacionistas Johnny Araya, de San José; Alfredo Córdoba, de San Carlos; Pedro Rojas, de Sarapiquí; y Gerardo Fuentes, de Guácimo. El grupo lo completa el socialcristiano Wilberth Aguilar Gatjens, actual alcalde de Atenas.
De ganar los comicios del 2020, ellos podrían completar 22 años al frente de sus municipalidades si culminan ese mandato.
El periodo de los gobiernos locales dura cuatro años, sin embargo, el iniciado en el 2010 se prolongó por seis años para separar, por ley, las elecciones municipales de las nacionales, a partir del 2016.
En el caso de Araya, sus periodos tienen un par de asteriscos. En el 2013 renunció al cargo como máximo jefe de la municipalidad josefina para aspirar, infructuosamente, a la presidencia de la República en las elecciones nacionales del 2014.
Luego, en el 2016, volvió a la comuna al ganar la elección con la agrupación cantonal Alianza por San José y, en el 2017, retornó a las filas de Liberación.
El pasado miércoles, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hizo la convocatoria oficial a elecciones municipales y desde ese día y hasta el 18 de octubre, los partidos políticos deberán inscribir candidaturas.
En la misma lista existe otro grupo de nueve alcaldes que aspiran a un cuarto mandato y que, de ganar, les concederían 18 años al frente de sus municipios. Seis de ellos pertenecen al PLN, dos al PUSC y otro al PRSC.
Ocho más del PLN pretenden un tercer mandato, lo mismo que uno del PAC, uno del PNG y otro de Auténtico Limonense.
Con causas pendientes
Otro grupo que figura en la lista de quienes pretenden reelegirse son los indagados por la justicia por diferentes denuncias. A la fecha, se confirman cuatro.
Néstor Mattis Williams, actual alcalde de Limón, tiene cinco causas abiertas en el Ministerio Público. Él pretende un tercer periodo por el partido cantonal Auténtico Limonense.
Cuatro de sus causas, una por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito y tres por aparente malversación de fondos, se encuentran en etapa de investigación.
Una quinta, por presunta malversación, está en etapa de acusación y solicitud de apertura a juicio, confirmó el Ministerio Público.
La Nación le consultó al alcalde de Limón sobre sus motivaciones.
Aduce que el cantón tiene proyectos de infraestructura que debe continuar desarrollando, como la transformación de vías de lastre a asfalto y la construcción de puentes que hoy son de hamacas, por mencionar algunos.
Además, asegura que la municipalidad debe asumir su propio rol para afrontar los problemas de desempleo en la localidad.
Sobre las indagaciones en curso respondió: “¿Hay algún impedimento en la ley? Si no hay un impedimento en la ley no sé a qué viene la pregunta”.
En tanto, el liberacionista Rolando Rodríguez, alcalde de Cartago, quien pretende un cuarto periodo en fila, tiene una denuncia por violación.
Por su parte, el alcalde de Guácimo, Limón, tiene tres causas abiertas que están en etapa de investigación, confirmó el Ministerio Público. Una es por supuesto tráfico de influencias en el ejercicio de su cargo. Por este asunto, Gerardo Fuentes González estuvo suspendido de su puesto por seis meses, entre enero y julio de este año.
Otra es por aparente apoderamiento ilegal de objeto arqueológico y una tercera por presunta explotación ilegal de madera.
La Nación intentó contactar a Fuentes. Sin embargo, no fue posible.
En San José, Johnny Araya tiene pendiente un juicio en su contra por presunto tráfico de influencias. Además, tiene otras tres investigaciones judiciales por aparente incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y peculado, respectivamente.
Araya asevera que, en su caso, cada vez que se aproxima una campaña electoral municipal se presentan denuncias de diferente índole en su contra. Considera que esta es "una lamentable práctica de la política”.
“Si revisan procesos anteriores, verán que el fenómeno se repite. En otros procesos electorales tanto municipales como presidenciales he sufrido este tipo de ataques.
“Tengo más de 25 años de ser funcionario público y nunca ha pesado sobre mi ninguna condena judicial. He actuado con honestidad y transparencia y así lo han reconocido los ciudadanos que me han reelegido en varias ovaciones”, respondió el alcalde josefino.
Vuelve al ruedo electoral
Otro aspirante con polémica es el verdiblanco Elvis Lawson Villafuerte, de Matina, Limón, quien vuelve a la contienda electoral tras cumplir dos años de prohibición en la función pública.
La sanción administrativa en su contra fue establecida en el 2016 por la Contraloría General de la República (CGR), por no presentar a tiempo, según el ente contralor, el presupuesto municipal para el 2013 mientras él fungía como alcalde de su cantón.
En el 2016, la CGR pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que le suspendiera a Lawson la credencial de alcalde, hecho que se concreto en setiembre del 2017. Cumplida su prohibición, él aspira a ganar una elección local por tercera ocasión consecutiva.
