EscucharOcho diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) retiraron sus firmas a un proyecto de ley presentado por su compañera de fracción, Carolina Delgado, el cual busca postergar por un año la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública.
Esta norma, que traería más transparencia en las compras públicas, entrará a regir el próximo 1.° de diciembre. La semana pasada, Delgado consiguió 32 firmas para plantear una moratoria que recibió impulso del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien la convocó en la agenda legislativa.
No obstante, ahora retiraron las firmas Danny Vargas, Sonia Rojas, Alejandra Larios, Pedro Rojas, Óscar Izquierdo, Francisco Nicolás, Paulina Ramírez y Luis Fernando Mendoza.
Según los congresistas, la propuesta no tiene sentido luego de que la jefa de fracción oficialista, la diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), manifestó a un medio de comunicación que el Gobierno sí está listo para cumplir con esta ley, cuyo reglamento debe estar listo el 1.° de diciembre.
Esas declaraciones las dio al programa radiofónico Nuestra Voz, en radio Monumental, la mañana de este lunes.
“Yo quiero dejar una cosa muy clara, el Ministerio de Hacienda ha tenido el reglamento a tiempo y en forma exactamente como lo manda la Ley, no son instituciones de Gobierno o autónomas las que tienen problema porque han venido usando SICOP. Según lo que tengo entendido, hay entidades que no están preparadas, las juntas de educación, algunas municipalidades”, indicó Cisneros.
La ley se aprobó en mayo del 2021 y, en el texto, se abrió un periodo de 18 meses para que el Ministerio de Hacienda confeccionara los reglamentos tarifarios y de operación del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), pues se ordena a todas las instituciones hacer sus contrataciones mediante este mecanismo digital.
Según la Contraloría General, la aplicación de esta ley ahorraría ¢587.000 millones anuales para el Estado, al obligar a las instituciones a utilizar la plataforma digital única.
Además, se elimina la contratación directa, que es el método con menos acceso y controles en las compras del Estado. Una tercera parte de las contrataciones se hace por esa vía, lo que la Contraloría considera un abuso.
