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Ocho diputados expulsados del PPSD denunciaron a su compañera Luz Mary Alpízar ante el Tribunal de Ética del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Alpízar es la presidenta del PPSD y, en el ejercicio de este cargo, participó en la decisión del Comité Ejecutivo de retirar la militancia a nueve diputados (incluidos los ocho que la denunciaron) por expresar su apoyo público a otra agrupación política, de nombre Aquí Costa Rica Manda (ACRM).
La denuncia contra la jerarca de Progreso la presentaron Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Paola Nájera, Jorge Rojas, Ada Acuña, Alexander Barrantes, Manuel Morales y Waldo Agüero. La única que no firmó es María Marta Padilla.
Los ocho legisladores le atribuyen a Alpízar y al Comité Ejecutivo del PPSD “atribuirse funciones que no les corresponden según los estatutos y los reglamentos internos”, así como “ignorar flagrantemente los debidos procesos contemplados en el estatuto para sancionar a un militante partidario”.
Asimismo, piden al Tribunal de Ética de Progreso una investigación contra Alpízar por su voto decisivo en el resello de la Ley 23581, para sacar a Costa Rica de la lista negra de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea (UE). El presidente de la República, Rodrigo Chaves, había vetado parcialmente el proyecto.
El voto de Alpízar fue vital para que la oposición alcanzara los 38 votos necesarios para rechazar el veto y resellar. Por ese voto, la diputada Pilar Cisneros llamó traidora a su presidenta partidaria.
“La diputada Alpízar se apartó de la línea de la fracción oficialista y del Gobierno sin manifestar a sus compañeros ni la más mínima duda sobre la línea de acción acordada previamente en múltiples reuniones de la fracción oficialista”, argumentaron los diputados.
El lunes, el Comité Ejecutivo de PPSD expulsó a los legisladores al considerar que incurrían en “doble militancia” por el apoyo público que hicieron el 5 de agosto a ACRM.
El Comité Ejecutivo del PPSD consideró que ese anuncio público de los nueve diputados es una “renuncia tácita” a la agrupación mediante la cual fueron elegidos.
Primeramente, la Asamblea Nacional del partido había solicitado la renuncia a los legisladores el 24 de setiembre, pero, como no lo hicieron, el Comité procedió con la expulsión, para lo cual recurrió a una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la que se indica que, ante evidencias claras de doble militancia, no se requiere de debido proceso para tomar una decisión.
Ahora, estos ocho legisladores apelaron y solicitaron la nulidad absoluta del acuerdo que los expulsa como militantes del PPSD al considerar que el Comité Ejecutivo y la Asamblea Nacional actuaron “sin ningún fundamento reglamentario ni estatutario”, dice una nota de prensa de la fracción oficialista en la Asamblea Legislativa.
La presidenta de PPSD, la diputada Luz Mary Alpízar, consideró un “descaro” que los nueve diputados traten de mantenerse en Progreso “cuando realmente su voluntad pública y notoria ha sido otra”, al tiempo que informó que a cada órgano del partido le tocará analizar el recurso de los legisladores y seguir los procesos que corresponden.
La expulsión del PPSD dejaría a los diputados oficialistas sin pertenecer a ninguna bancada, con lo cual pierden privilegios, entre ellos, los asesores de fracción legislativa.
