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Nueve instituciones autónomas y descentralizadas planean triplicar en el 2017 sus gastos en la contratación de consultores externos.
Mientras que en el 2016 estas entidades destinaron, en conjunto, ¢5.270 millones para ese rubro, el año entrante pretenden invertir ¢18.816 millones, o sea, ¢13.546 millones más.
Dicho incremento fue detectado por el despacho del diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), quien lo califica como superfluo e injustificado ante la delicada situación fiscal que atraviesa el país.
Su oficina revisó los presupuestos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
También analizó datos del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
De todas ellas, el INA es la entidad que más incrementó los fondos para consultorías, los cuales están incluidos en la partida de “servicios en ciencias económicas y sociales”.
Su presupuesto crecerá de ¢444 millones en el 2016 a ¢7.210 millones en el 2017.
Por su parte, el IAFA es la segunda institución que subirá más ese gasto al pasar de ¢274 millones este año a ¢2.291 millones para el entrante. En tercer lugar aparece el AyA, cuya partida aumentará de ¢425 millones a ¢1.232 millones.
Promesa. En febrero del 2014, durante la campaña electoral, el ahora presidente de la República, Luis Guillermo Solís, consideró posible recortar hasta ¢50.000 millones de gastos duplicados y consultorías innecesarias del Presupuesto Nacional para atacar el problema fiscal.
No obstante, el diputado Redondo asegura que esa promesa no se ha cumplido.
Más bien, aseguró que el Gobierno no ha querido apoyar un proyecto que presentó, en junio del 2014, en el Congreso para que la Ministerio de Hacienda asuma la tarea de aprobar los presupuestos de las instituciones.
Dicha iniciativa, que también obligaría a esas entidades a seguir los lineamientos presupuestarios del Gobierno Central, se encuentra atorada en la comisión de Asuntos Jurídicos.
“Hay autónomas que se comportan como hijas desobedientes del Poder Ejecutivo y siguen haciendo lo que les da la gana en materia de gasto”, afirmó.
El monto conjunto que las nueve entidades estudiadas previeron para consultorías equivale al 59% de los ¢32.000 millones que el Gobierno Central (Presidencia y ministerios) destinó en el 2016 para la partida de servicios de gestión y apoyo, la cual incluye el pago de consultores.
El Poder Ejecutivo redujo ese título presupuestario en un 7,5% en el 2016 respecto al 2015.
Defienden gastos. La presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, alegó que la institución contratará más consultorías en el 2017 con el fin de agilizar la preparación de 80 proyectos de infraestructura de acueductos.
“Tenemos una cantidad de personal muy limitado en la institución y sabemos que si no contratamos, por ejemplo, dibujantes externos para los proyectos, retrasaremos la ejecución de estos, pues solo tenemos tres dibujantes de planta en el AyA, quienes no dan abasto con el trabajo”, aseveró la jerarca.
Astorga rechazó que el gasto en consultorías que hace el AyA sea superfluo, como lo afirma el diputado Mario Redondo.
“No hemos contratado consultorías para estudios o diagnósticos sino para hacer diseños de infraestructura, que es lo que hace el AyA”, subrayó.
Por su parte, el PANI subió su presupuesto para servicios en ciencias económicas y sociales de ¢1.502 millones en el 2016 a ¢4.267 millones el año entrante.
Su presidenta ejecutiva, Ana Teresa León, sostuvo que ese dinero no se usa para pagar consultorías, sino para contratar personal profesional “que da apoyo directo a niños, niñas y adolescentes”. Entre ellos citó maestros, tutores, recreacionistas, terapistas y psicólogos que laboran en los albergues de la institución.
“La cuenta (partida) tiene ese nombre porque así está establecido en la denominación de la Contraloría General de la República (CGR), pero en el caso del PANI va toda a servicios para las personas menores de edad”, destacó.
