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“Los ajustes llegan si usted los hace y, si usted no los hace, también llegan, pero llegan más dolorosos”, advirtió la contralora general de la República, Marta Acosta, el 11 de octubre sobre la discusión del Presupuesto Nacional del 2023.
Todo indica que el ajuste fiscal “se está dando solo”, dijo la contralora. Prueba de esto es el conflicto que estalló entre el Gobierno y los diputados por el plan de gastos del próximo año, en el que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, llamó irresponsables a los diputados y estos respondieron con llamados a que respete la independencia de poderes, guarde sus amenazas y no rompa los puentes de diálogo.
¿Cuál es la génesis de las tensiones? En resumen, es el desequilibrio fiscal que a simple vista parecieran sumas y restas matemáticas, pero es más complejo. El estado de las finanzas públicas sigue siendo delicado por el elevado gasto del Gobierno en comparación con sus ingresos.
A pesar de ajustes hechos en el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), que ayudaron a reducir el crecimiento de la deuda, el fisco continúa atrapado en un círculo de endeudamiento. El Gobierno recurre a endeudarse más para cubrir el costo de su operación y para pagar las deudas adquiridas en el pasado.
El presupuesto del próximo año, de ¢12,2 billones, se financia con ¢7,2 billones (59%) de impuestos, principalmente, y ¢5 billones (49%) de endeudamiento.
Del gasto, ¢5,76 billones se destinan al pago de la deuda pública entre amortizaciones e intereses, equivalentes al 47% del presupuesto, y los restantes ¢6,5 billones (el 53%), al pago de remuneraciones, servicios, transferencias de capital y adquisición de bienes duraderos, entre otros rubros.
Producto de esa espiral, el saldo de la deuda pública ascendió a ¢28 billones en el mes de junio anterior, equivalentes al equivalentes al 65,8% de producto interno bruto (PIB).
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Contención de la regla fiscal
Para tratar de ponerle un freno a ese círculo que afecta a la economía en general, en el 2018 la Asamblea Legislativa creó la regla fiscal. Este es un mecanismo legal que le impone un límite de alza al gasto público, cada año, dependiendo del nivel de endeudamiento del país y del ritmo de crecimiento económico.
La regla establece que, cuando el endeudamiento supera el 60% del PIB, el tope recae tanto sobre el gasto corriente como el de capital. Ese es el escenario actual.
En ese sentido, la norma impuso un límite de crecimiento del 2,56% al presupuesto del 2023 con relación al del año anterior, lo que estruja la inversión en áreas como los servicios, lo social y las carreteras, porque no se puede desatender los intereses ni las amortizaciones de la deuda.
De ese modo, el presupuesto de ¢12,2 billones, si bien sube en total ¢749.000 millones, la mayor parte de esos recursos los absorben la amortización (¢485.000 millones) y los intereses (¢260.000 millones).
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Las transferencias corrientes de ¢2,79 billones, que incluye el gasto social, por ejemplo, decrecen en un -1,7%. La partida de bienes y servicios (de ¢368.000 millones) cae en -4,9%; y las transferencias de capital (obras y equipamiento) solo crecen un 4,8% (para situarse en ¢295.000 millones), en un país con problemas serios de inversión en carreteras.
Para poder cumplir con la regla fiscal, sin desatender el pago de la deuda pública, el Gobierno aplicó recortes a las partidas de gasto corriente, como transferencias y bienes y servicios.
Jerarcas se quejaron
Los recortes provocaron que los jerarcas de las instituciones, incluidos ministros del Poder Ejecutivo, se quejaran ante los diputados de la Comisión de Hacendarios, durante la discusión del presupuesto.
Alegaron que las rebajas no fueron consensuados de previo. Por ello, los diputados reaccionaron recortando ¢81.000 millones del pago de los intereses, para reasignar estos recursos a diversas instituciones y programas públicos.
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Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, se quejó de una reducción de más de ¢750 millones el próximo año, incluido recursos para el pago del fideicomiso del nuevo edificio legislativo.
Gerald Campos, ministro de Justicia, se quejó por un recorte de ¢6.147 millones, y el Poder Judicial pidió ¢7.800 millones adicionales alegando que no cubría la totalidad de su presupuesto.
Recorte al pago de los intereses
Así, los diputados, impulsados por el diputado liberacionista Gilbert Jiménez, le trasladaron ¢26.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¢10.000 millones a las asociaciones de desarrollo, ¢9.802 millones a las municipalidades y ¢6.400 millones al Poder Judicial, por mencionar algunos traslados.
Jiménez alegó que tomaron los recursos de la partida de intereses porque, año con año, esta suele tener una subejecución de ¢300.000 millones.
No obstante, el ministro de Hacienda advirtió de que, cuando este plan de gastos se confeccionó en agosto, las tasas de interés no habían subido tanto como lo han hecho ahora, además de que el Congreso no ha autorizado una emisión de eurobonos que permitiría buscar tasas más bajas en el exterior.
Por esta reasignación fue que Chaves llamó irresponsables a los diputados.
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El economista José Luis Arce ve que, en un ambiente político polarizado y enrarecido”, los problemas presupuestarios conducen a discusiones ideológicas que terminan en decisiones como el recorte a los intereses de la deuda, aunque estas puedan ser revertidas posteriormente.
“Y sí, pueden afectar la percepción de riesgo soberano, en la medida en que inversionistas locales o internacionales teman que las autorizaciones presupuestarias para la amortización o el pago de intereses, no son suficientes”, indicó Arce.
Por su parte, la contralora general, Marta Acosta, advirtió de que los recortes presupuestarios sacrifican a los más vulnerables porque se hicieron “sin ningún criterio ni definición de prioridades”. Añadió que se debe cumplir la regla fiscal, pero la ausencia de reformas estructurales está llevando al país a un doloroso ajuste.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, respondió: “Ya el gobierno planteó la reforma del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), Minae (Ministerio de Ambiente y Energía) y pronto va el sector vivienda, agrícola y, además, la venta de empresas públicas (como el BCR y el 49% de las acciones del INS)”.
El economista Arce agregó que lo sucedido muestra la disfuncionalidad del proceso presupuestario costarricense, en el que los presupuestos son construidos “de manera descuidada” y como un simple trámite para gastar.
Añadió que, con la regla fiscal, lamentablemente estos problemas se exacerbaron, lo que conduce desde el periodo anterior a recortes presupuestarios “chambones” y a presupuestos incompletos, algo que va en contra de las mejores prácticas.
