Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, es categórico al afirmar que de nada vale una nueva ley de empleo público si no se elimina la figura de las convenciones colectivas.

Así lo afirmó el especialista en Derecho durante el foro virtual La necesaria reforma del Estado, organizado por La Nación, este jueves 8 de octubre.

En el debate también participaron Laura Alfaro, ministra de Planificación durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) y actualmente profesora en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y José Joaquín Arguedas, exdirector del Servicio Civil (2006-2014). El encuentro virtual lo moderó Guiselly Mora, editora de la sección de Opinión, de La Nación.

Para Hernández, es urgente eliminar las convenciones colectivas, de manera expresa, en el documento de reforma al empleo público que discuten actualmente los diputados y que propone un salario global para todos los funcionarios.

"Si, paralelamente, no se prohíben las convenciones colectivas, el salario global sería un canto a la bandera, porque si se permiten las convenciones colectivas en las instituciones estatales, por esa vía, en dos o tres años, se volverían a instalar los pluses salariales.

“Entonces, tiene que haber una norma en la ley de empleo público que prohíba la celebración de convenciones colectivas y un transitorio que establezca que las actualmente vigentes, al vencerse, no pueden ser renovadas”, aseguró el experto.

Una convención colectiva es una especie de contrato establecido entre empleados (sindicatos) y empleadores para poner las “reglas del juego” en su relación laboral, ya sea en instituciones estatales o en municipalidades.

En el país existen 26 convenciones colectivas en entidades como Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Universidad de Costa Rica (UCR), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Estos instrumentos otorgan beneficios a los trabajadores. Por ejemplo, Recope da a sus empleados una ayuda anual de ¢40.000 para que compren lentes, mientras que Japdeva debe indemnizar a sus funcionarios cuando ya no requiera contratarles horas extra, aunque el tiempo extraordinario sea de carácter excepcional.

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El abogado constitucionalista también es enfático al mencionar que una nueva ley de empleo público debe incluir no solo a los nuevos funcionarios, como lo establece el texto en discusión de los legisladores, sino también a los actuales.

Con ello, explica, se eliminarían las disparidades salariales entre los mismos servidores públicos.

Por ejemplo, en el 2019, una secretaria del Poder Judicial podía ganar ¢1.179.000 mensuales, mientras que una del Gobierno Central recibía ¢261.000 por desempeñar las mismas funciones.

“Algunos diputados se oponen a que el salario global se extienda a los actuales funcionarios públicos, alegando que hay derechos adquiridos y que, si se hiciere, ellos podrían recurrir a los tribunales e, invocando esos derechos adquiridos, el Estado tendría que indemnizarlos, lo que le costaría muy caro. Eso es una falacia, porque en esta materia no hay derechos adquiridos. Lo que hay son simples expectativas de derecho”, afianzó Hernández.

Pese a que algunos legisladores adversan la propuesta, esta semana un grupo de diputados planteó la idea de incluir a los empleados públicos en el salario global.

El salario global consiste en un sueldo competitivo por sí solo, sin necesidad de los pluses salariales que disparan el gasto público conforme pasan los años, como ocurre actualmente.

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Revisar el texto de la reforma

José Joaquín Arguedas, exdirector del Servicio Civil (2006-2014), coincidió con la recomendación de revisar la normativa.

Según expuso, históricamente, han existido una serie de “trampas” para que la mayoría de funcionarios puedan escaparse del régimen del Servicio Civil, creado en 1953 para regular la relación entre el Estado y sus trabajadores.

Las instituciones regidas por este sistema ofrecen a sus empleados menos beneficios que otras que están fuera de este y que operan bajo sus propias reglas laborales e incentivos.

A pesar de que la Constitución Política, en su artículo 191, establece que el Estatuto del Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, hoy, alrededor de un 70% de los trabajadores estatales se escapa de esa normativa, afirmó el exdirector del Servicio Civil .

El experto recordó que, en 1953, cuando se creó la Dirección General del Servicio Civil, se abrió la puerta para el nacimiento de los múltiples sistemas de empleo público que hoy inflan la lista de razones por las cuales urge reformar el Estado.

"Pero sucedió, y aquí viene la primera trampa, la Constitución ordenó promulgar un Estatuto para todo el Estado. Sin embargo, el presidente de entonces, en 1950 (Otilio Ulate), ordenó que el Estatuto fuese únicamente para el Poder Ejecutivo y así votó el Congreso en 1953.

“Este es el pecado original del sistema. Todo lo demás, que hoy representa cerca del 70% del personal del Estado, se apartó de los esquemas salariales conservadores que establece hasta hoy el Servicio Civil”, rememoró.

Por esa y una amplia variedad de vacíos legales en relación con los distintos sistemas de empleo público que hay en el país, es indispensable revisar el actual texto que discuten los diputados, concluyó Arguedas.

Menos gasto y más eficiencia

Por su parte, Laura Alfaro llamó la atención con respecto a la importancia de “cumplir con el objetivo del Sistema Nacional de Planificación, el cual es proveer productividad y una mejor distribución del ingreso” para todos los habitantes.

En criterio de la exministra de Planificación durante la administración Chinchilla Miranda, el Ejecutivo debería aprovechar la pandemia de la covid-19 para migrar a sus funcionarios a un sistema de teletrabajo.

“Un gobierno y un país que quiere ser carbono neutral, que siempre ha puesto la cara por el cambio climático, por el ambiente, debe aprovechar esta oportunidad y reorganizarse para que los empleados públicos utilicen el teletrabajo”, sentenció.

Agregó que esa misma ley del Sistema Nacional de Planificación ordena expresamente la modernización de las entidades.

“En un país que tiene el peor déficit fiscal en la historia, no entiendo por qué el Gobierno no da la cara a las tecnologías del siglo XXI”.

“Si uno quiere el Estado, no lo deja hacerse ineficiente. Si uno quiere el Estado, uno lo moderniza, porque así es como lo mantenemos vigente a los ojos de las personas que lo mantienen con impuestos”, reprochó la economista.

Por ejemplo, apuntó la experta, en Harvard, donde ella trabaja, la directriz fue no contratar más personal durante este año, debido a la emergencia por el coronavirus.

“No sé por qué todavía hay viáticos en el presupuesto (Nacional de Costa Rica) del próximo año. No sé por qué todavía se están organizando comidas y reuniones que se pueden hacer virtuales. En Harvard, donde no hay problemas de presupuesto, no se destinarán fondos para viajes el año que viene, ni para llevar expositores. Todo se hará por (la plataforma tecnológica) Zoom”, detalló Alfaro.