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Cristian Arguedas, abogado del analista de datos de Casa Presidencial, Diego Fernández, afirmó que su cliente no tiene ninguna preocupación con los allanamientos efectuados este viernes por la Fiscalía General a su oficina.
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“Yo conversé ahora con mi cliente. Mi cliente no tiene ningún problema, ninguna preocupación en que se investigue lo que se tenga que investigar, tiene la conciencia muy tranquila y vamos a esperar a que termine la investigación”, declaró Arguedas en las afueras de la Presidencia, adonde ingresó para acompañar a su representado.
Diego Fernández es el coordinador de la oficina de análisis de datos que asesora al presidente Carlos Alvarado y que, mediante un decreto, iba a convertirse en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
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El decreto, publicado el 17 de febrero, fue derogado cuatro días después por el mandatario debido a que el texto establecía que la UPAD tendría acceso a datos confidenciales de los habitantes en manos de las instituciones públicas.
“Están la fiscal general (Emilia Navas), el resto de fiscales, los defensores, siguiendo el protocolo tal y como lo manda la ley. Aquí es lo que ya todos conocemos y sabemos. Hay una tesis de principio por parte del Ministerio Público, que lo que se dice es que se hizo un decreto en contra de la legalidad y que se están imputando, en caso de los supremos poderes, un delito de prevaricato. En el caso de las otras personas, un delito de violación de acceso de datos personales”, declaró el abogado Arguedas.
El Ministerio Público precisó que figuran como investigados el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; y el viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro. Ellos tres firmaron el decreto que fue derogado.
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También, aparecen como investigados los analistas de datos Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero y Andrés Villalobos Villalobos, así como el comisionado de derechos LGTBI, Luis Salazar Muñoz, y la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández.
Arguedas afirmó que no habrá detenciones y confirmó que a su cliente le quitaron las computadoras y teléfonos celulares.
En una entrevista concedida el lunes a La Nación, Diego Fernández respondió preguntas sobre el tipo de bases de datos, de instituciones públicas, a las que han tenido acceso para asesorar al presidente. Adujo que todo se hizo en el marco de la legalidad.
