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Los abogados que representan al presidente Carlos Alvarado, en la investigación judicial sobre la UPAD, denunciaron que la Fiscalía General extrajo información relevante para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública al allanar Casa Presidencial, hace dos meses.
La fiscala general, Emilia Navas, recabó información en dispositivos y servidores del Gobierno el 28 de febrero durante el allanamiento a Casa Presidencial, del 28 de febrero, con el objetivo de determinar si la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) accedió a datos confidenciales de los habitantes.
Rodolfo Brenes y Róger Guevara, abogados del presidente, informaron de que presentaron dos gestiones por actividades procesales defectuosas con el objetivo de “resguardar el debido proceso”.
La primera de la gestiones señala que, al extraer información indiscriminadamente, la Fiscalía obtuvo “información que no está relacionada con la investigación de la UPAD y que es relevante para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública”.
Además, los defensores alegan que el Ministerio Público secuestró información de terceros que no son parte en el proceso.
La segunda gestión alega que la orden judicial que autorizó el secuestro de los dispositivos de Alvarado “no se fundamentó adecuadamente, ni era estrictamente necesaria y proporcional”.
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Brenes y Guevara sostienen que la información sobre la UPAD que buscaba la Fiscalía General de la República se pudo obtener “por otras vías”.
“Lo que se pretende es que se justifique adecuadamente la estricta necesidad de secuestran esos equipos y se garantice el absoluto respeto de la Constitución y la ley”, señalaron los abogados.
Las gestiones fueron enviadas a la Fiscalía para que esta las remita a los magistrados de la Sala III. Además, solicitaron una audiencia para exponer sus argumentos.
Los defensores informaron sobre el tema la tarde de este viernes en un comunicado, cuya difusión fue autorizada por el gobernante, según Guevara.
El presidente Carlos Alvarado figura como investigado en la causa 20-5434-042-PE, la cual fue abierta luego de que, el 17 de febrero, el gobierno publicó un decreto de creación de la UPAD, el cual pretendía darle a esa oficina acceso a información confidencial de los habitantes en manos de las instituciones. La norma fue derogada el día 21 del mismo mes.
En el caso, se investigan los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
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El 28 de febrero, la fiscala general allanó la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro casas de habitación. Fue en esa diligencia que se decomisaron una computadora y dos celulares del presidente.
De acuerdo con la defensa de Alvarado, el Ministerio Público no le ha devuelto al presidente la los dispositivos. Tampoco se ha realizado la apertura de la evidencia recabada en los allanamientos, informó Guevara.
Los abogados reafirman que las gestiones presentadas la tarde de este viernes procuran resguardar el debido proceso y la institucionalidad, así como los derechos constitucionales del mandatario y de los terceros cuya información, presuntamente, fue secuestrada.
Además, comunicaron que Alvarado les dio instrucciones de que su defensa técnica en el caso colabore con las autoridades.
“Su voluntad es que prevalezca la verdad y se haga justicia. Su confianza en la institucionalidad y en el Estado de Derecho es absoluta y por ello se procura el respeto al debido proceso”, indica el comunicado.
