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Ocho diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios dictaminaron positivamente, este martes, un proyecto de ley que obligaría a los acreedores a pagar un nuevo impuesto si necesitan acudir a los Tribunales de Justicia a cobrar una deuda.
El texto fue pasado al plenario pese a las advertencias de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual consideró que el plan tiene roces de inconstitucionalidad.
El plan es impulsado por el diputado socialcristiano Rodolfo Peña. Consiste en crear una tasa impositiva escalonada de entre el 2% y 7% del valor de la demanda en siete tramites de cobro judicial en los juzgados.
El pago, según la iniciativa, lo tendría que asumir el acreedor con solo iniciar las gestiones de cobro en un juzgado, o mediante la presentación de la demanda de los siguientes procesos: trámites de monitorios dinerarios, ejecuciones hipotecarias, prendarias y de garantías mobiliarias; reposesión de garantías mobiliarias, embargos preventivos y procesos sumarios de cobro judicial.
El proyecto excluiría del pago del impuesto a las instituciones públicas, salvo aquellas dedicadas a la actividad comercial, y a personas físicas o jurídicas “que no hagan del otorgamiento o cobro de créditos su ocupación habitual”.
En una opinión jurídica firmada el 21 de agosto por el procurador tributario Juan Luis Montoya, la Procuraduría advirtió de que “el proyecto de ley propuesto atenta contra lo dispuesto en el artículo 41, 33 y 185 de la Constitución Política”.
En el primero de esos artículos citados por el procurador, se refiere al acceso a la justicia pronta y cumplida, el 33 a la igualdad ante la ley de las personas y el 185 se refiere al principio de Caja única del Estado.
Respaldaron el dictamen afirmativo las diputadas Laura Guido y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Peña y Oscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y el independiente Harllan Hoepelman.
En contra votaron los tres legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) en esa comisión. Ellos son Silvia Hernández, presidenta del foro; Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales.
El objetivo de Peña es que se use lo recaudado, una vez que se giren los recursos al Poder Judicial mediante la norma legal legal de destino específico, al mejoramiento de la justicia cobratoria con la creación de nuevas plazas y tribunales, que ayuden a reducir la mora en los juzgados.
La elaboración del reglamento estaría a cargo del Poder Ejecutivo, pero el porcentaje a cobrar podría ser ajustado anualmente, con base en un estudio técnico, por la Corte Plena del Poder Judicial o a quien esta delegue.
La Procuraduría también observó que el texto rebasa los alcances de la definición de tributo contenida en el artículo 4 del Código Tributario y, añade, “constituye una discriminación odiosa con respecto a otros ciudadanos que tienen derecho a acceder a la justicia de manera gratuita”.
Por otra parte, advirtió de que, si bien el artículo 18 de la Constitución Política establece la obligación de los costarricenses de contribuir con los gastos públicos, lo cierto es que ese financiamiento debe salir de los impuestos de los ciudadanos y de los cuales se hacen las asignaciones presupuestarias, incluidas las del Poder Judicial.
“De la lectura del artículo 3 se desprende de manera diáfana, que la propuesta de los señores diputados atenta contra el acceso a la justicia, al disponer que ‘con la presentación de la demanda o gestión inicial, deberá acreditarse el pago de la respectiva tasa…‘, bajo el apercibimiento de declarar inadmisible la demanda por falta de pago”, añade la opinión jurídica.
Sobre el pago de una tasa escalonada de entre el 2% y el 7% del monto de la demanda, se podría quebrantar los principios de razonabilidad y proporcionalidad que inspiran la justicia tributaria material, dijo el Procurador.
El plan no establece cómo se debe aplicar el porcentaje fijo o escalonado, “aparte de que delega en la Corte Plena del Poder Judicial la potestad para establecer los mínimos o máximos de la tarifa, lo que podría llevar abusos para dotar de recursos a los despachos judiciales que deben sufragar sus gastos vía presupuesto nacional”, indica la opinión jurídica.
Al pedir el respaldo de la iniciativa, en la comisión, Peña indicó que la opinión de la PGR no es vinculante y que en esta Asamblea Legislativa se han aprobado otros proyectos de ley, los cuales no nombró, tenían criterios adversos del departamento de Servicios Técnicos y de la Procuraduría.
Además, se comprometió a impulsar una consulta de constitucionalidad si el proyecto se aprueba en primer debate. Por el fondo, el socialcristiano afirmó que hoy los procesos de cobro judicial están saturados.
Mencionó que el 70% de los expedientes en el Poder Judicial son de cobro judicial y que el 8% del presupuesto anual de ese poder de la República lo absorben esos trámites.
“Lo que sucede es que no tenemos una justicia pronta y cumplida a como debe de ser y esto vienen a fortalecer a los Tribunales para darle mejor servicio en el tiempo más prudencial que requieren así los usuarios”, aseveró el diputado.
Al justificar su respaldo, Laura Guido, dijo que reconoce las preocupaciones de la Procuraduría por los roces constitucionales, pero añadió que le daría un voto de confianza al diputado Peña para que proponga alternativas que subsanen el texto.
“Aquí estamos hablando no del acceso a la justicia desde el punto de vista de cualquier ciudadano que requiera hacer una gestión de cobro. Estamos hablando de donde está, genuinamente, el problema. De quienes están saturando este sistema de administración de justicia y la posibilidad de poder tener algunos desincentivos”, añadió la diputada oficialista.
Guido hizo señalamientos en la saturación del sistema de justicia que, en su opinión, se ha vuelto en un instrumento de “cobro gratuito” para cualquier monto que esté en disputa, incluso, para quienes se dedican a la actividad del cobro de deuda.
“Esta realidad no es sostenible dentro del esquema de las finanzas del Estado y el aporte que se le hace al Poder Judicial”, finalizó la rojiamarilla.
Por su parte, Silvia Hernández, cataloga esta iniciativa con un buen espíritu. “Lleva razón porque la mora judicial en materia de cobros judiciales representan más de la mitad de los procesos en la mora judicial”, añadió.
No obstante, justificó haber votado en contra en apego al criterio de la PGR. “Su conclusión es muy clara y por más que se haga una consulta de constitucionalidad, es trasladar el problema a la Sala Cuarta”, dijo.
