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El presidente electo, Rodrigo Chaves, declaró que el acuerdo de ajuste fiscal firmado por el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue “poco ambicioso”, por lo que él le va a “añadir aderezos”, los cuales no especificó.
El economista de 60 años, quien comenzará a gobernar a partir del 8 de mayo, calificó el convenio como “indispensable”, no por la cantidad de crédito que aportará el FMI, sino por la confianza que dará a quienes invierten en bonos de deuda del Gobierno Central.
El programa ampliado de Costa Rica con el FMI fue aprobado el 1.° de marzo del 2021 para un plazo de tres años por un total de $1.778 millones. Ya el Fondo ha hecho dos desembolsos: uno el 30 de julio por $293 millones y otro el 29 de marzo de este año por $284 millones.
En su primer día como gobernante electo, Chaves dio una conferencia en la cual también cuestionó el proyecto de ley propuesto por el diputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el cual avanza en el Congreso con el fin de rebajar ¢100 en el impuesto que pagan gasolina y diésel. Chaves advirtió que afectará la recaudación fiscal y provocaría “un problema más que hay que arreglar”.
“Yo les pido a los diputados actuales responsabilidad, porque están cortando ingresos del Estado por ¢250.000 millones por año, y lo que dicen es que el Gobierno buscará a dónde cortar. Y cuando el Gobierno tenga que cortar y le manda la propuesta de corte, ellos tendrán el derecho constitucional de decir sí o no”, agregó.
Su posición coincide, en ese sentido, con el ministro de Hacienda actual, Elian Villegas, quien considera ese plan como “una barbaridad”.
Chaves dio las declaraciones de este lunes junto a sus vicepresidentes electos, Stephan Brunner, y Mary Munive. Brunner, quien es doctor en Economía Agrícola graduado en la Universidad de Kiel, Alemania, fue presentado como el coordinador del equipo económico y Munive, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, graduada de la Universidad de Costa Rica (UCR), como la responsable del equipo social.
“Negociar para arriba”
Chaves enfatizó que el convenio con el FMI se someterá a revisión. “Con el Fondo vamos a mantener los objetivos. Queremos revisar el paquete y negociar para arriba”.
“Vamos a mantener el programa, no por la cantidad de recursos, costarricenses; sepan que este año el Gobierno se tendrá que endeudar por más de $11.000 millones y, cada que vez que el FMI nos da un desembolso, es por $200 millones y pico (cada giro del organismo internacional es de $290 millones).
“No estamos pensando nuestra relación con el FMI como una fuente de recursos para llenar las necesidades de financiamiento de Gobierno, sino como un instrumento para inyectarle confianza a la gente que nos tiene que prestar plata. En ese contexto, pienso que el actual convenio fue poco ambicioso.
“Las medidas que vamos a hacer, independientemente del FMI, para generar más crecimiento, las vamos a aplicar de la manera correcta, incluyendo la posibilidad de mejorar la Ley de Empleo Público”, indicó Chaves, quien se reunió con una misión del Fondo a finales de febrero, siendo candidato a la presidencia en la segunda ronda electoral.
El mandatario electo no indicó este lunes cuáles “aderezos” le añadiría al convenio con el FMI.
Sin embargo, el 30 de diciembre, en una entrevista con El Financiero, declaró que el pacto le parece inadecuado porque no ataca problemas de fondo de la economía, pues se enfoca en aumentar impuestos y prometer ahorro en la planilla del Estado. Allí, delineó algunos cambios que haría.
“Yo voy a seguir en la conversación con el FMI, pero bajo un programa absolutamente nuevo, que se enfocaría en quitar exenciones fiscales; quitar los destinos específicos; quitar las parafiscales, que son un regalito del Estado costarricense al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) todos los años; reducir la evasión de manera agresiva; y revisar una serie de precios en las concesiones públicas y en la estructura del gasto en Costa Rica”.
El acuerdo firmado con el FMI, por la administración de Carlos Alvarado, implica, aparte del crédito, un conjunto de medidas tendientes a equilibrar las finanzas públicas. El principal componente para ello, del lado del gasto público, es la Ley de Empleo Público, que ya fue firmada.
Sobre esa ley, Chaves dijo que entrará a regir en un plazo de un año, lo que le dará tiempo de revisarla. “Hay dimensiones de esa ley que no me parecen ideales”, declaró. Aclaró que iniciará con un diálogo con sectores “inmediatamente” después del 8 de mayo para que sea más justa con los costarricenses y los empleados públicos. No enumeró las propuestas de enmienda.
El convenio con el FMI también incluía aumento de ingresos mediante la introducción del esquema de renta global y un ajuste al impuesto de casas de lujo, planes que no han prosperado en la Asamblea Legislativa.
No obstante, el 25 de marzo, el FMI informó de que, si bien “no ha habido suficiente consenso hasta la fecha para aprobar medidas de ingresos en la Asamblea Legislativa”, los objetivos del programa “parecen estar cómodamente al alcance (del país) incluso sin estas medidas”.
La afirmación se sustenta, en parte, en los buenos resultados financieros del Gobierno, en los últimos meses.
Las proyecciones del Fondo indican que el país conseguiría un superávit primario (resultados de los ingresos menos los gastos sin contemplar los intereses) del 1,3% del PIB, en el 2023, por encima del 1% que se había propuesto como objetivo del programa.
El superávit primario es importante porque significa que los recursos de los impuestos, especialmente, alcanzan para pagar los gastos del Gobierno y una parte de los intereses. Este indicador es importante para reducir el endeudamiento público, junto con la tasa de interés sobre la deuda y el crecimiento de la producción.
