Al menos cuatro de los proyectos de ley que los partidos de oposición acordaron impulsar el pasado 1.° de mayo, en el marco del pacto para controlar el Directorio legislativo, tienen fuertes cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR).

Según criterios del órgano contralor, estos planes carecen de estudios que justifiquen su costo o su impacto sobre la recaudación fiscal, además de que pueden resultar innecesarios y crearían más burocracia y fragmentación del Estado

Las mayores críticas están sobre las propuestas que pretenden solventar los efectos de la pandemia por coronavirus.

Dentro de una lista de 65 proyectos para impulsar en el último año de este Congreso, la oposición incluyó, por ejemplo, exoneraciones fiscales que podrían golpear las finanzas públicas o la creación de fondos para empresas locales que, según la CGR, carecen de estudios o no dejan claro sus beneficios.

La agenda es impulsada por los partidos Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Republicano Social Cristiano (PRSC), Integración Nacional (PIN), el bloque Nueva República y algunos independientes.

Compleja estructura y fideicomisos

Uno de los proyectos es el expediente 22.128, Ley de rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas e hipotecas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción.

Esta propuesta se presentó en agosto del año pasado con la idea de rescatar empresas con préstamos bancarios o personas con hipotecas que tuvieran dificultades económicas por la pandemia, aunque incluye reformas que se mantienen en el tiempo.

Para ello, crea una Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial que está conformada por bancos estatales, ministerios, municipalidades y otras entidades, que tendrán una unidad especializada para el salvamiento de los beneficiarios.

La recuperación de estas empresas provendría de fondos y fideicomisos que se crean con esta nueva ley. Por ejemplo, está el Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación de las Micro y Pequeña Empresa y Pequeños Productores Agropecuarios que se encuentren en proceso de recuperación que se financiaría con el 1% del impuesto para los combustibles.

La iniciativa fue presentada por diputados de la Unidad, PLN y PAC.

También propone que el Sistema de Banca para el Desarrollo aumente el aval a los préstamos de un 75% a un 90%, por una única vez.

Por la complejidad de la estructura y la cantidad de fideicomisos e incluso condonaciones que pretende la propuesta, la CGR recomendó valorar el costo que supone y sus implicaciones.

“Resulta necesario insistir en la importancia de que la promulgación de leyes que establecen la disposición de recursos, se fundamente en información financiera y otra necesaria para comprender la incidencia que tendría en los presupuestos y en el funcionamiento de las instituciones involucradas”, indica el criterio DFOE-EC-1364, de diciembre del 2020.

Además, el órgano contralor destacó la importancia de revisar si la estructura administrativa propuesta se adapta a las instituciones que participarían de la Red.

Más aparato estatal

El expediente 21.970, Ley de Fomento Socioeconómico Local, crearía el Fondo de Desarrollo Socio Económico Local para financiar desarrollos locales, basado en el modelo de Economía Social Solidaria.

Esta propuesta, justificada en la pandemia, fue presentada por diputados del PLN, PUSC, Restauración Nacional y Nueva República.

Este fondo se financiaría con 5% de las utilidades anuales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 1% de las ventas brutas anuales de las empresas de Régimen de Zonas Francas, 2% del impuesto sobre la renta, además de otras fuentes de financiamiento.

Según estimaciones de la CGR, este mecanismo podría iniciar con unos ¢135.000 millones, pese a que no se especifica cómo se destinarán esos recursos de forma eficiente.

La administración del Fondo estaría a cargo de una nueva estructura, el Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local, administrado por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

En un criterio técnico, la CGR apuntó que el aumento del aparato estatal podría generar duplicidades en la función pública, además de que sería innecesario.

“Es relevante considerar que ya existen instituciones del sector público que tienen a cargo funciones y responsabilidades relacionadas con el fomento, el desarrollo, la formalización de grupos, las organizaciones y las empresas de la Economía Social Solidaria, que se pretende regular en el proyecto de ley en análisis”, señala el criterio DFOE-EC-0621, de junio del 2020.

Además, agrega la CGR: “Es indispensable advertir sobre los riesgos que se observan en las iniciativas legislativas, tales como los que se identifican en el proyecto de ley analizado, respecto a la creación de nuevas instituciones públicas, dependencias de estas u otras figuras para instrumentalizar los objetivos pretendidos sin contar con un análisis integral”.

Esta iniciativa también pretende exonerar del IVA a las organizaciones cantonales, así como subsidiar a los emprendimientos con dinero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para el acceso a Internet.

Otra de las críticas de la CGR es que, pese a que la iniciativa se presenta como herramienta ante el estado de emergencia, las reformas que propone van más allá de la atención de esta situación particular.

“Se encuentran temas que van más allá de la necesaria atención del acontecimiento, entre otras, reformas que impactan las finanzas públicas, el crecimiento del aparato estatal, el control interno, la transparencia y la rendición de cuentas en las actuaciones al flexibilizar requisitos o cumplimiento de normas”, concluyó la CGR.

Exoneraciones sin cálculo

La oposición también incluyó el proyecto 21.963, Iey para la recuperación económica después de la emergencia, del Partido Restauración Nacional.

Este pretende que se exonere del impuesto de valor agregado (IVA) los alquileres y los servicios de electricidad y agua potable, ante un estado de emergencia. Esto aplicaría para personas y empresas, ya sea a nivel nacional o territorial, según la emergencia.

Para la Contraloría, esta propuesta carece de un estudio técnico que muestre el impacto de la medida.

“En el proyecto de ley propuesto, si bien las exoneraciones son temporales, se echa de menos un análisis de los costos y beneficios sociales que estas podrían tener, su impacto en la recaudación y cumplimiento del objetivo perseguido con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dice el criterio DFOE-AE-0265, del 13 de julio del 2020.

Además, señala errores en el proyecto, pues no se establece un parámetro para el alcance territorial, “lo cual podría propiciar su aplicación en casos más allá de los necesarios y configurarse un despropósito respecto de los fines perseguidos con el impuesto”.

Fragmentación del Estado

El expediente 22.161, Ley para el Fomento de la Economía Creativa y Cultural, pretende impulsar los emprendimientos de la industria creativa, mediante una política con rango legal. Además, facilita el crédito para estas empresas, mediante el Sistema de Banca para el Desarrollo.

Adicionalmente, crea una estructura administrativa, el Consejo Nacional de Economía Creativa y Cultural.

Para la CGR, existen políticas públicas, emitidas por decretos ejecutivos, que cumplen esta finalidad. Por ello, recomendó determinar si el establecimiento con rango legal de los esquemas ya en operación resultan ser el mecanismo idóneo para solventar los retos del sector, como el acceso al financiamiento.

Esta iniciativa también crea un estructura administrativa que ya está contemplada en uno de los decretos ejecutivos, por lo que la CGR señaló que se estarían creando unidades paralelas.

“Este órgano contralor ha insistido sobre los problemas de la fragmentación en la estructura institucional del Estado, que dificulta la coordinación de la implementación de políticas e incide en el riesgo de duplicidad de funciones”, señala el criterio.

Como esta propuesta también crea incentivos para los emprendimientos culturales, la CGR llamó la atención de los legisladores para que valoren el impacto sobre las finanzas públicas.