El PAC, el PLN y el PUSC alcanzaron un acuerdo esta noche para restablecer el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los bienes de la canasta básica, dentro de la reforma fiscal.

El acuerdo consiste en cobrar una única tasa del 1% sobre los productos de la canasta y, a cambio, destinar parte del dinero recaudado al otorgamiento de pensiones del régimen no contributivo (RNC), es decir, para adultos mayores en pobreza. Hoy, son pensiones de ¢78.000 mensuales.

"Hemos alcanzado un acuerdo con algunas de las bancadas y con el Gobierno, después de mucho tiempo de negociación y de acuerdos”, afirmó el legislador liberacionista Gustavo Viales.

“El gobierno por fin entendió de que el tema de la canasta básica ciertamente afectaba a la población más vulnerable del país. Por eso, hemos diseñado un mecanismo de compensación, paralelo a la votación, para que la canasta básica quede, finalmente, en un 1%”, dijo.

“El mecanismo de compensación implica que, el primer año de vigencia del plan fiscal, vamos a tener los recursos suficientes, que ascienden a ¢5.000 millones de colones, para poder inyectarlos en el régimen no contributivo de pensiones y poder atender las más de 10.000 solicitudes que existen (pendientes) por falta de recursos”.

“Vamos a trabajar, también, con los mecanismos que ya tiene el proyecto. Durante seis meses, después de la entrada en vigencia de la ley, no va a poder cobrarse el IVA; un año la tasa será cero y, luego, vamos a tener los recursos para poder atender ese programa de compensación”, agregó el diputado de Liberación Nacional (PLN).

Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, confirmó que la idea es destinar una parte de la recaudación del impuesto a la canasta básica a compensar a las personas de menos recursos, mediante las pensiones del RNC.

“El acuerdo es que el 15% de esa recaudación en canasta básica alcanza para dar 3.500 pensiones de régimen no contributivo”, dijo el viceministro. El 15% equivale a unos ¢4.350 millones anuales.

Si la canasta básica permanecía desgravada en el proyecto, el gobierno estimaba perder ¢65.000 millones anuales. Ahora, con este acuerdo, la pérdida baja a unos ¢36.000 millones. Es decir, el Ejecutivo rescata unos ¢29.000 millones en este punto.

Sin embargo, a la vez, el gobierno recupera unos ¢27.000 millones porque el acuerdo incluye restablecer un IVA del 2% a la educación privada, al tiempo que anula todas las exoneraciones que los diputados habían aprobado en comisión fiscal a distintos sectores, como juntas de educación, asociaciones de desarrollo.

Es decir, por ahora, Hacienda recupera al menos ¢62.000 millones en un proyecto con el que esperaba recaudar ¢463.000 millones anuales.

Sin embargo, está por verse si será posible discutir de nuevo el resto de exenciones, que costarían unos ¢5.000 millones al año.

Según declaró el legislador Viales, cálculos de Hacienda indicaban que la pobreza extrema pasaría de un 5,6% de la población a un 5,9%, por lo que pujó por el mecanismo.

“Bajaría el efecto y se reduciría la pobreza. No se afectaría a la población más vulnerable. La preocupación mía ha radicado en que el Gobierno procurara un mecanismo real, efectivo, donde pudiera garantizar los aspectos que habíamos solicitado. Dejaríamos el mecanismo de trazabilidad, que era la principal preocupación del Poder Ejecutivo", continuó.

Alrededor de las 7 p. m., se aprobó la moción 700, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que restablece el capítulo del IVA tal como lo propuso el gobierno, con un 1% para los productos agropecuarios de la canasta básica y un 2% para los demás, así como un 2% de impuesto para la educación privada.

Votaron a favor Welmer Ramos, del PAC; Silvia Hernández, Yorleny León y Gustavo Viales, del PLN; y Pedro Muñoz, del PUSC.

En contra, se pronunciaron Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, de Restauración; Wálter Muñoz, del PIN; y José María Villalta, del Frente Amplio.

Posteriormente, cerca de las 8 p. m., con los mismos votos, se aprobó la moción 799 de la Unidad Social Cristiana (PUSC) que baja a un 1% el impuesto para todos los bienes de la canasta básica y que mantiene en un 2% el tributo a la educación privada aunque fue precisamente, por una moción del socialcristiano Pedro Muñoz, que semanas atrás se había exonerado a este sector.

Pedro Muñoz aseguró que seguirá luchando para que estos servicios no paguen impuestos. Para ello, reiterará en el plenario varias mociones suyas que no tuvieron una votación afirmativa en la Comisión de Reforma Fiscal.

“Seguiré dando la lucha para que educación pública y privada tengan el mismo trato”, afirmó el diputado del PUSC. En cuanto al acuerdo, dijo: “La Unidad siempre ha intentado buscar los puntos de equilibrio, los puntos de encuentro, los puntos de unidad, los puntos de confluencia que le han permitido al país salir adelante”.

Las pensiones del RNC

Las pensiones del RNC están previstas para:

-Adultos mayores que viven en pobreza

-Personas con discapacidad que no puedan trabajar

-Huérfanos menores de 21 años que se encuentren estudiando y no trabajen

-Viudas de entre 55 y 56 años que estén en desamparo económico

-Indigentes

Hasta abril anterior, el régimen brindaba una pensión mensual de ¢78.000 a poco más de 114.000 personas, así como 4.091 beneficios de ¢274.569 a personas con parálisis, según los estados financieros de la CCSS.

La puja por la canasta básica

El 22 de agosto, el diputado Viales se unió a Restauración Nacional (PRN), al Frente Amplio (FA) y a Integración Nacional (PIN) para eliminar el IVA sobre la canasta básica.

La reforma fiscal, propuesta por el gobierno de Carlos Alvarado, establecía un IVA del 1% sobre los productos agrícolas de la canasta básica y de un 2% sobre el resto.

Hacienda lamentó la decisión alegando que, con ese cambio, perdería cerca de ¢65.000 millones anuales, con lo cual, en su criterio, la reforma se tornaba insuficiente para mejorar la imagen fiscal del país ante los financistas internacionales. El Ejecutivo calculó que, junto a otras mociones, los ingresos adicionales esperados bajaban de ¢463.000 millones a ¢365.000 millones por año.

Alegó, además, que un IVA del 0% sobre la canasta básica impide controlar el pago del impuesto sobre toda la cadena de producción de los bienes.

Con el IVA, el último en la cadena de producción debe acreditar los impuestos que pagó a un intermediario, por ejemplo, y el intermediario debe hacer lo mismo con las compras que le hizo al proveedor de insumos. Esto permite revisar el pago a lo largo de toda la cadena. Si el producto está exento, el último no declara y se pierde la cadena de control.

Asimismo, Hacienda advirtió de que los agricultores resultarían perjudicados porque tendrían que pagar el IVA a sus proveedores, sin poder cargárselo a los consumidores.

PRN, FA y PIN reacionan molestos

Apenas se aprobó la moción 700, firmada por todos los diputados del PAC, las bancas del PRN, PIN y FA, representadas por Carlos Avendaño, Wálter Muñoz y José María Villalta, hicieron fuertes reclamos.

Primero, porque alegaron que “evidentemente había un acuerdo” que no se conocía y que debía transparentarse, según arguyó Muñoz.

Luego, tanto el frenteamplista como el jefe de Restauración Nacional argumentaron que hay un vicio de nulidad en la moción aprobada.

Villalta alegó que, según la moción de la vía rápida con que se tramita el plan fiscal, un diputado solamente puede presentar una moción para sustituir todo el proyecto o un capítulo de la iniciativa y que los legisladores del PAC firmaron, por igual, la moción de texto sustitutivo y la moción aprobada.

Además, por vía de comunicado de prensa, Restauración “lamentó el cambio de posición del diputado Gustavo Viales”, y argumentó que el impuesto “podría incrementar hasta dos puntos porcentuales” la pobreza.

Aunque Viales manifestó que intentaron sumar a los restauracionistas a la moción para aplicar una tarifa de un 1% a la canasta básica, Avendaño y Eduardo Cruickshank se pronunciaron en contra.

“El 2% del IVA a la Canasta Básica aumentará la pobreza en el país. Gravar la canasta básica podía incrementar hasta en 2 puntos porcentuales la pobreza", dijo Avendaño, aunque Viales tiene datos distintos.

El frenteamplista José María Villalta también le pidió al presidente de la comisión, el oficialista Welmer Ramos, que aclarara qué se hará con las mociones que la comisión aprobó durante las últimas semanas, las cuales incluyen múltiples exenciones, debido a que el cambio aprobado este miércoles se impone a todas ellas.

“No me corresponde responder esto, porque está claramente establecido, en el Reglamento, cómo las mociones que se van aprobando van integrando el nuevo texto, no tengo que contestarle porque usted sabe perfectamente cuál es la forma de actuar”, le respondió Ramos.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, apuntó que “siempre hubo un interés por mantener el 2%” a la canasta básica, pero que entiende que el 1% fue la única manera de darle viabilidad política al proyecto.

"Si no, el siguiente paso habría sido quedar con la canasta en cero, pero en el peor de los escenarios, ese cero no solo implicaba menos recursos, sino la imposibilidad de avanzar efectivamente en un mejor control de la evasión", comentó.

Aguilar dijo que quienes presionaban por un cero, si bien tenían algún interés de beneficiar “ciertos grupos”, en realidad lo que hacen es “beneficiar más a las clases altas” y, además, favorecer la evasión, “uno de los asuntos más críticos del sistema tributario”.

Aguilar agregó que ella espera que, en la etapa final, el proyecto no se degrade después de haber alcanzado un acuerdo en la Comisión de Reforma Fiscal.

En tanto, la liberacionista Silvia Hernández dijo que, a estas alturas del trámite fiscal, el acuerdo entre Viales y el Gobierno era “el acuerdo materialmente posible”.

"Mi postura sigue siendo que deberíamos haber mantenido lo que había inicialmente, era el acuerdo, pero ante esta situación es lo que podemos mantener, en un escenario de un 0% o un 1%. En razón de ese 1%, nos toca velar contra la evasión y la trazabilidad", dijo.

Agregó que se tuvo que sacrificar rendimiento, pero es el escenario que se logró construir políticamente. "No es el escenario que yo tenía como ideal, pero haberlo llevado a una solución en plenario, habría sido más complicado", indicó.

Una vez que se conocieron las 873 mociones de fondo del plan fiscal, la ministra de Hacienda apuntó que “siempre hubo un interés por mantener el 2%” a la canasta básica, pero que entiende que el 1% fue la única manera de darle viabilidad política al proyecto.