EscucharEl gobierno del presidente Rodrigo Chaves abandonó su cooperación con el Poder Legislativo, lo que lo posiciona como la segunda administración con la menor efectividad en los periodos de sesiones extraordinarias del Congreso. Su tasa de efectividad es de tan solo el 13%, siendo la segunda tasa más baja en las últimas tres décadas.
Solo 13 de cada 100 leyes que el actual Poder Ejecutivo ha convocado a debate en la Asamblea Legislativa, han sido aprobadas.
Este análisis fue revelado este jueves en el informe Estado de la Nación, el cual examinó de manera detallada el desempeño del Poder Ejecutivo. En el capítulo Fortalecimiento de la Democracia-Balance 2023, se determinó que hay un rompimiento en la relación del gobierno con los diputados.
El bajo porcentaje de éxito de Chaves solo supera al de Luis Guillermo Solís (2014-2018), el cual presentó una tasa de éxito de solo el 6% en sus primeros 12 meses.
La metodología utilizada por el estudio para definir la tasa de éxito se refiere a un valor que contrasta la cantidad de proyectos aprobados versus los convocados en el primer año de cada gobierno desde 1990.
Según el informe, a diferencia de las administraciones anteriores, el actual Ejecutivo dejó de priorizar las agendas multipartidistas con la Asamblea Legislativa, lo que ha impactado su efectividad en las sesiones extraordinarias.
“Mediante una cantidad muy similar de decretos a sesiones extraordinarias y a través de una cifra muy similar de proyectos de ley, el actual gobierno alcanza niveles bajos de éxito”, confirmó la investigación.
La administración de Carlos Alvarado (2018-2022) logró en su primer año una tasa de éxito del 31%, mientras que la de Laura Chinchilla (2010-2014) alcanzó el 69% al igual que la de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994).
En los últimos 33 años, el gobierno que mayor éxito presentó en las sesiones legislativas extraordinarias fue la segunda administración del expresidente Óscar Arias Sánchez (2006-2010), ya que el 70% de sus convocatorias terminaron siendo aprobadas.
Durante los meses de sesiones extraordinarias, el gobierno lleva la agenda del parlamento, por lo que se acostumbra que el ministro de la Presidencia se siente a negociar con la Asamblea Legislativa los principales temas y proyectos a tratar, con el fin de evitar entrabamientos y conflictos con los legisladores, especialmente cuando el oficialismo es una minoría.
“Luego de un período (2018-2022) en el que las fuerzas políticas de la democracia costarricense fueron capaces de superar el entrabamiento y la parálisis, se rompió la dinámica Ejecutivo-Legislativo que prevaleció en los últimos cuatro años, producto de la existencia de una coalición parlamentaria”, dijo el informe.
La ruptura de esta dinámica ocurrió en medio de condiciones de mayor conflicto por políticas públicas y una más elevada inestabilidad del gabinete al principio de la administración, agrega el documento.
Conflictividad del Ejecutivo con Legislativo pone en riesgo políticas públicas
El aumento de la conflictividad entre el gobierno y el Congreso, producido por la incapacidad del Ejecutivo de estrechar lazos con los legisladores y crear colisiones, complica que la administración de Rodrigo Chaves cumpla con una de sus principales responsabilidades: implementar políticas públicas para satisfacer las necesidades de la población
Según el informe, esa conflictividad obedece a la amplia variedad de fuerzas políticas que convergen en Cuesta de Moras y la carencia de empeño del Ejecutivo por entablar negociaciones.
Una práctica común en una Asamblea Legislativa fragmentada, como la actual, es que las distintas fracciones negocien e incorporen iniciativas de todas las fuerzas políticas a la agenda, con el fin de promoverlas y aprobarlas, como un mecanismo de transacción.
A cambio, el oficialismo “sacrifica” proyectos propios para así ceder espacio a iniciativas de la oposición.
Sin embargo, la administración Chaves Robles incluyó solo un 15% de propuestas de partidos opositores, frente al 39% que promovió la administración Alvarado.
Además, la administración actual apostó en sus convocatorias por más proyectos de su autoría o de la administración anterior y abrió menos espacios para los de agrupaciones opositoras, señala el reporte.
Igualmente, se evidenció que, en sesiones extraordinarias, la convocatoria de proyectos de la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) significó solo un 1% del total.
Vetos de ley abren brechas
Las diferencias entre estos dos poderes de la República se han visto reflejadas en los vetos de ley practicados por la administración Chaves Robles y los resellos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa. En sus primeros 12 meses como presidente, Chaves vetó (rechazó poner en vigor) cuatro leyes; de estas, tres fueron reselladas por los legisladores (es decir, le rechazaron el veto, para lo cual se requiere de mayoría calificada).
Si bien el gobierno del presidente Chaves no es el que más vetos ha aplicado en su primer año, el 75% de las leyes vetadas por él sí fueron reselladas. Esto coloca al gobierno actual como la administración con mayor porcentaje de resellos aplicados, revela el informe.
La administración Orlich Bolmarich (1962-1966) fue la segunda en la que más se utilizó la figura del resello, con un 67% de vetos presidenciales resellados por los legisladores.
“Vetar una ley tiene un alto costo político, genera un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y, si esto ocurre en los primeros 12 meses de gestión, el impacto del conflicto puede ser mayor. Por tal razón, un Ejecutivo que tenga una situación política adversa en el Congreso, como es el caso en la actualidad, tendrá, comparativamente, menor incentivo para vetar una ley, pues la Asamblea Legislativa puede reunir el apoyo para resellar”, dice el documento.
La potestad del Poder Ejecutivo de vetar una ley de forma parcial o completamente está establecida en la Constitución Política en los artículos 125, 126, 127 y 128, por criterios de oportunidad, conveniencia o inconstitucionalidad.
No obstante, la Asamblea Legislativa puede anular el veto presidencial y aplicar un resello, pero para ello requiere mayoría calificada, es decir, el visto bueno de dos tercios del total de sus miembros.
