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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ejecutó una suspensión por 30 días al alcalde de San José, Johnny Araya, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) comunicara una sanción en su contra.
Andrei Cambronero, vocero del TSE, confirmó que Araya se encuentra suspendido de su cargo desde este lunes y hasta el 5 de julio próximo, por orden de la CGR.
El Tribunal le comunicó la suspensión a la oficina de Talento Humano de la Municipalidad de San José el pasado viernes. La orden de ejecución de la sanción la acordaron los magistrados, el pasado 2 de junio.
El órgano fiscalizador encontró a Araya “responsable administrativamente en grado de culpa grave” por un pago sin “fundamento técnico” de una indemnización de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros, en el 2018.
Araya había apelado la sanción, pero la CGR resolvió la declaró sin lugar en diciembre. Él había alegado que la Municipalidad fundamentó esa indemnización en criterios técnicos, por lo que, en su criterio, no se trató de una decisión arbitraria.
Está pendiente la ejecución de otra suspensión de 25 días naturales por parte del TSE, por inscribir un vehículo asignado al alcalde como discrecional, así como por el daño a la Hacienda Pública derivado de las actuaciones que resultaron necesarias para revertir esa presunta inscripción irregular ante el Registro Nacional. En este caso, también se le achacó una responsabilidad civil solidaria por la suma de ¢200.000.
La CGR informó a los magistrados sobre estas dos suspensiones en enero del año anterior. Sin embargo, al encontrarse suspendido Araya por el caso Diamante, por orden de un juez penal, el TSE acordó que ambas sanciones no podrían ser simultáneas.
Araya regresó su puesto el pasado 24 de mayo, luego de levantarse las medidas cautelares en su contra que le impedían mantenerse como alcalde.
Pedirá indemnización
El alcalde dijo que cumplirá con las sanciones interpuestas por la Contraloría, pero adelantó que presentará una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y allí pediría una indemnización por dos castigos que considera injustos.
Araya, cuyo salario es de ¢5,7 millones al mes, dijo que el recurso lo presentaría en un par de semanas, mientras cumple con esta primera sanción y se queda a la espera de la segunda.
El alcalde aseguró que no correrá a pedir una medida cautelar en contra de la próxima suspensión. Indicó, eso sí, que no deberían ser seguidas, pues fueron dadas en momentos distintos, aunque ambas son del 2021. El caso de los parquímetros se resolvió en agosto y el de la matrícula en junio.
