EscucharLos alcaldes limonenses desplegaron una labor de lobby en la Asamblea Legislativa en busca de apoyo de los diputados para quitar a Japdeva la mitad de los recursos provenientes del canon del desarrollo del Caribe, nutrido con el 7,5% de los ingresos netos mensuales de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
El objetivo de los jefes municipales es que, mediante un proyecto de ley, se traslade a las municipalidades de Limón, Guácimo, Matina, Pococí, Siquirres y Talamanca el 50% de los recursos entregados por APM Terminals, con el propósito de construir “acueductos, caminos, escuelas” y otros proyectos locales, según indicó Wálter Céspedes, alcalde de Matina.
El borrador del proyecto de ley socializado con varios diputados en los últimos días, plantea que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) continúe administrando el 50% de los recursos restantes, para invertir en proyectos a escala regional.
No obstante, el plan también liberaría a los municipios de los controles para asegurarse que esos fondos sean invertidos en proyectos que realmente van a generar un impacto socioeconómico en la provincia.
En conversación con La Nación, el alcalde de Matina, Wálter Céspedes, confirmó el interés de los gobernantes limonenses. El jefe municipal socialcristiano argumentó que la reforma es necesaria porque, cuatro años después de que Japdeva comenzó a recibir los recursos, los fondos aún no son invertidos en la provincia.
En las cuentas de la entidad portauria se acumulan desde el año 2018 un total de $55 millones del canon. Hasta la fecha, el fondo no ha invertido un solo dólar en el desarrollo socioeconómico de la provincia.
Asimismo, Céspedes alegó que los proyectos presentados por las municipalidades a Japdeva recorren un camino “lento, tedioso, burocrático” para obtener financiamiento del canon.
Reconoció, además, que el hecho de que “se está hablando de que Japdeva está quebrada” es impulso para buscar apoyo.
“Nosotros estamos cansados de estarle presentado proyectos a Japdeva porque no tiene la capacidad técnica para poder administrarlos”, aseguró Céspedes.
Según Céspedes, con el cambio de Gobierno, la nueva Junta Directiva de Japdeva tomó un acuerdo para improbar los proyectos con visto bueno de la anterior administración. “Todos los proyectos y los convenios quedaron improbados”.
Municipios libres de controles existentes
Además de transferir la administración del 50% de los recursos del canon a las municipalidades, el proyecto de ley impulsado por los alcaldes libraría a los gobiernos locales de someter sus proyectos a la revisión del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
Ese ente desarrolló un mecanismo, con el aval de la Contraloría General de la República (CGR), para evaluar el impacto de las iniciativas planteadas a Japdeva. De tal manera que solo se aprueban obras que arrojen una calificación de alto impacto socioeconómico para la provincia.
Actualmente, los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones comunales que pretendan presentar proyectos con el canon de desarrollo, deben aprobar la verificación de Mideplán.
El alcalde Wálter Céspedes se molestó cuando se le consultó al respecto. En lugar de contestar la respuesta, el jefe municipal recurrió a insultos y reproches. “Ponga lo que usted quiera”, expresó.
“Es que usted le está dando otro tinte mi hermano, por eso no le quería dar declaraciones, porque La Nación siempre está en contra de las municipalidades. Si quiere lo pone usted así.
“Usted quiere sacar una publicación que las municipalidades quieren hacer fiesta, insistió el alcalde socialcristiano.
Sobre la ejecución de recursos, el proyecto plantea que “la responsabilidad por la ejecución presupuestaria, una vez realizada la transferencia de la competencia, será asumida por los gobiernos locales y sus funciones, de conformidad con la normativa actual, y su incumplimiento acarreará responsabilidad de los funcionarios responsables”.
Sobre la transparencia en el uso de recursos, el plan únicamente indica que las municipalidades “deben diseñar, divulgar e implementar una política para el fortalecimiento, divulgación, seguimiento y mejora de la transparencia en la gestión de programas y proyectos”.
La Contraloría General de la República (CGR) se ha opuesto a que diferentes propuestas sean financiados con el canon sin antes aprobar la evaluación de Mideplán. Así sucedió, por ejemplo, cuando el expresidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, pretendía financiar un parque de diversiones en Limón con los recursos del canon.
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Distribución de recursos entre municipios
El texto base planteado por los gobernantes limonenses plantean un esquema de distribución de los recursos entre las seis municipalidades de Limón. Estos conceptos son:
- Un 25% de los fondos se estimará con base al número de habitantes de cada cantón, según la población total de la provincia.
- Un 60% de los fondos se definirá con base al Índice de Desarrollo Social Cantonal.
- El 15% restante se distribuirá en partes iguales entre los gobiernos locales.
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