Unos 20 alcaldes presionaron a los diputados este martes, en las afueras del Museo de los Niños, para que aprueben un proyecto de ley que liberaría el gasto público en las municipalidades y les permitiría escapar de la regla fiscal.

Los gobernantes locales lograron su objetivo, pues el plenario dispensó el texto de todo trámite, lo que allana el camino para su aprobación.

Dicha iniciativa fue propuesta como una “herramienta para la gestión financiera” de las municipalidades por el estado de emergencia, pero la Contraloría General de la República alertó de “temas de van más allá de la necesaria atención del acontecimiento”.

Entre ellos, el ente contrarlor cuestionó artículos que debilitarían el control y la transparencia en las municipalidades.

Por ejemplo, el proyecto permitiría a los ayuntamientos hacer compras fuera del control del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Además, las facultaría a romper los topes establecidos por ley a los porcentajes de dinero que cada ayuntamiento puede destinar a gasto administrativo.

El expediente 21.922 fue propuesto por la diputada liberacionista María José Corrales. Fue dispensado de trámites este martes con 46 votos a favor y uno en contra.

Alegatos de diputados

Nielsen Pérez, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que el oficialismo decidió apoyar el plan porque se le harán modificaciones importantes para evitar un descontrol en el gasto.

Pérez alegó que el PAC no firmó el primer texto porque tenían una serie de observaciones de fondo.

Mencionó, por ejemplo, que no estaban de acuerdo con la idea de eximir a los ayuntamientos del pago de un 1% para financiar una oficina técnica en el Ministerio de Hacienda. Adujo que en la nueva versión, ese pago no se eliminó, sino que se redujo.

La legisladora agregó que su bancada tampoco estaba de acuerdo con excluir a las municipalidades del SICOP, pero que en su lugar se logró reducir el monto que deben pagar los gobiernos locales de menos recursos por participar en esa plataforma de compras.

Si bien la jefa del PAC dio esos cambios por hechos, todavía no existe un texto sustitutivo.

Pérez declaró que es vital darle una mano a los municipios, debido a que los medianos y pequeños ayundamientos afrontan serias afectaciones en sus ingresos.

Al insistírsele sobre los problemas de falta de control advertidos por la Contraloría, respondió:

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“Es que ya existen controles, no estamos siendo flexibles. Están todos los controles propios de elaboración de presupuestos, las municipalidades tienen su propias auditorías, los concejos municipales deben aprobar presupuestos, están los informes de rendición de cuentas y todo lo que hace la Contraloría.

“La posible flexibilización era con el artículo 10, con eliminar la participación en el SICOP, pero eso no se está haciendo”, enfatizó.

Al respecto, Johnny Araya, alcalde de San José, expresó que ellos no buscan aprovecharse del proyecto para generar recursos, sino que buscan generar posibilidades de financiamiento para atender la emergencia nacional por el nuevo coronavirus.

“Es un tema que no nos dejan utilizar nuestros propios ingresos para financiar servicios esenciales. No estamos aprovechando la emergencia, así como la Asamblea Legislativa está aprobando una serie de leyes en favor de recursos para el gobierno, igual las municipalidades que estamos en la primera línea de emergencia necesitamos los recursos”, dijo.

Araya descartó la posibilidad de generar recursos extra y sí fue enfático en el alegato de que los gobiernos locales deben quedar fuera de la regla fiscal.

El josefino añadió que la afectación de ingresos rondará al final de la emergencia en un porcentaje cercano al 25%, por lo que, si no hay medidas para combatir esto, se verán obligados a prescindir de personal.

Por su parte, Pablo Barquero, alcalde de Tilarán y presidente la Unión de Alcaldes, alegó que los ayuntamientos no buscaban quedar fuera del SICOP, sino un respiro económico para aquellos gobiernos locales con un presupuesto más reducido.

Barquero consideró que el dinero que pagan esos ayuntamientos por formar parte de la plataforma, se podría usar para costear servicios esenciales.

Agregó con la aprobación del proyecto también se le daría un respiro a los dueños de patentes de negocios que actualmente no están funcionando.

“Hay muchas municipalidades que reportan el no pago de ¢600 millones; los pagos que están viéndose afectados son patentes municipales y servicios (recolección de basura, entre otros). El proyecto de ley nos permite congelar las patentes, es una forma de ayudar al patentado”, añadió.

El deseo de las municipalidades es que estos beneficios rijan por lo que resta de este año y todo el 2021, porque el dinero recolectado durante este curso afectará el presupuesto del año entrante.