El mandatario Carlos Alvarado se manifestó, este martes, en favor de la ratificación del controversial Acuerdo de Escazú que se encuentra a la espera de segundo debate en el Congreso.

“Un acuerdo que refuerza el acceso público a la información ambiental, a la participación y al acceso de justicia en asuntos ambientales no debe ser sujeto de miedos, cálculos o excusas para nadie”, aseveró.

En semanas anteriores, dicho convenio fue duramente cuestionado por diputados de varias bancadas de la oposición y por múltiples cámaras empresariales.

Alvarado tocó fugazmente el tema durante la presentación de su tercer informe de labores en el plenario de la Asamblea Legislativa.

“A todas luces lo correcto es ratificarlo”, expresó al tiempo que advirtió sobre los problemas ambientales que afrontarán las futuras generaciones si no se aprueban ahora iniciativas como esa.

En otro orden de cosas, el mandatario también insistió en su discurso en que no se debe permitir la explotación petrolera y destruir la naturaleza que por años ha preservado Costa Rica.

“Por falsas ilusiones de riqueza sucia, no podemos darle la espalda a un legado verde construido por generaciones, cuando el mundo entero hoy se aleja del petróleo y ve a la Costa Rica verde como referente mundial”, añadió.

Polémica para aprobar acuerdo

El Acuerdo de Escazú es un convenio regional sobre el acceso a la información, la justicia y la participación pública en materia ambiental en América Latina y el Caribe.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en su tipo a nivel mundial en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Se firmó el 4 de marzo del 2018 en el cantón josefino de Escazú; de ahí su nombre.

El Congreso le dio primer debate el 13 de febrero del 2020. Para aprobarlo en forma definitiva se requiere de 38 votos, pero diferentes bancadas de oposición se niegan a apoyarlo.

Se trata de las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Restauración Nacional (PRN), así como del bloque independiente Nueva República.

El PUSC y los fabricistas alegan que dicho convenio incluye un mecanismo de participación ciudadana dentro del proceso de toma de decisiones que podría afectar “cualquier” actividad productiva.

El inciso 1) del artículo 7, por ejemplo, garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales sobre la base de la normativa interna e internacional.

El inciso 2) de ese mismo artículo establece ese mismo mecanismo de participación en “los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”.

Ls socialcristianos alegan que esa herramienta se podría prestar para frenar la generación de empleo y la reactivación económica.

Por su parte, diferentes cámaras empresariales también se han sumado a los cuestionamientos en contra del convenio internacional.

Al sector productivo también le preocupa que el mecanismo de participación ciudadana pudiera ser utilizado para frenar proyectos de desarrollo, afectar la economía y la generación de empleo.

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