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El presidente Carlos Alvarado Quesada se comprometió este domingo a discutir con diversos actores políticos y jefes de fracciones legislativas una mezcla de reformas viables de aprobación en el Congreso para amarrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el gasto público y, con este, un repunte del endeudamiento estatal.
Su declaración la hizo en cadena nacional cuando planteó su confianza de iniciar este mes negociaciones formales con el FMI para conseguir con esa entidad un acuerdo stand-by el cual daría acceso al país a $2.250 millones de crédito en los próximos tres años en desembolsos anuales de $750 millones.
Sin embargo, su mensaje desencadenó una lluvia de reproches de fracciones legislativas y sectores empresariales que atribuyeron al mandatario falta de claridad y ausencia de metas concretas para sacarle ese arreglo al organismo financiero internacional.
El acuerdo stand-by o Derecho de giro que pretende el gobierno es una línea de crédito especial del FMI para responder de forma veloz a las necesidades de financiamiento de un país y ayudarlo a superar una crisis en sus finanzas a cambio mejoras condiciones de endeudamiento pero a cambio de ajustes estructurales.
Alvarado declaró que se negociará ese acuerdo por cumplimiento de metas pero enfatizó que la estabilidad económica del país reside en “tomar medidas fuertes y valientes”.
“Este momento es tanto o más difícil que el que nos llevó a adoptar el plan fiscal”, manifestó.
En abril anterior, el FMI le sugirió al gobierno vender activos, crear impuestos ambientales y a la propiedad y más tributos para el consumo, como parte de una evaluación para darle un financiamiento especial por $508 millones dirigido a enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.
Sin embargo, con la negociación del acuerdo stand-by en el horizonte, le recomendó desde entonces congelar salarios del sector público y una veloz reforma del Servicio Civil luego de señalarle que solo este devora 35% del gasto público gubernamental.
En su mensaje del fin de semana, Alvarado repasó estas recomendaciones con las cuales sería posible, según proyecta el FMI, recortar la deuda pública en tres puntos porcentuales y situarla en 67% del producto interno bruto (PIB) al año 2025.
“La situación extrema que ha generado la covid-19 hace indispensable este acuerdo con el Fondo para mantener la estabilidad económica del país en los próximos años”, advirtió el mandatario.
Alvarado declaró que aún es pronto sobre cuáles metas se negociarán con el FMI para entrar en detalles pero prometió que sería un diálogo político con distintos actores.
“Estos pormenores serán discutidos no solo con el FMI, sino también con actores políticos claves como las y los diputados y los liderazgos políticos, porque debe ser un acuerdo cuya aprobación legislativa sea viable. Para esto dialogaré con los jefes de fracción”, adelantó Alvarado.
El presidente reveló que el eventual acuerdo será una mezcla de medidas de reducción del gasto, mayores ingresos o eficiencias de la gestión pública sin perjudicar a la población pobre.
No obstante, mencionó que esa hoja de ruta habría de preservar la estabilidad de la economía y las finanzas públicas, traer mayor eficiencia en materia pública, preservar el Estado Social de Derecho y el menor impacto posible sobre la población.
“Buscaremos al máximo evitar nuevos impuestos o mayores cargas, sobre todo para la gente más humilde. Y si la situación causada por la pandemia nos obligase a avanzar en esa dirección, se haría repartiendo cargas entre los grupos que tienen mayor riqueza, desde una visión solidaria, y procurando, a la vez, no afectar el aparato productivo”, adelantó.
Medidas específicas
En materia de empleo, anunció la adopción de las jornadas laborales excepcionales referida a la propuesta de ley del gobierno de reducir 15% la jornada de los empleados públicos mejor pagados para ahorrarse ¢130.000 millones tal y como lo planteará este lunes en la Asamblea Legislativa.
En línea con la recomendación del Fondo, calificó como crítico aprobar la reforma al empleo público, hacer la contratación administrativa más rápida y más transparente, “y seguir zocando la faja en todo lo posible sin afectar el desarrollo”.
Adelantó que, al cierre de este año, habría un cambio en el costo de la electricidad distribuida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que traería “alivio en sus distintas tarifas”, y que seguiría la ruta de fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Sobre este punto, la presidenta del ICE, Irene Cañas, afirmó este domingo a ser consultada que los esfuerzos del ICE en la renegociación de su deuda y el recorte de su propio gasto los plasmará en una próxima solicitud de ajuste tarifario ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en sintonía con el anuncio del mandatario de abaratar el costo de la electricidad costarricense.
Alvarado también prometió mantener lo que calificó como un “ambicioso plan de infraestructura” que incluirá carreteras, puentes, escuelas, acueductos y hospitales como fórmula generar empleos y mayor competitividad productiva.
El presidente recordó que este lunes el ministro de Hacienda presentará también a la Asamblea Legislativa un nuevo presupuesto extraordinario que recorta en ¢355.000 millones el gasto público público este año.
El 9 de junio anterior, la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó el segundo presupuesto extraordinario planteado por el gobierno para el 2020 porque la mayoría de los diputados consideraron que, mientras los ingresos por impuestos caen considerablemente por la crisis del coronavirus, el Ejecutivo seguía sin tomarse en serio el recorte del gasto y solo planteaba medidas “irrisorias”.
Fracciones y empresarios critican mensaje
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó luego del mensaje presidencial que la reducción de la tarifas eléctricas del ICE es una buena medida pero tardía que debió adoptarse hace dos años.
“Los costarricenses estamos absolutamente claros que las tarifas que pagamos vía ICE son tarifas muy caras por el problema financiero que tiene esta institución permitiendo que no se dé más desarrollo industrial y comercial en el país respecto a otros países del área”, indicó.
Sin embargo, Chacón desafió a Alvarado y a su equipo económico a ir más allá de un discurso televisivo y presentar una ruta absolutamente clara de todo cuanto queda por hacer de cara al acuerdo con el FMI.
“Debe ser absolutamente clara de qué proyectos en el marco financiero y proyectos de ley complementarios se tramitarán en próximos meses para que Costa Rica salga adelante de una manera justa y equitativa, el Poder Ejecutivo sigue debiendo esa ruta y esta debe ser entregada lo antes posible al país”, lanzó Chacón.
Carmen Chan, jefa de fracción del partido Nueva República, criticó del mensaje de Alvarado la falta de más recortes.
“Sí es posible recortar un 12% del Presupuesto Nacional, controlando el gasto superfluo y redirigiendo los superávits presupuestarios hacia el pago de deuda pública”, declaró la diputada.
Chan también reprochó del mensaje que el Gobierno no descarta del todo recurrir en algún momento “a nuevas cargas sociales, el costarricense de a pie vive angustiado, sin empleo y con mucha incertidumbre hacia el futuro”.
También los empresarios le criticaron a Alvarado su falta de claridad porque no explica cómo ejecutará esas ideas y los responsables de asumirlas y los plazos.
“En ningún momento menciona al sector privado, ni de qué manera el Estado facilitará y dará soporte a los empresarios y emprendedores”, lanzó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) en un comunicado.
Para la Unión, falta un sacrificio importante del Estado, jornadas reducidas en el sector público, una reorganización de instituciones y venta de activos para pagar deuda y “sigue sin responder a las urgencias de reducir el déficit fiscal y el abuso de los gastos del gigantesco aparato estatal, causantes directos de la pobreza y el desempleo, entre la inmensa clase trabajadora del sector privado”, agrega el comunicado.
La Cámara Costarricense de la Construcción, por su parte, manifestó “su profunda preocupación por la falta de una ruta económica clara”.
Según esa organización, faltan acciones concretas, fechas de ejecución y responsables, que puedan “sacarnos de la parálisis en la que nos encontramos, que día a día se traduce en una mayor pérdida de empleos”.
