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El empresario Antonio Álvarez Desanti, aspirante a diputado por el PLN y jefe de campaña de Johnny Araya, figura en una controversia periodística en Panamá por la compra de tierras protegidas en una zona indígena del Caribe.
Una publicación del diario panameño La Prensa cuestionó ayer la forma en que una abogada logró comprar 686 hectáreas en menos de $200.000 a tres habitantes del territorio indígena para, luego, venderlas al político costarricense en “varios millones de dólares”.
El político afirmó ayer que compró de buena fe y que la transacción no ha sufrido obstáculo legal alguno en el país vecino. Según el diario , en julio del 2009, Álvarez Desanti empezó negociaciones con la abogada Evisilda Martínez para adquirir las propiedades costeras ubicadas en el distrito Kusapín, en la comarca indígena Ngäbe Buglé (provincia de Chiriquí), donde el dirigente de Liberación Nacional (PLN) planea desarrollar un hotel con énfasis ecológico de más de $40 millones.
Luego, firmaron una opción de compraventa en enero del 2010.
Sin embargo, hasta ese momento Martínez no era la propietaria de las tierras. Su bufete, dice La Prensa , ayudó a tres indígenas a presentar, en los tribunales, procesos de prescripción adquisitiva para reclamar títulos de propiedad.
En Panamá, mediante ese recurso, pueden reclamar tierras privadas las personas que las han ocupado por más de diez años de manera “pacífica e ininterrumpida”, siempre que juren desconocer el paradero de su verdadero dueño.
Una vez firmada la compraventa, los procesos fueron interpuestos ante el Primer Circuito de Bocas del Toro y, según el diario , estos fueron resueltos en cuatro meses, aunque usualmente son trámites engorrosos y prolongados.
Una vez que los jueces otorgaron los títulos, los indígenas vendieron las tierras a la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral en $197.000 en julio del 2010, sociedad controlada por Evisilda Martínez.
Y, de inmediato, la abogada vendió la sociedad a Antonio Álvarez Desanti en “varios millones de dólares”, según confirmó ayer el propio político, quien sostuvo que no pueden revelar el monto debido a una cláusula de confidencialidad.
Según La Prensa , en diciembre pasado, seguía abierta una investigación por este caso en el Juzgado Primero Penal de Panamá.
En entrevista con La Nación , Álvarez afirmó que él y sus socios compraron a terceros de buena fe. Añadió que, según le informaron sus abogados, el caso judicial tiene más de tres años de estar parado y no se ha acusado a nadie, por lo que está prácticamente descartado.
Añadió que, si la causa avanzara, ellos no tienen por qué verse afectados: “Si hay algo que no esté correcto, a nosotros no nos afecta porque nosotros compramos al amparo del Registro Público, compramos de buena fe”.
Álvarez relató que su familia tiene operaciones bananeras en Panamá desde el año 2008 y que, tras conocer el país, decidieron invertir en turismo. Para ello, uno de sus abogados en Costa Rica les dijo que conocía a un empresario estadounidense radicado en tierras panameñas, llamado Jason Harris, quien podía conseguir tierras.
Fue así como el bufete costarricense BLP se encargó de buscar opciones y les presentó la oferta de la abogada panameña.
De acuerdo con Álvarez, él sabía que quienes decían ser los dueños de las tierras no tenían títulos, por lo que acordaron que no pagarían antes de que los juzgados sentenciaran en su favor.
Añadió que incluso depositaron el 10% del valor de la compra en el bufete costarricense BLP e hicieron estudios ambientales y de ingeniería para asegurarse de que los terrenos eran aptos.
Según el aspirante a diputado, si bien las tierras están en una zona indígena, estas eran privadas por lo que la ley no impedía su venta.
Además, dijo que construirán en armonía con el ambiente sin tocar humedales protegidos por una convención internacional.
Álvarez se asoció con holandeses para la compra de las tierras y, para desarrollar el hotel, con la cadena Six Senses.
