Álvaro Ramos: ‘Me sentí utilizado’ en caso de Parque Viva

En su criterio, las consultas que hizo en julio a la Superintendencia General de Valores (Sugeval), sobre los bonos emitidos por La Nación S. A. en el mercado bursátil entre el 2013 y el 2014, se apegaron a derecho.

No obstante, aseguró que después de esa gestión, Chaves emprendió una secuencia de actos que configuran un abuso de poder con la finalidad de coartar la libertad de prensa del diario La Nación, que concluyeron con la clausura de Parque Viva, el viernes de 8 de julio.

Ramos dijo coincidir con los magistrados de la Sala Constitucional, quienes, por mayoría, anularon el cierre tras considerar que fue ‘atropellado e ilegítimo’ y que violó la libertad de expresión por ser una forma de represalia por “las noticias publicadas en contra del mandatario y su partido”.

Defendió la decisión de apoyar un aumento salarial, de carácter retroactivo, para los 63.000 empleados de la CCSS, aprobado por la Junta Directiva. Esta medida, al final, le costó su salida de esa institución, el 17 de setiembre y, ahora, que el presidente Chaves anuncie que lo denunciará penalmente.

Él insistió en que no existe ninguna acusación en el Ministerio Público en su contra, que actuó apegado a derecho, que la Caja no está quebrada y que tiene capacidad financiera para asumir el pago de ese ajuste salarial. Lea a continuación la entrevista que concedió a este diario la tarde de este viernes.

—El miércoles trascendió el fallo integral de la Sala IV relacionado con el cierre de Parque Viva. En su oportunidad (6 de julio) usted compartió escenario con el presidente Chaves para hablar sobre los bonos de Grupo Nación. Los magistrados constitucionales, por mayoría, concluyeron, que el cierre de ese centro de eventos fue un abuso de autoridad, como represalia por los artículos publicados en La Nación sobre el quehacer del mandatario y su partido. Incluso, los magistrados citan esa conferencia de prensa en la que usted participó. ¿Coincide con la Sala IV? ¿Qué opina de esa resolución?

Sí. Coincido. La resolución tiene el enfoque correcto. Los actos individuales, por ejemplo, el mío, que en respuesta a una denuncia que me trasladó don Rodrigo, investigamos la situación financiera de La Nación y concluimos que sí ameritaba consultar si el fideicomiso afectaba la capacidad de repago.

“Ese acto de nosotros, como Caja, sí está a derecho. Pero la secuencia de actos del presidente configura un abuso de poder, porque utiliza instrumentos legítimos con un fin ilegítimo: coartar la libertad de prensa.

“En esa misma conferencia (el miércoles 6 de julio) fue obvia la diferencia en presentación de los hechos fácticos, al punto de que el propio presidente, en transmisión en vivo, me tildó de ‘diplomático’, cuando literalmente lo que yo buscaba era, como funcionario, mantenerme apegado a derecho. No podía descuidar mi deber fiduciario hacia la Caja, pero tampoco extralimitarme en qué sabía de La Nación en ese momento”.

—Usted menciona una denuncia, ¿cuál denuncia le pasó don Rodrigo? ¿Cómo se la pasó? ¿Personalmente? ¿Por WhatsApp? ¿Qué le dijo?

Personalmente. Me indicó que le habían llegado con información de que La Nación había creado un fideicomiso que potencialmente podía dificultar el acceso de los acreedores a los activos del Grupo Nación en caso de impago de la emisión. Como toda otra denuncia, la tomamos con absoluta seriedad.

—Y después de que se intermedió con la Sugeval. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Existía el riesgo del que hablaba Chaves?

Después del cierre del Parque Viva, para serle franco, parecía mucho menos relevante el tema del fideicomiso.

—¿Usó el presidente Chaves a la Caja para atacar la libertad de expresión en el caso de La Nación, en su criterio?

Tal vez la palabra que usaría es que utilizó a la Caja para crear precondiciones psicológicas, porque evidentemente nuestra consulta no afectaba en nada a La Nación, pero el presidente la utilizó para construir una narrativa inapropiada.

—¿Se sintió utilizado?

Sí. El problema es que el ámbito de acción en el que me moví no podía ser de otra manera. Es decir, recibimos una denuncia, la revisamos, consultamos. No hacerlo tenía implicaciones serias.

“Tal vez para decirlo más claro. No realicé un acto incorrecto, pero me sentí utilizado en que un acto esencialmente correcto dentro de la función pública configuró un paso en una secuencia que tenía un fin incorrecto. Así fue como lo acaba de determinar la Sala Constitucional”.

—¿Ve síntomas de que se está utilizando la institucionalidad con fines no legítimos?

Sí. Observe lo de anteayer (miércoles para el lector). Una denuncia que no existe es anunciada como base para descabezar la institución más importante del país y más independiente del Poder Ejecutivo. ¿Con qué fines? Aún no es claro. Pero sí creo que el presidente debe recapacitar. Muchos sectores ya están manifestando su disconformidad. Y no son solo los sindicatos, hasta la Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado) manifestó su preocupación.

—Sobre su salida de la CCSS en particular. Cuando se dio a conocer su cese, el presidente Chaves lo elogió y hasta planteó la posibilidad de que continuara en el Gobierno, pero en otro cargo. Días después cambió de versión y cuestionó su gestión. Ahora, anuncia que lo denunciará penalmente. ¿Qué pasó desde su salida hasta ahora, para que el presidente cambiara su discurso de forma tan radical? ¿Cómo explicarlo?

Es muy curioso porque ha sido público y notorio que, hasta ayer (jueves para el lector), con excepción del vídeo que hice para despedirme del personal de la Caja, opté por mantenerme en silencio.

“Probablemente, la respuesta la tiene el presidente, no yo. Pero si tuviese que aventurar una hipótesis, lo ha frustrado que yo le advertí que la lógica de la Caja implicaba que las decisiones –cuando están bien fundamentadas–, no son fáciles de revertir. Entonces, ha buscado este otro camino, intentando desacreditar a los miembros de la Junta Directiva.

“Adicionalmente, la gestión de la Caja no pasa únicamente por la Presidencia Ejecutiva, sino por la Junta Directiva y, posiblemente, lo ha frustrado que las decisiones de la Junta Directiva no son acordes a sus deseos”.

—¿Cómo se manejaba ese tipo de decisiones tan complicadas? El ajuste salarial, por ejemplo.

Toda decisión importante requiere de una decisión de Junta Directiva y aunque la Caja es autónoma, típicamente procura respetar los decretos ejecutivos. En esto es importante diferenciar una conferencia de prensa de un decreto ejecutivo.

“La secuencia de decretos ejecutivos es esta. A finales del 2019 se firma un decreto ejecutivo que autoriza este aumento salarial, que por cierto lo firma don Rodrigo Chaves, en calidad de ministro de Hacienda.

“A principios del 2020 se suspende el pago del aumento pactado, por motivo de la pandemia, usando otro decreto ejecutivo. A mediados del 2022, el ahora presidente Rodrigo Chaves deroga el decreto de emergencia por la covid-19 e implícitamente deroga el sustento para continuar con la suspensión del pago del aumento salarial.

“Desde la perspectiva de la Caja, legal y moralmente, no había duda de que se debía honrar la deuda salarial. La pregunta era: ¿Tenemos el dinero?

“La respuesta de Financiero y Actuarial fue que sí. La Caja salió sorprendentemente fuerte de la pandemia. Entonces, no había razón para no pagar. Sin duda se debía honrar lo pactado”.

—Existe un criterio de la Dirección Actuarial que dice que ese pago “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”. Y aun así se autorizó. Es la base que usa el presidente para anunciar que lo van a denunciar penalmente.

¿Recuerda ‘Concherías’, el libro de don Aquileo Echeverría? ‘Pídanme la vida, pero la firma, mírala’. Precisamente porque lo firmado se honra. Los puntos técnicos son muy finos, pero tuvimos una discusión de ocho horas previo a la decisión de autorizar el pago. Lo podríamos describir como un largo careo entre la dirección actuarial y la financiera. Y ambos concordaron que no había afectación.

“Esta frase: ‘acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social’, en particular, estaba muy mal sustentada técnicamente”.

—¿Por qué?

Si usted revisa el estudio actuarial, es evidente que cualquier aumento salarial que sea inferior a la inflación, cumple con los supuestos del modelo. Este aumento es si acaso del 2% nominal en un entorno de inflación superior al 10%. Entonces, resultaba difícil conciliar la frase con el modelo.

“A modo de contraejemplo. Un aumento salarial del 20%, que excediera en mucho la inflación, claramente incumple con los supuestos del modelo actuarial”.

—¿Sostiene hoy, entonces, que ese aumento no afectará las finanzas de la CCSS?

A ver, lo correcto es decir: El aumento es acorde con la capacidad de pago actual de la Caja. Cualquier decisión tiene costo. La pregunta es si la Caja puede asumirlo para seguir cumpliendo con sus obligaciones. Eso es cierto si se trata de una inversión en un hospital, una compra de insumos médicos o un ajuste en los aportes, por ejemplo.

“La reducción de la Base Mínima Contributiva costará ¢18.000 millones y también lo autorizamos. Pero con la idea de que eso eventualmente permitirá cumplir mejor los objetivos de la Caja”.

—¿Y a mediano o largo plazo podría afectar la capacidad de pago?

No, no es importante en ningún escenario. Le daré una idea de las magnitudes. El portafolio de inversiones planeadas es de aproximadamente ¢4 millones de millones. La deuda del Estado con la Caja crecerá unos ¢3 billones durante la próxima década, si continúa en los patrones actuales. En contraste con los ¢10.000 millones anuales que cuesta este aumento o la reducción en la Base Mínima Contributiva.

“¿De dónde sale la deuda del Estado? De que por ley se ha obligado a la Caja a prestar atención médica a mucha gente que no está asegurada. Por ejemplo, a los niños cuyos padres no están asegurados.

“(...) Esas deudas no son ocurrencias. Responden a una necesidad real de la población que es atendida y, que en buena teoría, deberían ser responsabilidad del Ministerio de Salud o el Estado. Pero se han delegado en la Caja porque tiene mucha capacidad de atención. El problema es que luego se deja la factura impaga por servicios que sí le costaron dinero a la Caja. No se vale luego decir: ‘la Caja no gestiona bien’”.

—Ahora decía que es importante diferenciar una conferencia de prensa de un decreto ejecutivo. ¿A qué se refería?

Copiado!

Para ponerlo blanco y negro. La secuencia de decretos firmada por el presidente dice: pague lo pactado. Que en conferencia de prensa manifieste que no le gusta la idea, es irrelevante jurídicamente. El mecanismo a través del cual el Poder Ejecutivo puede orientar las decisiones de una autónoma es el decreto ejecutivo. Cualquier otra cosa es inferior.

—Entonces, ¿estamos ante un discurso contradictorio? ¿Se hace una cosa y se dice otra?

Sí, permítame un contrafactual. Un escenario hipotético. Yo voto en contra del aumento salarial y el presidente me destituye y comunica, como es su preferencia, en conferencia de prensa, que me ha destituido porque la firma de él se respeta. Y ha manifestado que, en al menos dos decretos, el del 2019 autorizando el aumento y el del 2022 descongelando la suspensión, que su voluntad es pagar el aumento.

“Que hay criterios financieros y actuariales favorables, que yo no entiendo la tradición civil y política de que la firma se honra y, por ende, me ha destituido. Para todos ustedes habría sido un escenario mucho más consistente, ¿no?

“Usted me dirá: ‘pero él se había manifestado en oposición al aumento’.

“No, él solo manifiesta su oposición después de que autorizamos el pago. En múltiples reuniones con él nunca me habló del aumento. Y es imposible que lo desconociese porque él mismo lo firmó”.

—¿Cuándo se da cuenta que él estaba en contra del aumento?

Después de la autorización en firme. Se publicó en medios y me escribió, que no estaba de acuerdo.

—¿Y le comentó sobre los decretos que él mismo firmó?

Copiado!

Le expliqué todo a lo largo de varios días, hasta que decidió destituirme. El argumento de él se centraba en que por la regla fiscal el pago era ilegal. A pesar de que también le expliqué que a la Caja no le aplica la regla fiscal.

—Incluso eso también lo dice Hacienda…

Y la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República.

—¿En el Consejo de Gobierno ampliado alguna vez se discutió o se conoció el informe de don Nogui Acosta sobre que la regla fiscal no afecta a la CCSS?

No en mi presencia. No sé si lo vieron después de mi salida.

—¿Le sorprendió cuándo el presidente anunció que lo va a denunciar penalmente por ese hecho?

Sí. Y aún más sorprendido de llegar a la Fiscalía y de que no había denuncia. Yo no salgo de mi asombro. Y máxime cuando se quiere descabezar la institución más fuerte del país, usando una inexistente acusación penal.

—¿Siente que le está cobrando el mensaje de despedida que le envió al personal de la CCSS?

Copiado!

Usando la inexistente acusación penal… Quizá, pero parece extraordinario, ¿no? Digo, es un mensaje muy positivo. La única contradicción real al discurso del presidente, en el mensaje que di, es que la Caja no está quebrada.

—Pero lo contradijo, él antes había dicho que sí estaba quebrada. Eso no le debió gustar…

Yo sé, pero era imposible dejar pasar esa afirmación. No es de ahora, tengo más de una década de luchar contra ese tipo de afirmaciones. De hecho, el conflicto técnico más profundo que tuve con mi predecesor en Supén (Superintendencia de Pensiones), don Édgar Robles. Fue porque él se sentía cómodo afirmando justamente eso. Y hasta escribí una vez en La Nación sobre por qué es un error conceptual afirmar que la Caja está quebrada. Me llovió por eso, pero entonces no es una ocurrencia o ganas de contradecir, es que tengo literalmente años defendiendo el punto.

—¿Qué opina de que se anuncien denuncias penales contra todo aquel que se oponga a lo que diga el presidente?

Creo que todos nosotros lo que queremos es una Costa Rica mejor. Este camino no me parece el apropiado. De estar constantemente polarizando, acusando, denunciando. Tenemos amenazas reales como el narcotráfico, como para estar tratando de maleantes a directivos de la Caja o de maleante a todo el que se oponga o discrepe con el presidente.