EscucharAndrea Álvarez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció en el plenario legislativo que votará en contra de la “ley jaguar” planteada por el Gobierno. Esta ley propone, entre otros aspectos, someter a consulta popular la reforma de las potestades que tiene la Contraloría General de la República (CGR) para fiscalizar contratos públicos.
Según la legisladora, no apoyará la convocatoria conjunta del Legislativo con el Poder Ejecutivo a esa consulta popular debido a los severos cuestionamientos de constitucionalidad que tiene, en su esencia, el proyecto. Además, porque considera que abre espacios para la corrupción en contratos públicos.
“Considero muy irresponsable que el gobierno pretenda someter al país a un desgaste sobre un proyecto de ley cuyo fin es debilitar las competencias de la Contraloría General de la República y desmantelar sus poderes de fiscalización. Si se reducen o limitan los controles, se abre un peligroso paso hacia la corrupción”, indicó Álvarez este jueves, en su espacio de control político.
Según jurisprudencia de la Sala Constitucional de 1998, es inconstitucional disminuir las potestades de la Contraloría mediante una ley ordinaria como es la llamada “ley jaguar”.
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Álvarez afirmó que no cederá ante lo que llamó “amenazas” del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien advirtió con “exhibir y quemar” a quienes no estén de acuerdo con sus propuestas, según alegó la diputada.
Por eso, dijo que con total transparencia se convierte en la primera diputación que manifiesta abiertamente su posición ante la eventual votación, sin miedo a las amenazas y convencida de que es lo correcto para la ciudadanía.
“Lo propuesto es una venganza contra las instituciones que evitan, hoy por hoy, que los corruptos se roben la plata y cometan actos irregulares”
— Andrea Álvarez, diputada del PLN
Asimismo, aclaró estar 100% a favor de la construcción de la Ciudad Gobierno e indicó que, si el Gobierno hubiera tramitado la contratación como exige la ley, siguiendo el camino correcto y los procedimientos establecidos, ya estaría en trámite su construcción.
“El proyecto es lamentable y decepcionante, pues no incide en la calidad de vida de los costarricenses. Honestamente, esperaba que se sometieran a la voluntad popular temas que sí sean de impacto en la seguridad, economía, vivienda y otros aspectos que siguen pendientes de resolverse en la vida de los costarricenses. Lo propuesto es una venganza contra las instituciones que evitan, hoy por hoy, que los corruptos se roben la plata y cometan actos irregulares”, puntualizó Álvarez.
