Ante dudas de Gobierno, fiscal niega ilegalidad de escuchas telefónicas contra crimen organizado

Este mismo miércoles, sin embargo, después de la presentación del Poder Ejecutivo, el fiscal general, Carlo Díaz, declaró que no es necesaria la aclaración y no debe existir ningún debate. En su criterio, el artículo se encuentra activo y vigente.

¿Por qué el artículo es clave?

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Esta norma regula las escuchas telefónicas por parte de las autoridades judiciales en investigaciones sobre crimen organizado. Mediante este artículo, se realizaron intervenciones telefónicas de implicados en los casos Cochinilla y Diamante, sobre presunta corrupción en obras públicas, así como en otros expedientes por narcotráfico y lavado de dinero.

¿Qué dijeron el ministro y el presidente?

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“Hacemos un llamado respetuoso al Poder Judicial y a los diputados para que, de una vez por todas, se aclare la duda legal”, manifestó el ministro Campos.

En tanto, en conferencia de prensa posterior al acto oficial, el presidente Chaves dijo sobre la vigencia del articulado.

“¿Uno se pregunta por qué hay gente que quiere dejar esa nebulosa, ese portillo técnico?”, citó.

Rodrigo Chaves sostuvo que, si se llega a demostrar que el artículo no está vigente, podrían salir de la cárcel “personas muy peligrosas”, a las cuales se les imputó mediante ese mecanismo.

En tanto, Gerald Campos manifestó que “necesitamos que sean claros con nosotros”.

“Si no está derogado, se ocupa reforma; si está derogado, se ocupa reforma; porque a nosotros como Gobierno lo que nos preocupa es que no se puedan procesar esas personas por una ausencia de legislación”.

Al ser consultado sobre el llamado del Poder Ejecutivo, el fiscal Carlo Díaz fue tajante: “Para nosotros está completamente vigente, no tenemos ninguna duda, incluso hay tribunales que se refirieron al respecto y no considero necesario hacer esa aclaración”.

Discusión en el Congreso

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La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa había rechazado un proyecto de ley de la diputada Carolina Delgado, en relación con esta discusión, que habría puesto en peligro las pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas en los casos Cochinilla y Diamante, así como otros por narcotráfico y crimen organizado.

Este plan buscaba “restituir” el artículo 2 de dicha legislación, el cual permite las intervenciones telefónicas. No obstante, según advirtieron varios diputados, aprobar esa restitución hubiese implicado admitir que el artículo 2 fue efectivamente derogado.

A su vez, el Congreso tramita otra reforma a la Ley sobre Delincuencia Organizada que duplicaría los plazos de prisión preventiva a los sospechosos de crimen organizado. Fue calificado de vita por el fiscal general para evitar la liberación de sospechosos. Este plan afronta centenares de mociones de Carolina Delgado.

No obstante, el ministro de Justicia dijo: “Recientemente se indicó en este proyecto de que, si no había esta reforma, muchos iban a quedar en libertad. Yo me pregunto cómo van a quedar en libertad si el artículo no está derogado. A nosotros nos genera la duda, imagínese al ciudadano”.

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Los alegatos de la diputada Carolina Delgado sobre el artículo 2 obedecen a lo siguiente: en el 2017, los diputados aprobaron una ley para crear la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, la cual derogaba los artículos 2, 3, 6 (parcialmente) 7 y 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues ya no iban a ser necesarios.

Originalmente, la ley 9481 entraría a regir en octubre del 2018, pero como no hubo presupuesto para ello, los diputados aprobaron otro proyecto para aplazarla hasta el 14 de octubre del 2019.

Luego, una vez más, el Congreso postergó la aplicación de la norma en forma indefinida por la persistencia de problemas presupuestarios, pero la nueva postergación rigió a partir del 30 de octubre del 2019.

Según la diputada Delgado, existió un plazo de 16 días (entre el 14 y el 29 de octubre del 2019) en que la Ley 9481 se hizo efectiva y, por ende, derogó el artículo 2.

Por ello, ella insiste en que se debía restituir el artículo 2, pero los demás diputados sostienen que haber hecho eso implicaría reconocer la derogatoria y poner en riesgo casos de crimen organizado.