El gobierno prometió que, si la Asamblea Legislativa le aprueba un crédito de $380 millones (¢216.000 millones) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), los recursos se destinarán a la atención de la emergencia provocada por el nuevo coronavirus y, si sobran fondos, a pagar deuda pública.

Dicho compromiso lo asumió Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, en un oficio que le dirigió este miércoles al presidente del Congreso, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides.

“El Poder Ejecutivo manifiesta su compromiso de que dicho crédito será utilizado en la atención de la emergencia nacional originada por el covid-19 y puesto al servicio de la deuda (capital e intereses), en caso de que sobren recursos”, dice la comunicación del jerarca.

La intención de la nota, según escribió Chaves, es facilitar el proceso de aprobación del empréstito, ante las dudas que surgieron en el seno de la Asamblea Legislativa por el contenido de la propuesta enviada por el gobierno el martes.

El texto del proyecto de ley, presentado este miércoles por el Ejecutivo, indica que el crédito internacional se utilizaría para financiar los gastos del gobierno ante la caída en los ingresos tributarios.

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De acuerdo con la presentación del proyecto, los recursos son urgentes debido a que, durante los próximos tres meses, el gobierno verá sus ingresos reducidos por la desaceleración económica y la moratoria aprobada en el pago de impuestos.

Las dudas surgieron porque el gobierno había dicho que el préstamo BID-AFD era parte de un plan para destinar ¢1 billón a atender los efectos sanitarios y económicos de la pandemia.

Exige más claridad

En opinión de Carlos Ricardo Benavides, tal explicación es distinta de la que consigna el proyecto de ley, por lo que considera urgente que se aclare “más allá de toda duda” en qué se utilizarían los recursos, con el fin de que los diputados puedan emitir un criterio informado y decidir si apoyan el plan o no.

“Por eso es que hacemos las leyes, una cosa es lo que se diga en cartas fuera del expediente y otra es lo que quede constando dentro del expediente legislativo”, afirmó el jerarca legislativo a La Nación.

El diputado afirmó que es necesario evitar futuros problemas con la aplicación de este crédito.

“No me parece que quede claro que el dinero se va usar para la emergencia. Es decir, a mí eso es lo que me ha manifestado Pilar Garrido (ministra de Planificación), quien es la coordinadora del equipo económico, pero eso no es lo que dicen los expedientes que están siendo sometidos a conocimiento de la Asamblea Legislativa”.

“Eso tiene que estar absolutamente claro; de otra manera, los diputados no vamos a tener la perspectiva suficiente como para poder aprobarlo de la manera tan acelerada como se requiere. El texto es mucho más abierto y sugiere que se van a usar los recursos en las necesidades del gobierno en términos más generales, más allá de que también se utilicen para la emergencia”, señaló Benavides.

Minutos después de la conversación con este medio, el presidente legislativo recibió el mensaje del ministro de Hacienda.

En el documento, Chaves indica que el Poder Ejecutivo podrá usar los recursos para fortalecimiento presupuestario, según lo determinen los jerarcas.

“El texto que analiza la Asamblea Legislativa, establece claramente que los recursos del crédito BID-AFD, podrán ser utilizados en las prioridades que establezca el gobierno por medio de presupuestos extraordinarios, los cuales requerirían de aprobación legislativa”, dice la nota.

Es decir, que los diputados podrán decidir si autorizan el uso de los recursos que el gobierno les proponga en presupuestos extraordinarios, a partir del compromiso que emite este miércoles el ministro de Hacienda.

Benavides informó de que la iniciativa ya se sometió a consulta de la Contraloría General de la República y del Banco Central.

Mientras tanto, los legisladores están a la espera de que el Poder Ejecutivo les remita el presupuesto extraordinario que detallará el uso que se dará los primeros $500 millones autorizados para la atención de la emergencia, a través de un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).