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Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, demandaron este martes a los países de la región renovar el compromiso asumido con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Blinken y Alvarado hicieron el llamado luego de reunirse por más de dos horas en Casa Presidencial, en Zapote.
Por la noche, el secretario de Estado norteamericano conversó con los cancilleres de Centroamérica, República Dominicana y México, en San José.
“Lo que nos gustaría ver (en la reunión de cancilleres) es la renovación del compromiso de parte de todos los países que suscriben la Carta Democrática Interamericana, de volver a comprometerse con sus principios, de comprometerse de manera eficaz porque son compromisos que cada uno ha hecho también con sus propios pueblos, acerca de la fortaleza de las instituciones democráticas, acerca de respetar el Estado de derecho, a fin de garantizar que tengamos libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de criticar”, pidió el secretario estadounidense.
Por su parte, el presidente Alvarado, sobre las condiciones actuales de la región, mencionó el interés de Costa Rica en colaborar con el fortalecimiento de la institucionalidad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa.
“Nosotros también queremos dar una contribución positiva en encontrar soluciones, trabajar conjuntamente. Creemos que Costa Rica puede ser parte y puede ser útil en lograr soluciones para Centroamérica. Empezar ahora es un buen punto de partida”, agregó el mandatario.
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La Carta Democrática Interamericana es un instrumento democrático acogido por los 35 países de América en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el año 2001.
Este reconoce la democracia representativa, el fortalecimiento de la constitucionalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación política, libertad de prensa y el desarrollo, por mencionar algunos de sus principios.
Los problemas de Centroamérica
En la región, Nicaragua aún no supera la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 por la represión policial de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que dejó 328 muertos y 88.000 exiliados, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del año 2019.
La situación continúa pese al llamado desde dentro y fuera de Nicaragua de cumplir con el mandato de ese instrumento democrático.
En las últimas semanas, previo al inicio de la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre próximo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) electoral de Nicaragua, dominado por el oficialismo, eliminó la personería jurídica a dos partidos políticos.
Uno de ellos, el Partido Restauración Democrática (PRD), aglutinaría una coalición de organizaciones dominada, en buena parte, por los movimientos de la protesta de abril.
Al mismo tiempo, días atrás, el Ministerio Público controlado por el gobierno de Daniel Ortega, abrió una investigación penal en contra de la exdirectora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, por el manejo de la cooperación internacional para promover la libertad de prensa.
La Fiscalía la investiga por los supuestos delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica, actos ilícitos y gestiones indebidas; y en el transcurso de los días, ha citado a comparecer a varios periodistas que fueron parte de los programas de la fundación.
“Nos reunimos en un momento en que la democracia y los derechos humanos se ven socavados en muchas partes de la región. Vemos esto en la erosión de la independencia judicial, las medidas represivas sobre medios independientes y ONGs, la prohibición oposición política y partidos políticos y el sofocamiento de labores contra la corrupción”, señaló Blinken.
Más al norte de Centroamérica, Estados Unidos identificó hace dos semanas a varios legisladores, así como la jefa de gabinete y un exministro del presidente salvadoreño Nayib Bukele, entre otros altos políticos, como “funcionarios corruptos” de El Salvador, Guatemala y Honduras.
A principios de mayo, Estados Unidos cuestionó la destitución por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo, del fiscal general y a magistrados constitucionales.
Ante ese contexto, Blinken señaló la “falta de gobernanza, la corrupción, la inseguridad y la falta de oportunidades” como las causas de raíz que promueven la migración.
Esos males, insistió, son los que se deben abordar, para lo cual reiteró el compromiso de la administración de Joe Biden de destinar $4.000 millones a Honduras, El Salvador y Guatemala para combatir la crisis migratoria.
“Que las personas puedan tener confianza de poner comida sobre la mesa, sustento y una vida mejor en el futuro. Y eso requiere de algunas cosas muy básicas como puestos de trabajo y esos puestos de trabajo surgen a menudo a partir de la inversión.
“Y la inversión requiere que países y gobiernos tomen ciertas medidas a fin de garantizar que haya contexto inversión, atraiga empresas e inversores. Nuevamente son el Estado de derecho, la transparencia, un poder judicial (independiente), combatir la corrupción y no alentarla; todas estas cosas son esenciales”, concluyó sobre el tema migratorio.
Sanciones serían levantadas si restituyen democracia
Finalmente, Blinken se refirió a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, principalmente por la administración de Donald Trump, a funcionarios, instituciones o empresas relacionadas con los gobiernos de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega en Venezuela y Nicaragua.
Estas solo se levantarían, advirtió, siempre que haya un cambio de conducta a favor de la democracia de esos gobiernos, de funcionarios o personas particulares señaladas, o que denuncien los abusos de esos gobiernos.
“Las sanciones tienen una finalidad y esto es promover la rendición de cuentas para aquellos que cometen abusos, violaciones de derechos humanos, socavan la democracia o cometen actos corruptos y eso es lo que vemos en ambos países, Venezuela y Nicaragua.
“Siempre ha estado claro y siempre dijimos que las sanciones no son permanentes; apuntan a generar cambios positivos en las conductas y las acciones del gobierno o de personas en particular. La eliminación de las sanciones está disponible siempre que tomen medidas considerables para restaurar el orden democrático, para aquellos que hablen contra abusos cometidos por las autoridades”, finalizó.
Mientras el secretario de Estado daba esas fuertes declaraciones, fuera de Casa Presidencial, en Zapote, un pequeño grupo de nicaragüenses intentaba llamar la atención con una protesta en contra del gobierno de Ortega. Pedían más sanciones en contra del círculo de Ortega.
Tiempo después, en Managua, la Fiscalía nicaragüense informaba que había presentado la acusación penal en contra de Cristiana Chamorro.
Al mismo tiempo comunicó que solicitó a un juez la medida precautelar de retención migratoria y prohibición de concurrir a determinadas actividades contra Chamorro, dos trabajadores de su extinta fundación y una periodista que colaboraba con sus programas.
A Chamorro, además, la Fiscalía solicitó inhibirla de ocupar cargos públicos “por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”, comunicó la institución.
