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Los diputados aprobaron en primer debate, este martes, un proyecto de ley que castiga a los funcionarios que humillen o maltraten de alguna manera a las mujeres que se encuentren en labores de parto.
Se trata de una iniciativa de Aida Montiel Héctor, diputada liberacionista de Guacanaste, que recibió el apoyo de los 41 legisladores presentes en el momento de la votación.
La propuesta de Montiel castiga todo lo que pueda considerarse violencia gineco obstétrica y trata de que se respete los derechos de las mujeres en el momento final de su embarazo.
Según la proponente, toda mujer embarazada tiene derecho a recibir información integral, clara y concisa sobre los tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones quirúrgicas que se le practiquen en todo momento, para sus labores de parto.
La iniciativa reforma el artículo 12 de la Ley General de Salud para que, en caso de que se incumpla con la entrega de información y debida atención médica a la mujer durante el parto, se castigue debidamente.
Además, también se sancionaría a los funcionarios de hospitales y centros de salud en general que le griten o le hablen de manera despectiva a una mujer en labor de parto, así como hacerle cualquier procedimiento sin avisarle debidamente.
Igualmente, se castigaría al médico que le practique una cesárea innecesariamente a la embarazada o a quien le impida tener un acompañante durante el alumbramiento.
El principal objetivo del expediente legislativo 21.062 es el de establecer legalmente la protección para las embarazadas antes, durante y después del parto.
“La mujer embarazada merece y tiene el derecho a que esa condición suya, tan especial, tenga el reconocimiento y apoyo de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas”, manifestó la guanacasteca.
Aunque Montiel aseguró que un alto porcentaje de embarazos son atendidos adecuadamente por hospitales y clínicas, apuntó que se han conocido muchos casos de violencia obstétrica.
El proyecto define como derecho de la madre el de tener un parto natural, siempre y cuando no haya riesgo para su salud ni la de su bebé.
La reforma legal no establece cuáles serían las sanciones para el personal de salud que incumpla la ley, sino que estas se establecerían por vía reglamentaria; eso le tocaría definirlo el Ministerio de Salud.
La encuesta Estado de la Mujer, Niñez y Adolescencia (EMNA), de julio del 2019, reveló que el 58% de las mujeres entre 15 y 49 años sufrieron violencia obstétrica durante los últimos dos años.
35 de cada 100 no fueron consultadas antes de suministrarles medicamentos o aplicarles procedimientos médicos; a 19 de cada 100 no se le dieron explicaciones comprensibles y a 12 de cada 100 les gritaron o las regañaron.
Un 10% de esas mujeres recibió comentarios despectivos, un 9% no tuvo apoyo adecuado, a un 5% se le obligó a pujar sin ser necesario y un 2% sufrió agresión física.
