Con 40 votos a favor y uno en contra, los diputados aprobaron, en primer debate, el proyecto de ley que busca proteger los depósitos bancarios de los ahorrantes, sean estos personas físicas o jurídicas.
La propuesta básicamente obliga a los bancos estatales y privados a hacer aportes para la creación de un fondo que garantice los depósitos que tengan las personas en las entidades financieras, ante el riesgo de quiebra o de cierre de la entidad.
El fondo que crea la ley permitirá devolver, al ahorrante, hasta 6 millones de colones. Para los bancos comerciales estatales, seguirá existiendo la garantía ilimitada del Estado.
La iniciativa legal tramitada bajo el expediente 21.717 recibió su aprobación luego de que se discutió una serie de mociones del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, todas ellas rechazadas, y de que Carolina Hidalgo, del PAC, retirara propuestas suyas.
El proyecto llegó a discusión del Congreso de la mano de los integrantes de la comisión especial que tramitó los requisitos legales para que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con lo establecido en la versión más reciente del proyecto, el fin del fondo de garantía es el de ser un patrimonio autonómo para garantizar, hasta cierto límite, los depósitos de las personas físicas y jurídicas.
La iniciativa establece que ese fondo no se sujeta a las disposiciones de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros.
Luego de la aprobación en primer debate de la propuesta, el presidente de la República, Carlos Alvarado, celebró su aprobación y dijo que el plan es “fundamental para el ingreso de Costa Rica a la OCDE y para proteger el dinero de los ahorrantes”.
La administración del Fondo de Garantía de Depósitos estará en manos del Banco Central de Costa Rica, bajo administración de una unidad de esa entidad, que funcione de forma independiente al área que administra los pasivos del BCCR.
Además de la banca pública y privada, la iniciativa obliga a las sucursales de bancos extranjeros a contribuir y dar los aportes legales para el fondo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del proyecto aprobado, el patrimonio del fondo recibirá las contribuciones de las entidades que lo integran de forma trimestral, así como aportes adicionales voluntarios de las entidades contribuyentes.
El aporte anual de una entidad contribuyente no podrá exceder el 0,15% de los depósitos garantizados por la entidad.
También se nutrirá con recursos de entidades contribuyentes que le traslade el Central por instrucción de la autoridad de resolución, provenientes del uso del encaje mínimo legal y la reserva de liquidez.
Al patrimonio también irán a dar las utilidades de cada ejercicio anual del fondo, así como aportes y donaciones de personas o instituciones pública o privadas, nacionales o internacionales, entre otras fuentes de recursos.
Por su parte, la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, alegó que ese proyecto es “vital para continuar hacia el camino de buenas prácticas para la incorporación de Costa Rica a la OCDE”.
Jonathan Prendas, presidente de la Comisión OCDE del Congreso, alabó el consenso logrado para la aprobación del décimo cuarto proyecto de la agenda de incorporación a ese organismo.
“Este proyecto es vital para darle seguridad a todos los costarricenses ante alguna crisis, corrida o quiebra bancaria o de una cooperativa”, dijo Prendas, quien añadió que la entrada a la OCDE “está a la vuelta de la esquina".
Por su parte, Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó la relevancia de crear un instrumento financiero de tanta importancia, porque no existía en el sistema costarricense.
“Además, es un requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por lo que me alegra que pudiéramos lograr el consenso para cumplirlo”, dijo.
Aunque originalmente el Gobierno no había aceptado que se incluyera a la banca pública en la obligación de aportar al fondo, en noviembre el Poder Ejecutivo accedió a incluir los bancos estatales y las cooperativas en el seguro de depósitos.