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Luego de cinco años de trámites en la Asamblea Legislativa, este lunes los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley para sancionar la violencia política hacia las mujeres.
El proyecto, impulsado desde el 2017 por la entonces diputada liberacionista Maureen Clarke, establece sanciones para los funcionarios electos por voto popular, o bien, integrantes de partidos políticos o servidores públicos por designación que ejerzan violencia hacia las mujeres que participen en política.
Las sanciones van desde las amonestaciones verbales o éticas hasta la pérdida de credenciales, así como cese en nombramiento de servidores públicos por designación, o la expulsión del partido, en el caso de integrantes de estas organizaciones.
El proyecto entiende por violencia contras las mujeres en política todo tipo de conducta dirigida contra una o varias mujeres, por acción, omisión o tolerancia y que esté basada en razones de género o identidad de género, que cause daño o sufrimiento y que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos políticos.
Por ejemplo se definen como violencia política acciones como obstaculizar el ejercicio del cargo, puesto o funciones públicos de una mujer; forzar a la renuncia de la precandidatura, candidatura o cargo político; afectar el derecho a la vida, integridad personal y derechos patrimoniales, para impedir el ejercicio de los derechos políticos, así como perjudicar la reputación, prestigio e imagen pública de una mujer para impedirle el ejercicio de los derechos políticos.
“La violencia contra las mujeres en la política incluye, entre otras, el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica”, dice el proyecto aprobaddo.
La iniciativa de Clarke, impulsada fuertemente, en los últimos años, por Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), protege los derechos de las mujeres que estén afiliadas y participen en la estructura, comisiones y órganos de los partidos políticos.
También cubre a las que sean aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular o de designación, así como cuando estén en el ejercicio de dichos cargos. La iniciativa se extiende a las mujeres que estén a cargo de la promoción y ejecución de políticas públicas de igualdad de género y de derechos políticos de las mujeres.
Se fijan responsabilidades a los partidos políticos en materia de prevención y atención de la violencia política, para que establezcan protocolos y reglamentos dirigidos a promover una participación igualitaria para hombres y mujeres en política, así como los procedimientos para denunciar la violencia política.
Sanciones por violencia política
El proyecto establece, para los diputados, una amonestación ética cuando el plenario establezca que el o la congresista incurrió en violencia política contra una mujer.
En el caso de alcaldes, intendentes, regidores y síndicos, la sanción va desde la amonestación escrita hasta la pérdida de la credencial, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), luego de que un procedimiento recomiende la sanción respectiva.
Cuando un integrante de un partido político incurra en alguna conducta de violencia política, según su gravedad, podría ser amonestado, destituido del cargo de representación o dirección, suspensión por un mes y hasta un año, así como expulsión de la agrupación por hasta ocho años.
En el caso de los servidores que ejercen cargos públicos por designación, podrían ser despedidos sin responsabilidad patronal o se les revocaría su nombramiento.
La iniciativa le asigna al Ministerio de Trabajo la responsabilidad de llevar un registro de las sanciones por violencia contra las mujeres en política.
Antes de la aprobación del proyecto, se aprobaron una serie de mociones de fondo del socialcristiano Pablo Abarca, para eliminar del proyecto las organizaciones sociales.
El criterio de Abarca es que la ley se debe delimitar exclusivamente a la regulación de los procesos electorales para cargos públicos, por lo que propuso que se excluyera del ámbito de aplicación a las organizaciones sociales, “por no ser organizaciones políticas que celebren proceso de elección de cargos públicos ni se ocupen de asuntos públicos”.
La oficialista Nielsen Pérez afirmó que la aprobación es un paso fundamental. “Es producto de luchas que datan desde el 2007, para que el proyecto sea hoy una realidad. Esta conducta ha afectado a muchas mujeres en este país”, indicó la diputada.
Pérez destacó que entre las más afectadas están las mujeres que ejercen cargos municipales. “No es el proyecto ideal, pero es el proyecto posible”, indicó.
