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Los diputados aprobaron este jueves, en su trámite de segundo debate, la reforma al Código de Familia que permitirá el divorcio por incompatibilidad de caracteres en la pareja, cuando una de las dos personas lo solicite.
En su votación final en el Congreso, la iniciativa recibió el apoyo de 33 legisladores, mientras que 13 se pronunciaron en contra con el argumento de que la reforma podría generar un aumento en las rupturas matrimoniales.
Básicamente, la reforma introduce un nuevo inciso en el artículo 48 del Código de Familia, donde se establece que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio por incompatibilidad de caracteres en la pareja, después de seis meses de convivencia.
Hasta ahora, no es posible que una de las dos personas pueda pedir, unilateralmente, el divorcio sino es por una de las causas establecidas en la ley, como el adulterio o el maltrato.
Antes de darle la aprobación final, los diputados enviaron el texto a la Comisión de Redacción para un arreglo de forma en el proyecto, pues los técnicos legislativos advirtieron de un posible roce con el Código Procesal de Familia que entrará a regir a partir del próximo 1.º de octubre.
El problema es que el nuevo Código Procesal elimina el inciso 8 de la actual legislación, por lo que al agregarse un inciso 9 quedaba un vacío en el artículo 48.
Ese problema generó un atraso de dos días en la aprobación de la ley, pues desde el martes ya se había agotado la discusión.
A favor del proyecto dieron su voto 33 congresistas: 14 miembros de Liberación Nacional (PLN), ocho del Partido Acción Ciudadana (PAC), cinco de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dos de Integración Nacional (PIN), uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), uno del Frente Amplio, y los independientes Zoila Volio y Erick Rodriguez Steller.
Los 13 votos en contra de la iniciativa legal son seis de los diputados de Restauración Nacional y siete del bloque independiente Nueva República.
Para la fabricista Nidia Céspedes, el plenario tramitó la iniciativa legal con mucha “ligereza”.
“Esto es peligroso. Nunca estaré de acuerdo con ataques a la familia y, en este caso, al matrimonio. Mi llamada de atención hoy es jurídica. Esta ley saldrá con serias deficiencias de proporcionalidad”, dijo la legisladora.
Según Céspedes, la nueva ley deroga, de manera tácita, las demás causales para el divorcio establecidas en el Código de Familia.
Actualmente, la ley establece como motivos para el divorcio el adulterio, el maltrato y el atentado de un cónyuge contra su pareja o contra los hijos, sea hacia su vida, o bien para corromperlos o prostituirlos.
Igualmente, una pareja se puede divorciar si hay una separación judicial mayor a un año o una separación de hecho por más de tres años, así como la declaración de ausencia de una de las dos partes, o bien el mutuo acuerdo de la pareja.
“O sea, me caso hoy por interés, pero me divorcio mañana, porque mi esposo ronca”, dijo Nidia Céspedes. Según la legisladora, además, el proyecto supuestamente atentaría contra el principio de seguridad jurídica, pues dijo que abre el portillo para la disolución de un contrato de manera unilateral, a diferencia del resto.
Luego de una amplia disertación sobre las razones para que los divorcios hayan aumentado y la génesis histórica de la causal por incompatibilidad de caracteres, el liberacionista Jorge Fonseca adujo que no tiene sentido el matrimonio si luego de la unión “aparecen situaciones que no dejan convivir a una pareja de buena manera, sin cooperación y sin mutuo auxilio”.
La independiente Zoila Volio argumentó que el matrimonio civil es un acto contractual y que tiene otras dinámicas y otros matices, muy diferentes a las uniones a través de ritos religiosos.
“En el momento en que hay una disfunción, que uno de los contrayentes no puede estar en esa convivencia, ¿quiénes somos los legisladores para obligarlos a estar en ese día a día?, que termina siendo algo patológico, desgastante y yo diría, incluso más allá, violatorio de los derechos humanos”, comentó.
Para que la iniciativa se convierta en ley, solamente resta la firma del presidente, Carlos Alvarado, y su publicación en el diario oficial, La Gaceta.
