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Los diputados aprobaron, este jueves, en su trámite de primer debate el proyecto de ley que les impone pagos y regulaciones a los prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional, entre ellos el que se ofrece a través de la plataforma Airbnb.
La iniciativa recibió el apoyo de los 39 legisladores presentes en el plenario a la hora de la votación, luego de que se discutieron y aprobaron varias mociones de fondo en la propuesta.
El proyecto, impulsado por el socialcristiano Pablo Abarca, obliga a los anfitriones a registrarse ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y establece que el Ministerio de Hacienda debe cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) sobre cada transacción de ese servicio de hospedaje no tradicional.
La nueva regulación, además, obliga a los dueños de los inmuebles a pagar un impuesto municipal por prestar ese tipo de servicio, para obtener una patente que los faculte a funcionar como lugares de hospedaje.
Actualmente, ni los anfitriones tienen que pagar por obtener una patente, ni los usuarios pagan impuestos por el servicio de hospedaje que reciben.
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Para aprobarse en primer debate, la iniciativa tuvo que superar varios señalamientos de una posible inconstitucionalidad que advirtió un informe del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
Específicamente, los diputados tuvieron que eliminar los artículos que establecían tarifas específicas para la obtención de la patente municipal.
El informe de los técnicos legislativos advertía que, si los diputados fijaban esas tarifas, viciaban de inconstitucionalidad el proyecto de ley, por incumplir el artículo 121, inciso 13, de la Constitución.
"Podría generarse un vicio de constitucionalidad al momento en que la Asamblea apruebe y fije tarifas de impuestos municipales, incluso requisitos para obtener licencias de funcionamiento, sin que medie el acuerdo municipal previo al proyecto de ley de cada una de las municipalidades”, alertaba ese informe.
“Son los concejos municipales de cada corporación los únicos con atribución de crear, tanto los impuestos como los requisitos para obtener la licencia respectiva”, dice el documento.
El documento fue emitido a raíz de una consulta que hizo el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, quien planteó la duda de si los legisladores tenían la potestad constitucional de establecer esas tarifas para las patentes municipales.
El propio Villalta explicó que, a través de una moción aprobada en el plenario, se solucionaron los posibles vicios. Específicamente, se eliminaron los artículos 8, inciso b, y el transitorio 2.
Ahora, la iniciativa legal permitirá que cada municipalidad establezca la tarifa para obtener la patente que permita la operación de este tipo de hospedaje no tradicional.
Según Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la nueva herramienta legal permitirá que se visibilice el servicio turístico y que se dé una formalización de la actividad, ademas de que le dará “seguridad a los usuarios que adquieran un servicio de hospedaje no tradicional”.
“Hoy hemos dado un paso muy importante en busca de la transparencia y una sana competencia, en igualdad de obligaciones para todos. Esta es una herramienta que le brindará al usuario mayor seguridad a la hora de adquirir el servicio y fortalecerá el mercado turístico nacional”, dijo Abarca.
Precisamente, el espíritu de la iniciativa era impedir que exista competencia desleal entre los prestatarios del hospedaje no tradicional y los del tradicional.
Antes de la votación, además, se eliminaron artículos que permitían a los anfitriones no aplicar la ley 7600, de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, en los locales que ofrecen hospedaje a través de plataformas digitales.
En su lugar, se les dio un plazo para adaptar sus inmuebles para las personas con discapacidad, salvo para las personas que alquilan su propia casa o una habitación a través de este tipo de plataformas.
La votación en segundo debate del proyecto se fijó para el 5 de setiembre.
