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Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el cual inyectará $500 millones (¢287.000 millones) para atender la emergencia causada por la pandemia de covid-19.
La iniciativa se aprobó en segundo debate, con 45 votos a favor y uno en contra.
Solamente se opuso el legislador independiente Erick Rodríguez Steller.
El proyecto original buscaba que los $500 millones se usaran en mejorar el endeudamiento público, al cambiar deuda con intereses muy altos por financiamiento en condiciones más ventajosas.
No obstante, los recursos se redireccionaron para atender la afectación económica causada por la emergencia sanitaria.
Los fondos se utilizarán, en parte, para atender personas que pierdan sus empleos debido al nuevo coronavirus, así como empleadores y trabajadores independientes cuyos negocios se vean afectados.
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La línea de crédito, además, se aprovechará para apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la compra de insumos y equipos para atender a quienes contraigan el nuevo coronavirus.
El expediente, que ya se trasladó al Poder Ejecutivo para recibir la firma del presidente Carlos Alvarado, establece que el Ministerio de Hacienda deberá presentar presupuestos extraordinarios donde se indique claramente la forma en que se usará el dinero.
Si a final de año quedan fondos sin utilizar, se deberán usar para amortizar la deuda pública.
“Todos los recursos que no hubiesen sido utilizados y restantes al 15 de diciembre del 2020 volverán a ser transferidos al Ministerio de Hacienda para ser utilizados, de forma inmediata, para el pago del servicio de la deuda que para ese momento ostente la carga más alta”, indica el nuevo texto aprobado.
En cuanto a las condiciones financieras del proyecto, se trata de un préstamo de libre disponibilidad con base en resultados de política pública, con una tasa libor 6 meses más un margen del 1,85%, con un subsidio de 10 puntos básicos de la tasa de interés durante los ocho primeros años de vigencia.
El plazo del crédito es de 18 años contados a partir de la fecha de entrada en rigor del contrato, con un periodo de gracia de tres años y 15 para la amortización. El desembolso del crédito se da por dos años.
Estos ¢287.000 millones son parte del plan lanzado por el gobierno para poder destinar ¢1 billón (un millón de millones) a atender los efectos económicos y sanitarios de la pandemia.
El plenario ya aprobó otros ¢12.000 millones que se utilizarán para financiar pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) para adultos mayores en pobreza.
Quedan otros tres financiamientos pendientes aprobación en el Congreso.
La votación del expediente 21.449 fue la primera que se realizó en el Auditorio Nacional, donde el plenario legislativo sesionó durante algunos minutos este martes. Ese recinto será el que usen los legisladores durante la emergencia, con el fin de prevenir posibles contagios de covid-19 entre los legisladores.
