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Con 47 votos a favor y dos en contra, los diputados aprobaron este lunes en segundo debate el proyecto de ley contra el crimen organizado.
La iniciativa pretende mejorar la normativa vigente y las reglas sobre distribución de competencias en asuntos de delincuencia organizada. Los votos negativos fueron de los legisladores liberacionistas Carolina Delgado y Danny Vargas.
Una vez concluida la extensa discusión de dicha iniciativa en el Congreso, ahora le corresponde al presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmar el decreto ejecutivo y remitirlo al diario oficial La Gaceta para su publicación.
Los congresistas aplicaron un trámite de vía rápida al proyecto con el fin de lograr su aprobación y entrada en vigencia antes del 7 de junio, fecha en que inicia operaciones la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada (JEDO).
Para lograr la aprobación definitiva fue necesario tramitar una gran cantidad de mociones de la liberacionista Carolina Delgado, quien buscó impedir el avance del proyecto, tanto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, como en el plenario.
Solo en el plenario se tramitaron 529 mociones, de las cuales 519 fueron de Delgado. La aprobación en primer debate se dio el jueves 25 de mayo luego de 20 sesiones de discusión de mociones de fondo.
La reforma pretende, entre otros aspectos, aclarar cuáles asuntos se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada.
El proyecto establece que los casos de crimen organizado son de acción pública y no pueden convertirse en delitos de acción privada.
Por otra parte, se busca que las investigaciones sobre crimen organizado tengan plazos de 24 meses y se dupliquen los plazos de etapa intermedia, así como la prisión preventiva, y los de continuidad y suspensión del debate.
Adicionalmente, se aclara a quién le corresponde nombrar el personal de esta jurisdicción especial en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como la imposibilidad de reelegir ese personal, una vez que pasaron ocho años.
Una vez que entre en funciones la JEDO, el Ministerio Público podrá solicitar, a través del fiscal general y el fiscal subrogante, que la nueva Jurisdicción se arrogue el conocimiento de causas de delincuencia organizada ya existentes o en trámite.
Un transitorio del proyecto establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales de adecuar los plazos de prisión preventiva, tanto para los asuntos en vía ordinaria con un plazo de 12 a 18 meses, y en Jurisdicción Especial, de 12 a 24 meses.
El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), aseguró que la iniciativa debe servir como un campanazo de advertencia de que el Congreso no puede seguir enmendando errores cometidos, tanto por otros legisladores como por ellos mismos.
Hizo un llamado a tener mucho mayor cuidado, porque no se puede cometer errores en la aprobación de leyes, en particular las referidas a la seguridad ciudadana.
Por su parte, Carolina Delgado lamentó que “el discurso populista secuestre” la capacidad de análisis, pues alegó que hubo muchos discursos vociferantes de parte de los defensores del proyecto.
La verdiblanca expresó que la paz de Costa Rica está diluida por la falta de ética de las autoridades y que el Poder Judicial se ha equivocado “al aplicar normas derogadas y soluciones que solo patean el tarro”.
También declaró que el fiscal general, Carlo Díaz, mintió al decir que si no se aprobaba la iniciativa, quedaría libre un grupo de cabecillas del crimen organizado. Díaz, precisamente, cuestionó a Delgado el 17 de mayo: “Me preocupa muchísimo que una sola persona esté obstaculizando esto”, señaló.
Por su parte, la vicepresidenta legislativa, Gloria Navas, aseguró que ciertamente el proyecto no resuelve el problema nacional de inseguridad y que no está dirigido a la prevención, pero enfatizó la necesidad de su aprobación.
También hizo un llamado a un trabajo responsable de todas las autoridades implicadas en el combate a la inseguridad, desde el Ejecutivo, hasta la Corte y las policías, tanto represivas como investigativas.
Tanto Navas como el liberacionista José Joaquín Hernández destacaron el trabajo del presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, en dirigir las negociaciones y diálogos para lograr la aprobación del proyecto.
La frenteamplista Priscilla Vindas destacó que la iniciativa aprobada es ejemplo de que se puede trabajar en conjunto, desde distintas banderas políticas, para aprobar un proyecto país y lo destacó como una señal de madurez.
