EscucharEste miércoles, 38 diputados del plenario legislativo aprobaron en segundo y último debate el Presupuesto Nacional del 2024, por un monto de ¢12,6 billones. La aprobación incluye una asignación adicional de ¢22.000 millones destinados a combatir la inseguridad en el país.
Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de controversias, ya que ocho legisladores del gobierno, liderados por Pilar Cisneros, votaron en contra. Su protesta se centra en la reasignación de recursos provenientes de la partida destinada al pago de intereses de la deuda, que los diputados de oposición movieron hacia el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial para la creación de nuevas plazas.
En total, los diputados de oposición tomaron ¢58.382 millones de los intereses para fortalecer la seguridad, justicia, infraestructura, educación y cultura.
La diputada liberacionista Paulina Ramírez, quien también preside la Comisión de Hacendarios, argumentó que había una sobreestimación de ¢201.000 millones en el pago de intereses para el próximo año.
La diputada Cisneros aseguró que el año 2024 presenta un escenario financiero desafiante para el MInisterio de Hacienda, con vencimientos de deuda que superan los $2.000 millones (más de ¢1 billón), excediendo en $500 millones lo disponible en eurobonos.
Añadió que la incertidumbre recae en la capacidad del país para hacer frente a estos compromisos financieros. “El pago de intereses y deuda dependerá de la fluctuación internacional del costo de los créditos, y aún queda por verse si los recursos disponibles serán suficientes para cubrir estas obligaciones financieras”, indicó.
La decisión del oficialismo, que también votó en contra en el primer debate, generó críticas de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP).
“Los argumentos para votar en contra son falaces, con premisas equivocadas en su mayoría”, aseveró Gilberto Campos, legislador del PLP.
Kattia Rivera, del PLN, dijo que no es de recibo decir que es responsable votar en contra del presupuesto, cuando el expediente superó el análisis correspondiente de los diputados en comisión.
El 46% del Presupuesto, equivalente a ¢5.814.600 millones, se destinará al pago del servicio de la deuda pública.
El plan de gastos se financia en un 61,2% con ingresos corrientes y un 38,8% con deuda, marcando un cambio significativo en la estructura de financiamiento, pues antes era mayor el porcentaje que se cubría con endeudamiento.
El 38% del presupuesto se destina a educación, el 26% se asigna a transferencias corrientes y de capital, y el 22% a remuneraciones de funcionarios del Gobierno Central.
Los ingresos corrientes equivalen al 15,5% del producto interno bruto (PIB).
