Un documento que el gobierno de Estados Unidos catalogó como confidencial, durante décadas, registró las gestiones que emprendieron los políticos costarricenses, Daniel Oduber y Óscar Arias, para tratar de negociar la salida del dictador panameño Manuel Antonio Noriega un año y medio antes de la invasión a Panamá del 20 de diciembre de 1989.
Se trata de un archivo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el cual forma parte de cientos de escritos desclasificados que el colectivo de periodistas Concolón divulgó este lunes.
El reporte de la Dirección de Inteligencia de la CIA, con fecha del 24 de junio de 1988, indica que, para ese momento, tres influyentes políticos latinoamericanos se habían ofrecido para mediar en la búsqueda de una solución a la crisis que se originó en Panamá, luego de que el general Noriega destituyó al presidente Eric Arturo Delvalle.
Entre las ofertas –serias pero tentativas y cautelosas, según el documento–, la primera y más robusta era la del exmandatario venezolano Carlos Andrés Pérez. Las otras dos provinieron de los exgobernantes Alfonso López Michelsen, de Colombia; y Daniel Oduber, de Costa Rica.
“Pérez, Oduber y López Michelsen se han reunido con Noriega tres veces desde noviembre de 1987”, constata el informe.
Según el documento, Pérez declaró que tras uno de los encuentros, efectuado en febrero de 1988, el dictador accedió a la propuesta que le plantearon los tres exmandatarios, la cual contemplaba que Noriega dejara el poder en agosto de ese mismo año y se fuera a España, además de que se reformaran las leyes electorales panameñas y se respetara el principio de no intervención de Panamá y Estados Unidos.
No obstante, días después de la cita, el presidente Delvalle intentó remover a Noriega del mando de las fuerzas armadas panameñas y, en respuesta, fue despojado de su cargo de gobernante.
Al mes siguiente, en marzo de 1988, Oduber participó en un nuevo esfuerzo de negociación, esta vez junto al entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias.
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"A finales de marzo, Pérez y Oduber se reunieron en Costa Rica con el presidente Arias y el primer ministro español (Felipe) González, donde se acordó presionar al arzobispo (Marco Gregorio) McGrath, de Panamá, para que ofreciera sus servicios como mediador.
“Sin duda, Pérez esperaba que la adición de Arias y González –dos estadistas de reconocimiento internacional quienes comparten su orientación política general– incrementara la presión para que Noriega aceptara a la Iglesia como interlocutor”, relata el informe.
No obstante, según el archivo de la CIA, Noriega consideraba que el religioso simpatizaba con Estados Unidos y la oposición a su régimen.
“Al respaldar públicamente a Mcgrath como negociador, Pérez y los demás probablemente dañaron su propia credibilidad con Noriega como interlocutores imparciales”, apunta el documento.
Para el momento en que el informe fue escrito, en junio de 1988, los norteamericanos percibían que el venzolano Carlos Andrés Pérez había “perdido la esperanza en Panamá”.
Al mismo tiempo, el entonces presidente guatemalteco, Vinicio Cerezo, intentaba poner de acuerdo a los mandatarios de América Central, con el propósito de que el bloque mediara entre Noriega y sus opositores. No obstante, los estadounidenses previeron que ese esfuerzo sería aun más infructuoso.
“Según se informa, Noriega tiene poco respeto por los presidentes de América Central y ve al presidente costarricense Arias con desprecio”, escribió el autor del documento.
La CIA concluyó que los esfuerzos de los latinoamericanos muy probablemente fallarían, “dada la obstinación de Noriega, el fracaso de Pérez y Cerezo de combinar sus esfuerzos y la decisión de muchos líderes regionales de no involucrarse en una situación en la que no ven posible ganar”.
Año y medio después, Estados Unidos invadió Panamá. Con los archivos de la CIA, los reporteros reconstruyeron los momentos previos y la forma en que Estados Unidos puso en marcha su operación Causa Justa, la madrugada del 20 de diciembre de 1989.
Los norteamericanos irrumpieron en territorio panameño luego de aplicar sanciones económicas y de dar seguimiento a las acciones diplomáticas, cuando Estados Unidos dejó de ver a Noriega como un aliado contra el comunismo, y se empeñó en sacarlo del poder.
Al hombre que ejercía el control de facto de Panamá se le atribuían cargos de narcotráfico, fraude y de estar detrás de la decapitación de un líder opositor. Su gestión se había vuelto insostenible, y Panamá afrontaba dificultades económicas.
Noriega fue capturado y llevado a Estados Unidos. En ese país, fue encarcelado por narcotráfico, y luego estuvo prisión en Francia por lavado de dinero.
En el 2011, fue extraditado a Panamá, donde también permaneció en la cárcel por la desaparición de opositores durante su régimen, hasta que se sometió a una operación por un tumor de cerebro, en 2017, tras la cual murió a los 83 años.