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El Departamento de Servicios Técnicos del Congreso emitió, este martes, un informe donde se determina que una magistrada de la Corte Suprema de Justicia no puede pedirle a la Policía que lleve a los diputados a declarar, si estos no quieren hacerlo.
Se trata de una opinión emitida por solicitud del presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, quien a su vez dijo que pidió el informe a pedido del congresista Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
De acuerdo con los asesores técnicos de la Asamblea Legislativa, Julia Varela, la magistrada instructora de uno de los casos contra Celso Gamboa Sánchez, tiene la potestad de pedirles a los legisladores dar su testimonio, pero no puede obligarlos a ir con la Fuerza Pública.
“La Ley General de la Administración Pública no hace distinción alguna sobre quiénes pueden ser llamados como testigos en un proceso disciplinario. En esta tesitura, considera esta asesoría que es constitucional y legalmente válido citar a los diputados como testigos dentro de una causa disciplinaria”, dice el informe AL-DEST-CJU-073-2017.
Sin embargo, lo que considera improcedente el departamento técnico del Parlamento es que se aplique la amenaza de la Fuerza Pública para que se presenten los citados a dar testimonio.
Los asesores legislativos apuntan a que, en la citación que se les entregó a los congresistas el jueves pasado, se cumplió de forma literal con la normativa para convocar a testigos, incluyento la advertencia del acompañamiento policial.
“Ahora bien, en criterio de esta asesoría, estas disposiciones no podían ser aplicadas de manera literal, tal como se hizo en este caso”, explica el informe.
Consultado por La Nación, Ramírez enfatizó que Jorge Rodríguez pidió la opinión técnica, y añadió que aún no conocía la respuesta emitida. El presidente del Congreso solicitó que a Servicios Técnicos informar a todos los legisladores sobre el criterio emitido.
Según la opinión técnica, la aplicación debió darse de una manera concordada con el artículo 110 de la Constitución Política, donde se establece la inmunidad de los diputados.
“No sería procedente amenazar (a los legisladores) con el traslado por medio de la Fuerza Pública para comparecer como testigos. Trasladar forzosamente a una persona a través de la Fuerza Pública implica afectar su libertad de tránsito, lo que es inadmisible desde la óptica del fuero de protección constitucional que tienen los diputados”, indica el documento.
El proceso en el que la magistrada Varela citó a los diputados y dos exdiputados a declarar busca determinar si Celso Gamboa Sánchez, magistrado penal actualmente suspendido, acudió a hablar, ante los diputados, en favor del magistrado Porfirio Sánchez, antes de que este fuera electo para una silla en la Sala II.
La investigación obedece a una denuncia presentada por la jueza Liz Maureen Tencio, quien se quejó ante la Inspección Judicial porque Gamboa desestimó en la Sala III una querella por presunto prevaricato que ella había presentado contra Sánchez, a pesar de que tenían una relación de amistad. Según ella, el magistrado incluso hizo lobby en favor de su colega en el Congreso.
La denuncia de la jueza se remonta a la época en que Porfirio Sánchez presidía el Tribunal de la Inspección Judicial y resolvió un caso contra Tencio por presunto acoso laboral. La jueza alegó que dos de las colegas que acompañaban al hoy magistrado adelantaron criterio porque la habían indagado en el proceso de investigación.
Pese a que ella solicitó una instancia superior, Sánchez rechazó la recusación en marzo del 2015 y permitió que continuara el procedimiento. La jueza Tencio acusó entonces de presunto prevaricato a Sánchez, quien fue electo magistrado de la Sala II, en setiembre del 2016, instancia en la que se ven temas laborales y de familia.
Posteriormente, cuando la querella llegó a la Sala III, Gamboa votó por la desestimación del caso en marzo de este año.
Cuando los notificadores judiciales empezaron a repartir las citaciones, el jueves pasado, varios diputados se enojaron, como Emilia Molina, quien recibió el papel bajo protesta y dijo que analizaría si asistirá o no.
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