EscucharLos diputados aprobaron en su debate final, este martes, el proyecto de ley que legaliza la producción y comercialización del cannabis para uso medicinal y del cáñamo con fines industriales.
La votación tuvo 35 congresistas a favor y cuatro votaron en contra, en la votación definitiva del plan ajustado al veto del presidente de la República, Carlos Alvarado, tras eliminar los artículos que permitían el libre cultivo para el autoconsumo.
El apoyo vino de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano (PRSC), Frente Amplio y varios independientes.
Los votos en contra fueron de los independientes fabricistas Carmen Chan, Nidia Céspedes y Jonathan Prendas, así como Melvin Núñez, de Restauración Nacional (PRN).
Al aceptar el veto presidencial, los legisladores eliminaron los artículos 25 y 26 del expediente, mientras que reformaron el artículo 5, que se refiere a la siembra del cáñamo.
El artículo 5 plantea el libre cultivo, producción, industrialización, comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos para fines alimentarios e industriales.
El numeral 25, por su parte, refiere a la acreditación de la condición de paciente, a la que se le autoriza el consumo de cannabis psicoactivo de uso médico o terapéutico. En tanto, el 26 permite el cultivo de una cantidad limitada de plantas de cannabis psicoactivo para el autoconsumo de estos pacientes.
El expediente 21.388, aprobado nuevamente en segundo debate y enviado a la Casa Presidencial para que Carlos Alvarado lo firme, se centra en autorizar la producción de las plantas de cannabis, tantos las que tienen alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC), para uso medicinal y terapéutico, como las que tienen bajo THC, que son variedades de cáñamo, para múltiples usos industriales.
La idea de los legisladores es generar reactivación económica mediante la apertura de una nueva actividad productiva.
Para la producción de ambas plantas y sus derivados, los productores tendrán que registrarse ante el Estado y brindar amplia información a las autoridades sobre sus actividades. El Ministerio de Agricultura (MAG) tendrá a su cargo la regulación del mercado del cáñamo y el de Salud, la regulación del cannabis para uso medicinal y terapéutico.
Salud, Agricultura y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendrán potestades de inspección y fiscalización periódicas sobre los productores y desarrolladores de derivados del cannabis y el cáñamo.
En la iniciativa, se autoriza la venta de materia prima de cannabis medicinal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a laboratorios autorizados para el desarrollo de los medicamentos necesarios.
Durante la discusión de este segundo debate, la presidenta de la Comisión de Ambiente, la independiente Paola Vega, dijo que finalmente lo votaría afirmativo, pese a estar en contra de lo que hizo el veto al debilitar el texto del proyecto.
“Las virtudes del proyecto no se ponen en cuestionamiento, pero el proyecto bajó significativamente su calidad. Lo que hizo el Ejecutivo fue una doble bofetada, en lo técnico porque demostraron desconocimiento y falta de voluntad, y una bofetada al proceso legislativo”, enfatizó.
La madre del proyecto, la independiente Zoila Volio, calificó la iniciativa como una esperanza para enfermos crónicos que requieren el cannabis como paliativo para sus padecimientos. “Es un antes y un después en la calidad de vida de muchos seres humanos”, enfatizó.
Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), recordó que la primera vez que dieron segundo debate al proyecto había creído que el país había superado los prejuicios y tabúes en torno al cannabis, pero que el veto le confirmó que no es tan así, porque todavía la discusión está cargada de tabúes y desinformación.
El oficialista apuntó que los criterios del veto vienen de temores de personas y no de la ciencia y la técnica. No obstante, él agregó que los artículos vetados no le daban alivio ni seguridad a las personas que producen cannabis y lo consumen responsablemente.
“No me siento del todo satisfecho, porque el veto le quita dos elementos muy importantes al plan. (...) Esta discusión revela que en el país hay una institucionalidad perezosa, porque dijeron que el país no está preparado”, añadió el liberacionista Roberto Thompson.
José María Villalta, del Frente Amplio, acusó al Ejecutivo de hacer un manoseo torpe y evitar un veto innecesario, sin sustento técnico y que debilitó seriamente la ley. “Son tan vagos y chambones que no ajustaron la ley y se jalaron una torta gigantesca, al decir que se ocupan licencias para la actividad agropecuaria del cáñamo”, apuntó.
