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La exgerenta general de la Junta de Protección Social (JPS), Marilyn Solano Chinchilla, reveló este miércoles haber recibido presiones y amenazas de parte de la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, para que la institución otorgara un contrato de ¢2.300 millones al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para el manejo de la pauta publicitaria.
La exfuncionaria entregó a los diputados un audio en el que Britton dijo que rodarían cabezas, empezando por la de ella misma, si la JPS no concedía la contratación al Sinart. Solano informó de que existía una fuerte presión de la Casa Presidencial por el presupuesto publicitario de la Junta de Protección Social y que varios directivos temían ser despedidos si no accedían a otorgar el contrato.
Las presiones empezaron, dijo, en noviembre del 2022 y existía premura por cerrar el trato antes de que entrara a regir la nueva Ley General de Contratación Pública, el 1.º de diciembre de ese año, para que el Sinart no viese restringido el porcentaje de servicios que podía subcontratar a otras empresas. El acuerdo lo tomó la Junta Directiva el 31 de octubre de ese año.
Esta es la transcripción del audio de Britton:
“Estaba hablando con Allan (Trigueros, exjerarca), el del Sinart, y ahí me estuvo comentando varias cosillas y yo estoy preocupada, porque esta vaina tiene que quedar sí o sí en Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas), hoy, bueno, mañana.
“Por favor, mové eso. Yo creo que, si ya hay ocho instituciones que lo hicieron, no entiendo por qué la Junta tiene que complicarse tanto.
“Parece que lo que están buscando es ver cómo no lo hacemos y necesitamos que eso salga sí o sí, porque, si no, aquí van a rodar cabezas desde la mía y todas para abajo; así es que hagamos las cosas bien, pero no nos vayamos a los extremos.
“Yo creo que, si ya tenemos una nota que hizo el Ministerio de Trabajo, de por qué contratar al Sinart, basémonos en eso y démosle viaje. No estemos buscando tanta vuelta, que las cotizaciones de agencia..., que nadie nos las va a dar y menos con esta premura. Además, el nivel de detalle que están pidiendo, imposible, van a durar seis meses teniendo esos datos para justificar una contratación con el Sinart. Eso no es lo que estamos buscando.
“Entonces, por fa, yo sé que vos estás al tanto, pero ponele candela con esta gente, porque lo que están buscando es excusas para no hacerlo. Marilyn yo ya estoy preocupada, o sea, ¿que está pasando?, ¿por qué no quieren hacerlo?, ¿qué hay ahí que no queremos proceder con el Sinart?, ¿por qué?, no entiendo, no entiendo y no quiero pensar mal”.
Solano: Se refería a los que se oponían técnicamente
La exgerenta Solano dijo que cuando Britton habla de gente poniendo excusas para no contratar a la agencia de publicidad del Sinart, se refería a quienes se oponían técnicamente, dentro de la JPS, a la contratación.
Estudios internos habían señalado que la contratación del Sinart no le convenía económicamente a la JPS, pues la Junta había prescindido de agencias de publicidad desde el 2008 y tenía un equipo encargado de la colocación de pauta que generaba ahorros en el pago de comisiones.
Sin embargo, en contra de ese criterio, la Junta Directiva mantuvo la decisión de otorgar el contrato a la empresa estatal, el 31 de octubre del 2022, porque tenía instrucciones de Casa Presidencial para hacerlo.
“Escuché, cuando ella habló conmigo, que la cabeza de ella iba a rodar al igual que todas las que estaban hacia abajo. Eso sí lo sostengo”, respondió Marilyn Solano ante una consulta del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).
La exgerenta declaró ante la comisión legislativa que investiga los millonarios contratos que diversas instituciones públicas otorgaron al Sinart, varios de ellos sin concurso público.
Ante ese mismo foro, el 23 de octubre, la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, declaró que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que si Esmeralda Britton no acataba sus órdenes con respecto a la publicidad estatal, tendría que buscar una nueva jerarca para la JPS.
No obstante, el lunes 6 de noviembre, Britton dijo ignorar si existía presión sobre ella o que estuviera en riesgo su cargo. Aseguró que Navarro nunca le manifestó nada al respecto.
La presidenta de la JPS también negó haber presionado a la exgerenta y dijo no recordar si le había enviado un audio en específico sobre la contratación del Sinart.
Para el diputado Robles, el audio expone que Britton estaba asustada y mintió en la comisión investigadora. Advirtió de que en esta contratación, hay problemas legales, de procedimiento y de tráfico de influencias.
La diputada socialcristiana Vanessa Castro, presidenta de la comisión investigadora, resaltó el hecho de haber escuchado “a viva voz”, en ese audio de WhatsApp, a una jerarca ejerciendo una presión específica.
La prisa por adjudicar contratos a la agencia del Sinart también se evidenció en el Instituto Costarricense de Electricidad, donde todo se gestó en menos de un día, el 30 de noviembre del 2022. En tiempo récord y a escasas horas de que entrara a regir la nueva Ley de Contratación Pública, funcionarios del ICE autorizaron contratar al Sinart de manera directa y sin concurso para que se encargue de colocar publicidad de la marca Kölbi y proveer producción audiovisual, entre otros servicios.
El 7 de febrero pasado, en tanto, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) utilizó un estudio de mercado de una página y un párrafo para otorgar un contrato de ¢2.313 millones al Sinart de forma directa y sin concurso, en vez de realizar una licitación pública con agencias de publicidad para obtener la mejor oferta.
Presión desde Casa Presidencial
Al comparecer virtualmente ante los diputados, este miércoles, la exgerenta de la JPS, Marilyn Solano, mencionó que sí existía presión de la Casa Presidencial para que se facilitara rápidamente, desde junio del 2022, toda la información de la publicidad de la institución.
Ese asunto lo había citado la exministra Navarro ante los diputados, cuando dijo que el presidente Chaves la presionaba todos los martes para obtener, de todas las instituciones públicas, la información sobre sus presupuestos de pauta estatal.
Solano lo confirmó: “Era algo que urgía; literalmente, casi nos dicen ‘o lo hacen o lo hacen’, desde Casa Presidencial”.
La legisladora Vanessa Castro manifestó, entre sus conclusiones, que la Presidencia de la República fue parte de la presión en un esquema en el que se impuso el miedo sobre funcionarios que tenían la posibilidad legal de rechazar una orden si esta era contraria a la ley y a los intereses de la institución y las personas.
Directivos de JPS también temían ser despedidos
Solano citó, bajo juramento, que varios miembros de la Junta Directiva, entre ellos una directora de apellido Chaves, también temían ser destituidos si no contrataban al Sinart.
Ante una pregunta del diputado Danny Vargas, de Liberación Nacional (PLN), la exfuncionaria criticó la presión: “Es importante que se defienda una institución como la JPS, que se dedica más que ninguna otra al tema de personas en estado de vulnerabilidad; que la Junta Directiva no sea solo resorte de parte de este tipo de injerencias por parte del Poder Ejecutivo, debería ser conformado por otro tipo de miembros”.
La exgerenta añadió que también recibió presiones de Allan Trigueros, quien presidió el Sinart de mayo de 2022 a febrero de 2023. “El señor estaba presionando con que tenían todos los formatos para el plan de medios”, dijo.
En ese sentido, mencionó que Trigueros tenía urgencia por que el contrato se sellara antes de que entrara a regir la nueva Ley de Contratación Pública, el 1.º de diciembre, la cual bajó de un 50% a un 30% el porcentaje de subcontrataciones que puede hacer un proveedor en un contrato con el Estado.
Según había revelado Mariana Fernández, exdirectora jurídica del Sinart, Allan Trigueros le dio la orden directa de contratar a la empresa Nocaut, del empresario Christian Bulgarelli, como subcontratista para cumplir con los contratos de manejo de pauta estatal en la parte audiovisual.
Bulgarelli fue señalado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, como “asesor de comunicación del presidente” Chaves. Además, ejecutó un contrato de $300.000 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial con fondos del Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la exministra Patricia Navarro, Bulgarelli participó en la elaboración de los términos de ese contrato, antes de que saliera a concurso, con ayuda del asesor presidencial Federico Cruz, presidente del partido político Aquí Costa Rica Manda.
“Él (Trigueros) también estaba preocupado porque parecía que el señor presidente de la República requería que esas contrataciones se dieran en tiempo y forma, sobre todo porque la subcontratación de esa agencia, con la nueva ley, iba a ser rebajada al 30%, antes era hasta con un 50%. Era evidente que esa agencia podía hacer esas subcontrataciones”, dijo la exgerente de la JPS.
Esmeralda Britton también le envió un oficio
La exgerenta relató haber recibido un oficio de Esmeralda Britton en el que le exigieron cuentas porque, en un principio, la JPS solo concedió al Sinart el manejo de la pauta social, no la comercial.
Posteriormente, la JPS incluyó la pauta comercial, lo que implicaba un contrato de ¢2.300 millones. Sin embargo, este será declarado infructuoso porque el Sinart no logró aprobación de la Contraloría General de la República para ejecutar un presupuesto extraordinario.
La diputada de Gobierno, Ada Acuña, dijo que no estaba de acuerdo con que la exgerenta hubiese sido convocada a declarar este miércoles, en vista de que recientemente había sido sometida a una cirugía. No obstante, Vanessa Castro señaló que la propia Solano pidió comparecer lo más pronto posible.
