![05/09/2024 Fiscalía General, Señor Luis Amador y su abogado Sr Gerardo Huertas. Fotografía Marvin Caravaca.](https://www.nacion.com/resizer/v2/NWKCAJWROVGAJDLXJSI4NYP2SM.jpg?smart=true&auth=46f3b52f89d045d7089ae4ce0b0997b37e8d3e2e31071faad9e5e610dc6c0653&width=4256&height=2832)
El enfrentamiento entre el exministro Luis Amador Jiménez y el presidente Rodrigo Chaves Robles escaló al extremo de que Amador sugirió “torear” al mandatario para declararlo “mentalmente inestable” y así lograr que la Asamblea Legislativa lo remueva del cargo.
Amador también previó que el gobernante está dispuesto a usar “recursos” para tratar de bloquear una eventual candidatura presidencial suya en las elecciones de febrero del 2026.
Así se desprende de cuatro audios divulgados por la televisora Trivisión, los cuales revelan la profundidad del enfrentamiento entre el presidente de la República y su exministro de Obras Públicas y Transportes.
Las grabaciones son extractos de conversaciones entre Amador y colaboradores de su proyecto político, cuyos nombres no han sido revelados.
En una de las grabaciones, Amador conversa con un hombre y una mujer. Los tres discuten cómo “traerse abajo la popularidad” del presidente y sobre planes del mandatario para cambiar la Constitución Política, con el fin de habilitar la reelección.
La mujer pregunta sobre un plan “de prender el referéndum para traernos abajo esta popularidad que tiene el presidente, con lo de enviar la propuesta nosotros primero”. Posteriormente, vuelve a intervenir para señalar: “No deberíamos darle mucho chance, entre más esté el jaguar y el referéndum, más alta está su imagen”.
Al respecto, Amador dijo: “Ahorita, tengo otra más que se las voy a sugerir, pero tengo que buscar otro canal, pero hay que manejarla con mucho cuidado”. Seguidamente, argumenta que, de acuerdo con la Constitución Política, la Asamblea Legislativa puede remover a un presidente “que mentalmente es inestable”.
“Entonces, la Asamblea podría, por lo menos, torear, o habría que ver quién, mandándole una valoración o algo por el estilo, y tratar de joderlo con base a la rotación de personal, y las decisiones y los calentonazos; podrían mandar a ver si es bipolar, pero bueno, eso ya son cosas laterales; en realidad, nos estamos desenfocando un momento de la estrategia”, afirma.
El inciso 8 del artículo 121 de la Carta Magna establece, como una de las atribuciones del Congreso, el “resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo”.
Asimismo, en el audio, el exministro manifestó la necesidad de “ver lo del referéndum para frenar que él no haga reelección”. No obstante, dice: “Los abogados que he consultado me han dicho que no le da tiempo a hacer la reelección, se ocupa dos legislaturas y eso sería algo que se decidiría en el nuevo gobierno”.
Hasta ahora, la convocatoria que el Poder Ejecutivo ha planteado sobre referéndum tiene que ver con la llamada “ley jaguar”, para eliminar las potestades de control de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los fondos públicos.
La Nación envió consultas a Amador sobre las manifestaciones consignadas en los audios, pero no contestó los mensajes de texto que se le remitieron ni atendió las llamadas que se hicieron a dos de sus números telefónicos. Este medio llamó también a su periodista, Alicia Barahona, pero ella remitió el asunto con el abogado del político, Gerardo Huertas.
Cuando una periodista de La Nación planteó a Huertas que necesitaba conversar sobre los audios, este respondió que no se podía referir a la autenticidad o legitimidad de las grabaciones, porque desconocía la procedencia de las mismas, el contexto en el que se hicieron, si están manipulados, quién los obtuvo y cómo.
El abogado alegó que, provengan de quien provengan, “una conversación en el contexto privado que sea difundida, es delito de propagación o de divulgación de comunicaciones, dependiendo de cómo se realice”.
Amador alegó que audio estaba fuera de contexto
Todas las grabaciones fueron compartidas la tarde del jueves por Trivisión en el espacio Nuestro Programa. Sin embargo, horas antes, un periodista de dicho medio de comunicación confrontó a Amador con uno de los audios y se lo reprodujo durante una rueda de prensa a las afueras de la Fiscalía General. Allí, el exjerarca había asistido a declarar sobre un contrato adjudicado a Constructora MECO, el cual le costó el puesto en marzo pasado, pues Chaves afirmó que fue hecho a la medida de esa empresa.
En el extracto que le reprodujo el representante de Trivisión, se escucha una conversación en la que el exjerarca compara su incorporación al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con “tragar amargo chocolate”.
En el audio, una persona le dice: “Por eso yo pregunté, ¿usted quiere ser presidente? Para ser presidente, hay que tragar amargo muchas veces, el arte de la negociación en la política”. El exministro contestó: “Prefiero tragar amargo chocolate de la Unidad, o chocolate de canal 7 y la Toyota, que en realidad ni me va ni me viene que sigan haciendo negocios en el país”.
Tras escuchar las manifestaciones, Amador se limitó a decir que esas afirmaciones estaban fuera de contexto y agregó: “Pero lo que yo le puedo decir es que yo no voy a venir a pelear con nadie; uno va a venir a generar el clima de negocios para que los empresarios puedan trabajar y generar empleo que es lo que la gente quiere. Sentarse a pelear con todo el mundo no sirve, realmente”.
![08/02/2023, San Jos'e, Oficinas Centrales del INS, Conferencia de prensa con el Presidente Rodrigo Chaves, para hablar de los acuerdos conseguidos en el consejo de Gobierno. En la fotografia Luis Amador ministro de Transportes.](https://www.nacion.com/resizer/v2/NKYG2KYNHNFZ7E5FU2S7QMTJYI.jpg?smart=true&auth=bd65cb0c5b92911237d555f650d59a7277971fd05a998e4cf8ad6efeac13cb1e&width=1472&height=828)
Afiliación al PUSC se hizo para desviar el foco
Otro de los extractos da cuenta de una conversación entre un hombre y Amador. En esta, el exministro dice que su afiliación al PUSC se hizo para desviar el foco de atención sobre un eventual partido político nuevo, con el fin de evitar que el mandatario lo “bombardeara” o frenara su inscripción.
-Hombre: “Ah bueno, ok, es que ese rumor tuyo ahí en el PUSC ya anda en corrillos y quería saber cómo está realmente el tema, porque yo sé que vos te estás cuidando mucho, lo más importante aquí es no dar un paso en falso”.
-Luis Amador: Sí, correcto, pero necesitamos el foco, bueno no sé, lo que sentí es que necesitábamos quitarle el foco de atención a la generación del partido un poco porque el presidente está esperando a ver cuál es el partido para empezar a tratar de bombardearlo con recursos o ver cómo hace para que no se pueda inscribir”.
El 27 de agosto, Amador responsabilizó a un grupo de 30 asambleístas del PUSC de cerrarle la puerta a su intención de convertirse en candidato presidencial de la agrupación para las elecciones del 2026. Los militantes se opusieron a variar el estatuto del partido que exige cuatro años de militancia para inscribirse como candidato, requisito que no cumple el exministro.
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El ingeniero civil fue destituido el 12 de marzo por Rodrigo Chaves, quien afirmó que el contrato de la pista de Liberia habría sido diseñado a la medida de MECO y significó un sobreprecio de ¢1.000 millones.
Antes de entrar a declarar ante la Fiscalía, este jueves 5 de setiembre, el exministro afirmó que el presidente conocía los pormenores del contrato y que aprovechó este caso para removerlo del cargo. “El presidente estaba consciente de lo que estaba sucediendo desde hace tiempo. La destitución no fue una sorpresa ni una decisión repentina; fue una forma de apartarme de su administración”, expresó.
Antes de la destitución, Chaves evidenciaba fuerte cercanía con Amador, a quien veía como su “ministro más popular”. De hecho, acuerpó públicamente sus decisiones. La más controversial fue el otorgamiento a la empresa Dekra de la revisión técnica vehicular.
Aunque la Comisión Evaluadora de las ofertas colocó a la firma sueca Opus Group AB en primer lugar, y a Dekra en segundo, el MOPT alegó que la figura del Permiso de Uso en Precario que se aplicó para otorgar el contrato “es una decisión institucional y su otorgamiento es discrecional”. Eso, pese a que se trata de un negocio que implicaría al menos ¢24.000 millones en los dos años de permiso.