EscucharEl auditor interno de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ólger Sánchez, advirtió a la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, de que la deuda del Estado con la entidad aumentó un 21% en un año, entre agosto del 2022 y agosto del 2023, por lo que instó a agilizar la firma de un acuerdo de pago con el Ministerio de Hacienda.
Con base en información de la Dirección Financiero Contable de la CCSS, el auditor señaló que la deuda pasó de ¢2,76 billones a ¢3,3 billones con crecimientos en todos los rubros, desde los correspondientes a cuotas estatales a las pensiones hasta los más refutados por Hacienda, como el correspondiente a la atención en salud de poblaciones no aseguradas.
El Gobierno rechaza que la deuda sea de esa magnitud.
En el oficio AS-AFINPE-0099-2023, el funcionario informó a Esquivel de que existe una tendencia creciente en la mora del Estado con la CCSS, mientras que el porcentaje de deuda negociada representa menos del 1% del monto total estimado por la Caja.
En términos nominales, el principal crecimiento se registró en los montos pendientes por concepto de cuotas estatales al seguro de Salud y las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En segundo lugar, aparece lo correspondiente a las atenciones en salud fijadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia; y en el tercer puesto se ubica lo referente al aseguramiento por el Estado.
Registros de deuda evaluados en marzo del 2022
En criterio del auditor, es posible para la CCSS lograr una conciliación sobre la deuda de Hacienda, puesto que existe un informe que ambas instituciones suscribieron en marzo del 2022 y que contiene un total de 227.842.814 registros, correspondientes al periodo 2015-2018, sobre los cuales solo un 10,69% fue cuestionado por el Poder Ejecutivo.
Se trata del oficio DM-0372-2022, que fue firmado por el presidente ejecutivo de la CCSS de aquel momento, Román Macaya, y el ministro de Hacienda de la administración pasada, Elián Villegas.
Según Sánchez, la actual presidenta ejecutiva remitió el informe al actual jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, desde el pasado 23 de agosto.
De acuerdo con el auditor, la mayoría de las discrepancias en los datos ya fue aclarada a partir de un respaldo normativo y técnico, “motivos por los cuales existe una seguridad razonable sobre prácticamente la totalidad de la deuda, por lo cual no se debería postergar el establecimiento de las condiciones para el pago de las obligaciones del Estado con la CCSS”.
Añadió que es necesario contar con dicho acuerdo, para contribuir a la sostenibilidad de los servicios de salud, así como para el pago de las pensiones presentes y futuras.
Negociación depende de revisión exhaustiva
Hacienda y la CCSS se encuentran en un proceso de negociación, sin embargo, la firma de un eventual convenio dependerá del análisis exhaustivo que realice el Gobierno, para determinar la veracidad de los servicios que se están cobrando, según adelantó el ministro Acosta el pasado 18 de octubre.
Para Acosta, es necesario hacer esta revisión de la información porque, en su criterio, los 180 programas informáticos con los que cuenta la CCSS “no dan datos fidedignos”.
“Si una persona dice que recibió una cesárea y resulta que es de sexo masculino, creo que no debería pagarle”, mencionó a modo de ejemplo.
El ministro ha indicado que las conversaciones se centran en el periodo 2015-2018, lo que sería consecuente con el informe que ya trabajaron ambas instancias previamente y que fue señalado por el auditor.
En este proceso de negociación, la CCSS ha solicitado a Hacienda priorizar el pago de las cuotas estatales al IVM, con el fin de solventar la insuficiencia de recursos para pagar las pensiones.
La deuda por el pago de las cuotas estatales al IVM es un monto significativamente menor que la cuenta global de los ¢3,3 billones, por lo que sería más viable alcanzar un acuerdo, en el corto plazo.
Según estimaciones del subdirector de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, la morosidad correspondiente al IVM, se estima que cerraría en ¢600.000 millones, al finalizar el 2023, la cual obedece al pago parcial de las cuotas estatales que el Gobierno está obligado a hacer para ayudar sufragar las pensiones de los asegurados asalariados, independientes y voluntarios.
