Idriabel Madriz Mora, auditora interna de la Municipalidad de Osa, aseguró este jueves que desde hace más de 12 años sospecha de la existencia de actos de corrupción mediante el pago de obras a proveedores que nunca las hicieron. Las irregularidades, dijo, también se habrían dado con proyectos inconclusos que fueron pagados por completo.
Así lo afirmó ante los diputados de la comisión especial que investiga anomalías en obras viales, denunciadas en los casos Cochinilla y Diamante. Según ella, una de las empresas involucradas en esos casos, la constructora MECO, ha concentrado en los últimos años las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Osa por al menos ¢2.635 millones.
Esta tendencia, dijo, la llevó a realizar una investigación cuyos hallazgos denunció en octubre pasado ante el Ministerio Público, al determinar distintos tipos de faltas. No obstante, Madriz se negó reiteradamente a dar detalle de esos descubrimientos por temor a entorpecer la pesquisa de la Fiscalía.
La funcionaria relató que empezó a indagar el caso de MECO luego de recibir al menos 10 denuncias sobre presuntas irregularidades en los trabajos otorgados a esa empresa y en relación con el crecimiento de contratos que recibió en los últimos años.
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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ha señalado a Alberto Cole, alcalde de Osa, y a los jerarcas municipales de otros cinco cantones, como sospechosos de favorecer a la empresa MECO en licitaciones para obras públicas a cambio de dádivas u otras retribuciones.
En su caso, Madriz Mora expresó a los diputados que desde el 2010, cuando asumió el puesto de auditora, ha visto anomalías en las contrataciones, las que calificó como corrupción.
“Es un problema recurrente por corrupción. En este caso, la Auditoría presume que es así, pero es el Ministerio Público el que debe investigar; pero esa sí es nuestra presunción. También tenemos una presunción de crecimiento financiero entre los propios funcionarios municipales implicados en este caso”, declaró.
José María Villalta, diputado de Frente Amplio, le consultó si podría brindar algún ejemplo. Ella citó un caso sin vínculo con las denuncias que envió en octubre a la Fiscalía. Ocurrió en el año 2010 y se trató de un bulevar que nunca se hizo.
“Esa vez, se paga la obra pero no se hace. Tal vez esto se deba a una concentración de poder de los alcaldes. En el 2010, ese dinero se giró pero la obra no se ha recibido porque nunca se ejecutó; ahí solo se giró el dinero y nunca se hizo el debido proceso para recuperarlo”, declaró sin precisar el monto entonces cancelado.
Villalta también le preguntó si ese patrón se ha repetido en años recientes. La auditora respondió afirmativamente, pero insistió en que no podía brindar detalles. De todos modos, declaró, su presunción es que el alcalde impone su criterio en las contrataciones “y maneja la Municipalidad a su antojo”.
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Personal con miedo
Para la auditora, también hay sospechas de corrupción con la participación de otros trabajadores municipales, pero recalcó que en ocasiones el alcalde Cole más bien ha impuesto su criterio al margen de recomendaciones de otros funcionarios quienes evitan confrontarlo por miedo.
“Es preocupante. Los funcionarios municipales están, en algunos casos, atemorizados; el alcalde es quien administra la Municipalidad por ser quien nombra en los puestos y por su poder para remover a quien sea. Por eso hay gente que ha manifestado temor”, aseveró.
Jessenia Salas Jiménez, proveedora de ese gobierno local, ratificó a la comisión que hay miedo entre el personal. Según ella, siempre ha brindado a Cole y al Concejo Municipal su criterio técnico en las adjudicaciones de las obras y lo ha mantenido incluso cuando no se tomó en cuenta.
“Si él ha decidido hacer algo diferente, es cosa de él. No ocurre siempre pero esto sí ha ocurrido, que se aparta de nuestro criterio”, manifestó Salas.