EscucharLa Auditoría Interna del Banco Popular (BP) denunció el12 de junio que dicha entidad está perdiendo clientes, tiene resultados financieros sustentados en condiciones no sostenibles, reporta una alta rotación de personal clave, afronta un alto rezago digital, y que la mayoría de sus oficinas operan con déficit.
El Banco rechazó las afirmaciones al señalar que el documento se fundamenta en información omisa, incorrecta y descontextualizada. La administración sostuvo que, más bien, ha incrementado su cartera de crédito y su participación en el mercado en los últimos años.
Manuel Antonio González, auditor general del BP, y Maurilio Aguilar Rojas, director general de Riesgo, enviaron un informe a la Contraloría General de la República (CGR) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Los funcionarios pidieron a la CGR y la Sugef realizar “una valoración profunda, para dimensionar apropiadamente las consecuencias de este crítico escenario y que, conforme a sus competencias, gestione las acciones que permitan mitigarlo, para evitar efectos severos sobre la colectividad”.
En el documento de 32 páginas, González y Aguilar exponen que las utilidades acumuladas del primer cuatrimestre del 2023 fueron estimadas en ¢7.308 millones, pero, agregan, por “factores que no corresponden directamente con el negocio bancario”.
El informe añade que, de no ser por esos elementos “no recurrentes”, el banco habría tenido una pérdida de ¢10.449 millones en los primeros cuatro meses.
Entre esos factores menciona ¢1.930 millones por venta de inversiones y una reversión contable de ¢2.314 millones del registro de fondos para el Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme). Además, cita que otros ¢8.018 millones también corresponden a recursos reclasificados debido disposiciones de la Sugef sobre la calificación de riesgo de operaciones.
En las carteras de crédito para vivienda y micro, pequeña y mediana empresa, el BP registró una disminución de ¢336.115 millones (un -7,8%) entre diciembre del 2020 y febrero del 2023, “a pesar de que por ley recibe anualmente ¢180.000 millones por concepto de ahorro obligatorio y aporte patronal”, dice el documento.
El informe cita que, en el 2022, la cartera de crédito se redujo en ¢10.244 millones.
Asimismo, el auditor y el director de Riesgo apuntan deficiencias en el funcionamiento del BP como, por ejemplo, la falta de atestados y la fragmentación entre las personas que integran la Junta Directiva.
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También cuestionan la desintegración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras que, a su vez, provocó que todos los integrantes de la Junta Directiva fueran nombrados por el Poder Ejecutivo, lo cual, desde su punto de vista “propicia la intromisión de criterios políticos en las decisiones que se toman”.
Sobre la inestabilidad del equipo gerencial del banco, el informe dice que, en los últimos cinco años, ha tenido seis gerentes generales, cinco subgerentes de Negocios, cinco subgerentes de Operaciones, siete directores de Banca de Personas y seis directores de Banca Empresarial.
“Dados los riesgos eminentes de esta situación y los impactos que su materialización implicaría, no solo para la sobrevivencia del Banco Popular, sino para la estabilidad del sistema financiero nacional, es que acudimos ante ustedes para que se realice una valoración profunda”, solicitaron ambos funcionarios.
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En su penúltima página, el informe de auditoría resume en 13 puntos la situación del BP. Detalla que “a pesar de contar con recursos parafiscales y aportes directos y permanentes al capital, el Banco Popular”:
- Pierde participación de mercado.
- Tiene un bajo apalancamiento.
- Un bajo retorno sobre el capital.
- Pérdida de clientes.
- Resultados financieros sustentados en condiciones no sostenibles y reversión de provisiones y ganancias de capital.
- Un alto rezago digital.
- Bajos niveles de eficiencia.
- Alta rotación de personal clave.
- Alta dependencia del margen financiero.
- Baja generación de ingresos por servicios.
- Estructura de captación de alto costo y de mayor volatilidad, alta concentración en depósitos a plazo.
- Baja calificación de los clientes.
- Mayoría de sus oficinas comerciales con resultados deficitarios.
“Una gestión con un alto sesgo en el corto plazo –como la que está caracterizando hoy al Banco Popular– y marcadas fisuras en el Gobierno Corporativo compromete la sostenibilidad de la institución, más si la coyuntura económica ha permitido lanzar una ‘cortina de humo’ favoreciendo resultados financieros que no son sustentados en una transformación profunda de la organización”, advierten González y Aguilar al cierre del informe.
Respuesta del Banco Popular
La Nación solicitó a la Oficina de Comunicación del Banco Popular el criterio de la administración sobre los hallazgos reportados por González y Aguilar.
La institución comunicó que lamenta “la tonalidad y las intenciones desconocidas a la fecha que pudiesen estar detrás de la emisión del informe de Auditoría Interna”.
“No compartimos y rechazamos un escrito que, como se evidencia por parte del Banco con datos sustentados técnicamente y oficiales, contiene una cantidad importante de información omisa, parcial o incorrecta y que lamentablemente pudiese generar una innecesaria inquietud en algunos clientes”, agregó la entidad.
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El BP aseguró que, del año 2020 a mayo del 2023, tuvo un crecimiento en su cartera de crédito del 8,92%, el cual fue superior al crecimiento obtenido por el Sistema Financiero Nacional en su conjunto, que en ese mismo lapso fue de 5,90%.
Además, citó que su participación de mercado aumentó de 11,37% en diciembre del 2020 a 11,69% en mayo del 2023.
La institución financiera admitió que perdió 4.910 clientes de crédito entre diciembre del 2020 y diciembre del 2022 (una pérdida del 2% de la cartera). Sin embargo, justificó que desde el año 2020, la Sugef percibió una contracción del mercado de crédito, el cual perdió 67.601 clientes.
Según detalló el banco, esta disminución responde a la aplicación de la Ley de Usura y a que los años 2020 y 2021 se vieron impactados por la pandemia de la covid-19. Por lo tanto, argumentó que la Auditoría Interna omite esas condiciones en el mercado.
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Respecto a las “condiciones no sostenibles” de los resultados financieros, el Banco Popular aseguró que los argumentos de la Auditoría Interna están alejados de la realidad.
“(El informe) sugiere que los resultados del banco se sustentan en ganancias de capital, utilidades de las sociedades anónimas y reversión de provisiones, señalándolos además como coyunturales, siendo esto completamente alejado de la realidad. Dichas gestiones fueron resultado de una activa y diligente gestión financiera que consideró la coyuntura del entorno y las necesidades del banco para mantener su estabilidad financiera”, respondió la entidad.
El BP también refutó que tenga una baja generación de ingresos por servicios. Explicó que la institución históricamente ha tratado de no cobrar comisiones a sus clientes por todos los servicios que brinda, lo cual se ve reflejado en un menor nivel de ingresos por servicios en comparación con otros entes financieros.
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Finalmente, el Popular admitió que, por la metodología de contabilidad de costos, algunas oficinas comerciales son deficitarias. Sin embargo, argumentó que el déficit no se da por la utilidad operativa de las sedes, sino que ocurre luego cuando se cargan los costos operativos de las áreas administrativas y de soporte.
“El Banco Popular, como un banco diferente, de alto compromiso social y cuyo objetivo primordial no es la generación de utilidades, se ubica en lugares que requieren de la presencia de una institución financiera, de lo contrario la bancarización y desarrollo económico de esas comunidades se vería muy afectado”, concluyó la institución.
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