Diputados, alcaldes y autoridades políticas partidarias exigieron al Gobierno de la República tomar acciones para atender la emergencia por contaminación del agua potable con hidrocarburos, que afecta a 107.000 vecinos de Goicoechea, Moravia y Tibás desde hace seis días.
Aunque el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirmó la contaminación el jueves 25 de enero, desde el lunes había reportes de agua con olor a combustible. Las autoridades todavía no tienen respuesta sobre cuál sustancia o sustancias están presentes, ni qué ocasionó que llegaran a las fuentes que alimentan la planta potabilizadora de Ipís, en Guadalupe.
Al respecto, la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que es urgente que se atienda esta situación, por lo que instó al AyA y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a que realicen las acciones necesarias para solucionar la emergencia.
“El agua es un derecho humano muy ligado a la dignidad de la persona. No se concibe que el agua se haya contaminado en varios cantones urbanos y que no tengamos una respuesta efectiva de AyA y el MOPT. Hago un llamado vehemente a las autoridades para que tomen el asunto con seriedad y den una solución efectiva. Son muchos días los que llevamos en esto; no podemos poner más en riesgo la salud de los vecinos”, declaró Castro.
Hasta el viernes 26 de enero, los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportaron seis personas atendidas por consumo de agua contaminada: una en la Clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás, y cinco en el Área de Salud de Moravia.
La legisladora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Luz Mary Alpízar se sumó a llamado de atención al AyA, incluyendo la necesidad de mejorar la logística de distribución de agua potable en cisternas.
“Me están informando los vecinos que, cuando llega la cisterna, no se está considerando que las personas trabajan. Entonces, pasan y ellos no pueden recoger agua. Hay mucha población con adulto mayor en esas comunidades; es necesario ver que se haga una distribución equitativa”, declaró la congresista durante una sesión del plenario el pasado 25 de enero.
Alpízar aseguró que personas afectadas le externaron que no tenían la capacidad económica para comprar agua potable, necesaria no solo para consumo humano, sino también para preparación de alimentos y aseo personal.
El frenteamplista Ariel Robles criticó la forma de actuar de la ministra de Salud, Mary Munive, y exigió que se investigue quiénes son los responsables de la contaminación del recurso hídrico. Asimismo, demandó que se establezcan consecuencias para los implicados.
También se pronunció el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, quien pidió al presidente Rodrigo Chaves ponerse al frente de esta crisis sanitaria.
“Ni la ministra de Salud, ni el presidente ejecutivo del AyA han sido capaces de asegurar a tiempo la salud de los vecinos. Le solicitamos al presidente responsabilidad, altitud de miras, que se concentre en estos problemas que afectan a los costarricenses. Que lidere las crisis, las solucione y establezca la responsabilidad de los funcionarios que no han sabido cumplir con su deber. El acceso al agua potable es un derecho fundamental”, declaró Guillén.
Por el momento, se mantienen las recomendaciones a los vecinos para que no utilicen el líquido que llega a sus casas. Se sabe que el agente contaminante no es gasolina ni diésel, y se considera que podría ser algún tipo de lubricante o aceite.
No obstante, existen más de 250 hidrocarburos diferentes, y el que está presente en el agua podría ser una combinación de varios o, incluso, tener aditivos que dificulten su identificación.
El pasado miércoles externaron su molestia Roberto Zoch, alcalde de Moravia, y sus similares de Tibás, David Meléndez, y Goicoechea, Irene Campos.
Cansados ante la falta de respuestas claras y oportunas, los alcaldes de esos cantones josefinos enviaron una carta al presidente ejecutivo del AyA, Alejandro Guillén Guardia, para pedir una reunión presencial urgente y ver de qué forma se les dará a los vecinos las soluciones y garantías de que el agua que consumen es potable.
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