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Los diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso dictaminaron afirmativamente, este miércoles, un proyecto de ley que impondría fuertes penas por robo, importación, traslado y distribución ilegal de combustibles.
El expediente legislativo 21.447 recibió el apoyo unánime de los ocho legisladores presentes al momento de la votación.
Dicha iniciativa, presentada por el diputado oficialista y ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, plantea una pena de prisión hasta de 15 años para quien robe hidrocarburos.
La sanción se agravaría en un tercio si el robo pone en peligro la salud o la vida de alguna persona, si fuese para narcotráfico o implique a algún funcionario público en la actividad ilícita.
La propuesta intenta paliar una actividad que ni la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) ni las autoridades policiales han podido detener.
Sanciones por manipulación ilegal de combustibles
Específicamente, el proyecto plantea las siguientes sanciones:
-Daño al Sistema Nacional de Combustibles: de seis meses a cuatro años de prisión.
-Derrame por daño al Sistema Nacional de Combustibles: de cuatro a seis años de prisión.
-Robo de combustibles, hidrocarburos o de mezcla de hidrocarburos: de cinco a 15 años de prisión.
-Transporte y distribución ilegal de combustibles: de uno a cuatro años de prisión.
-Importación ilegal de combustibles e hidrocarburos: de tres a cinco años de prisión.
-Apoderamiento, alteración o manipulación ilegítima de marcadores de hidrocarburos: de uno a tres años de prisión.
-Apoderamiento, alteración o manipulación ilegítima de sistemas e instrumentos de control: de tres a ocho años de prisión.
-Receptación de combustibles obtenidos de forma ilegal: de uno a cinco años de prisión.
-Favorecimiento ilegal: se impone de dos a cinco años de prisión para quien destine, autorice, tolere o facilite bienes muebles o inmuebles para la sustracción, apoderamiento, adquisición, almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización de combustible obtenido ilegalmente.
-Disposición ilegal: de tres a cinco años de prisión para quien compre, venda, distribuya o comercialice combustible exonerado para uso pesquero a personas no beneficiadas legalmente por esa exoneración. La pena aumentará un tercio si se vende para narcotráfico o piratería.
-Todas las sanciones establecidas en el proyecto se aumentarán un tercio si en cada una de esas actividades delictivas hay peligro para la salud o vida de personas, si se produce daño ambiental, o bien si interviene un funcionario público; igualmente cuando su autor o uno de los participantes integre un grupo de delincuencia organizada.
‘Alarmante incremento de robo de combustibles’
Paola Vega, presidenta de la Comisión de Ambiente, alegó este miércoles que la iniciativa es necesaria por el “alarmante incremento de sustracciones e importación ilegal” de combustible en los últimos años.
“Estos problemas ponen en riesgo la vida y la salud de las personas, daños ambientales y disminución de los recursos fiscales para el Estado. Recope registra pérdidas millonarias por robo de combustibles y daños graves en su infraestructura”, afirmó Vega.
De acuerdo con las autoridades, al menos 10 organizaciones delictivas se dedican al robo de combustibles de poliducto del Recope, actividad que en el 2018 generó pérdidas al Estado por ¢1.152 millones.
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La diputada Vega añadió que, actualmente, no hay un ordenamiento jurídico que combata de una manera específica esas actividades ilegales.
En ese sentido, aseveró que el plan declara de interés público del Sistema Nacional de Combustibles, para brindar mayor seguridad a la infraestructura los 542 kilómetros del poliducto.
Por su parte, la liberacionista Paola Valladares destacó que el plan permitiría sancionar todas las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles y lo mismo que para la importación ilegal.
“Aquí lo que se ataca, sobre todo, es el peligro a la salud que conlleva esto, por los derrames, y el daño ambiental que genera esta mafia de trasiego de combustible".
“Hicimos audiencias con el Poder Judicial y Recope, trabajamos con técnicos para que las penas fuesen acordes con los delitos”, destacó la verdiblanca.
Valladares agregó que había otra iniciativa similar, en la Comisión legislativa de Narcotráfico y Seguridad, pero finalmente se tomó la decisión de integrar los textos en una sola versión.
