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La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente, este martes, el proyecto de ley que permitirá limitar las comisiones por uso de datáfonos en el país, con el objetivo de reducir el impacto de estos cobros sobre los usuarios.
La iniciativa asigna al Banco Central de Costa Rica (BCCR) la potestad de fijar, por vía de reglamento, las tasas que los comercios deben pagar a los bancos por cada venta que concreten mediante tarjeta de débito o crédito.
Se trata de las comisiones de adquirencia e intercambio.
La de adquirencia cubre los costos operativos y de transacción electrónica, o sea, la posibilidad de conectarse a la red electrónica de medios de pagos. La de intercambio es el porcentaje que reciben los emisores de tarjetas por cada venta.
La iniciativa contó con el voto favorable de seis diputados, mientras que uno de ellos votó en contra de la iniciativa.
Los votos afirmativos fueron de Roberto Thompson y Daniel Ulate, del Partido Liberación Nacional (PLN); Luis Ramón Carranza y Paola Vega, de Acción Ciudadana (PAC), así como Pablo Abarca y Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
El voto negativo estuvo en manos del independiente Erick Rodríguez Steller.
Aparte de asignarle al Banco Central la potestad de definir las tasas por uso de datáfonos, la iniciativa legal establece las sanciones para quien incumpla la ley.
Específicamente, fija multas de hasta 100 salarios base (¢44,6 millones) por incumplimientos muy graves a dicha legislación, tales como la entrega de datos falsos sobre el cobro de comisiones por uso de tarjetas, o la resistencia notoria, habitual o con excusas falsas a entregar información al BCCR.
En el caso de que se incumplan los topes máximos de comisiones que fija el Banco Central, el proveedor de servicios deberá pagar una multa equivalente al cobro excesivo que haya realizado, pero nunca menor a 200 salarios base (¢89,2 millones), así como la devolución a los afiliados de las sumas cobradas en exceso.
La iniciativa legal establece que haya un registro público de los proveedores que hayan sido sancionados por infracciones a la ley sobre tope máximo a comisiones.
Rodríguez Steller adujo que está en contra de la regulación de una actividad comercial porque eso causaría que muchas de las pequeñas y medianas empresas se queden sin el chance de tener datáfonos.
El independiente alegó que la iniciativa es populista y que las iniciativas que promuevan los diputados deben ser realistas y de acuerdo a los problemas que enfrenta la gente.
El oficialista Welmer Ramos, proponente de la iniciativa legal, apuntó que hay muchas estructuras de competencia que no son de una competencia perfecta, sino que es un tagarote con mayor poder de mercado quien define cuánto se paga por las cosas.
Adujo que, sin importar el partido, en el país se han definido mecanismos a favor del pueblo para regular esos mercados.
A diferencia del criterio de Rodríguez Steller, el presidente de Económicos, Roberto Thompson, manifestó que los diputados tienen la obligación de garantizar un mínimo de regulación en asuntos que han estado por la libre durante muchos años.
“Nos hemos dado cuenta de que en esto no había ninguna regulación, solo un convenio firmando entre bancos en los 90 y estábamos en deuda con el país”, dijo Thompson.
El verdiblanco citó números de la Cámara de Comercio, según los cuales se transan por vía de datáfonos cerca de ¢6,8 billones al año, de los cuales ¢238.000 millones corresponden a comisiones.
“Esa deuda histórica que teníamos para establecer un mínimo de regulación se asume con responsabilidad. No es un tema ideológico, sino de hacer un marco regulatorio que hacía falta en el país”, indicó.
Thompson destacó que se le introdujo al proyecto una cantidad de sugerencias importantes hechas por el Banco Central.
