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La Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso dictaminó positivamente, este jueves, el proyecto para reformar el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
El texto pretende que el INA cuente con mayor flexibilidad para licitaciones, contrataciones y salarios de sus empleados. Asimismo, le otorgaría al instituto las funciones de apoyar emprendimientos y mejorar la empleabilidad del país.
En asuntos laborales relacionados con la ley fiscal, el INA acataría las disposiciones del Ministerio de Planificación.
No obstante, “para efectos de creación, supresión y modificación de plazas, nombramiento y desvinculación del personal, así como todo lo referente a la definición de temas salariales aplicables a la institución”, la entidad ya no estaría sujeta a las directrices de la Autoridad Presupuestaria (adscrita al Ministerio de Hacienda) ni a la Ley de la Administración Financiera.
Asimismo, los trabajadores quedarían excluidos del régimen de Servicio Civil.
Esta idea había sido propuesta por las autoridades del INA para poder contratar personal de forma más ágil y crear plazas sin requerir de la aprobación de la Autoridad Presupuestaria.
Según la iniciativa, la estructura salarial estaría a cargo de la Junta Directiva de la institución. De aprobarse la ley, los funcionarios actuales seguirían bajo el régimen vigente, pero podrían trasladarse al nuevo sistema de sueldos si así lo desean.
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El expediente, que reforma parcialmente la Ley Orgánica del INA, agregaría a las atribuciones del Instituto “coadyuvar en la inclusión e inserción laboral, en el autoempleo y en el desarrollo continuo en el empleo de las personas, propiciando la disminución de brechas sociales, de género y mercado laboral (...). Esto, con un enfoque de inclusión social, priorizando la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.”.
Además, le entregaría la facultad de “realizar inteligencia e investigación, para la actualización y pertinencia de la oferta de servicios de la institución, en función de las dinámicas del mercado laboral y necesidades de las personas”.
El proyecto también le otorga a la entidad mayor libertad para sus contrataciones administrativas.
La adquisición de bienes y servicios siempre se regularán según la Ley de Contratación Administrativa, sin embargo, la prestación de servicios de capacitación y formación personal podría ser contratados bajo las reglas del procedimiento de licitación abreviadas, definidas en la misma ley.
La institución también podría crear fundaciones con los objetivos de: constituir empresas didácticas, constituir clústeres productivos e incubar y acelerar emprendimientos.
